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Regulación de medicamentos bioequivalentes e integración vertical de farmacias y laboratorios: Sala avanza en el análisis de la iniciativa

El debate se mantuvo centrado en las nuevas facultades de las instituciones públicas y del incentivo al uso de los medicamentos bioequivalantes. Asimismo se dejaron constancias de algunas dudas de constitucionalidad.

25 de octubre de 2017

La Sala del Senado continuó con la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario, con el objetivo de regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.

 

El objetivo de dicha iniciativa, que tuvo su origen en una moción de los senadores Guido Girardi, Carolina Goic, Manuel José Ossandón, Fulvio Rossi y Andrés Zaldivar, tiene como objetivo fomentar la disposición, disponibilidad e incorporación de medicamentos genéricos en el mercado, los cuales cumplen los mismos criterios terapéuticos, pero a un precio considerablemente más bajo que los medicamentos de marca propia.

 

Durante esta jornada, el debate estuvo centrado en las facultades del Centro Nacional de Abastecimiento (Cenabast), en la promoción de medicamentos genéricos, las competencias del Instituto de Salud Pública (ISP) y también se dejaron explicitadas algunas dudas de constitucionalidad en las normas relativas a las regulaciones que rigen a las farmacias.

 

En el debate participaron los senadores Guido Girardi, Jacqueline Van Rysselberghe, Carolina Goic, Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurica, Manuel José Ossandon, Francisco Chahuán y Lily Pérez San Martín.

 

 

CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

 

Por 15 votos a favor y 3 abstenciones se aprobó dentro de las facultades que modifica el proyecto de ley, que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) podrá registrar medicamentos que no se encuentran en el país por razones de inaccesibilidad y que sean necesarios para las personas.  

 

El senador Girardi explicó que para el funcionamiento de este proyecto es “relevante poder entregarle atribuciones” a dicha institución, puesto que puede haber “distintas razones para que no haya registro de un determinado medicamento necesario en el país”. De igual manera se expresó la parlamentaria Goic quien expuso que “esta es una norma que lo que hace es avanzar en certezas para los consumidores”.

 

Por el contrario, la senadora Van Rysselberghe aseguró que, “en caso de no haber accesibilidad a algún medicamento, sobre todo si es que es por razones económicas”, esto “debiera ponerse en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica” y que la forma en la que se establece en el proyecto “no está suficientemente establecida”.  En la misma línea argumentó su par, el senador Coloma quien afirmó que es necesario usar una “terminología más precisa” puesto que la actual redacción de estas facultades “pueden ser una fuente más de conflicto que de soluciones”.

 

RECETAS MÉDICAS

 

La iniciativa, busca incentivar el uso de medicamentos bioequivalentes y para esto establece que los encargados de entregar las recetas médicas no hagan alusiones a remedios con nombre de fantasías específicos, sino que mediquen el fármaco genérico, de forma que el cliente puede preguntar en las farmacias por estos y sus alternativas.

 

De todas formas, el médico no estará impedido a recomendar algún remedio, lo que sí está obligado en este caso es a recetar el genérico. Esta norma fue aprobada por 19 votos a favor y 5 en contra.

 

Durante su fundamento de voto, el senador Guido Girardi aseguró que esto es algo que solo pasa en países como Chile, Venezuela o Barbados y que aquí a lo que se apela es “a la trasparencia, porque los genéricos no se venden porque las farmacias tienen laboratorios propios y genéricos de marca”.

 

De igual forma argumentó el parlamentario Baldo Prokurica, quien dijo que “hay alguna razón por lo cual se siguen vendiendo aquellos medicamentos que les reportan mayores ingresos a las farmacias”. En la misma línea argumentó por su parte, la congresista Lily Pérez, quien afirmó que “me parece indispensable que los médicos receten con la fórmula que contiene el medicamento y que sea la persona la que decida, me parece que es un paso adelante”.

 

En tanto, la senadora Jacqueline Van Rysselbergue, criticó la medida puesto que “es un error poder cambiar un medicamento sin que esté comprobada su bioequivalencia, entonces es la farmacia la que va a decidir cuál es el mejor medicamento”.

 

El senador Francisco Chahuán concordó con esos argumentos, puesto que según su mirada “en definitiva el paciente termina en manos del vendedor y es complejo, creo que la asimetría de información puede afectar”. De igual forma, el senador Juan Antonio Coloma expresó que “es una tema que debiese quedar bien establecido y se está prestando para todo tipo de interpretaciones”.

 

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón aludió que es una medida que podría ayudar mucho a terminar con los problemas de colusión, pero que es necesario “mejorar la capacidad técnica para que todos los medicamentos que se vendan en Chile sean verdaderamente bioequivalentes”.

 

COMPETENCIAS, ISP Y SEREMÍAS

 

Junto a lo anterior, se establecieron nuevas facultades para el Instituto de Salud Pública y de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las que serán las encargadas del control de los elementos de uso médico y de la fiscalización para el cumplimiento de las disposiciones legales de esta materia.

 

Estas fueron aprobadas por 13 votos a favor y cuatro abstenciones.

 

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe solicitó por su parte que se realizara una votación separada puesto que “nos parece que debiese haber un informe financiero que este proyecto no acompaña”.

 

DUDAS DE CONSTITUCIONALIDAD

 

Por 9 voto contra 4 se declaró inadmisible la norma que apuntaba a que “ninguna farmacia o almacén farmacéutico podrá instalarse o funcionar sin que previamente se le haya otorgado la correspondiente concesión de servicio público. Las condiciones y requisitos de estas concesiones serán objeto de un reglamento dictado por el Ministerio de Salud.”. En contra argumentaron los senadores Van Rysselberghe, Coloma y Chahuán quienes aseveraron que se estaba afectando la propiedad privada; mientras que, a favor expuso el senador Girardi quien señalo “no se está cuestionando la propiedad privada pero el Estado se reserva el derecho de regularlas”.

 

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