“Un Estado un trámite”: duplicidad de certificados, elevados costos, inversión de tiempo ¿esto podría terminar?
En el marco de la modernización del Estado, la Comisión de Gobierno conoció los principales detalles del mensaje que modifica la ley que establece las bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos electrónicos.
1 de septiembre de 2018¿Se ha enfrentado con engorrosos, costosos y demorosos trámites al sacar documentos y/o certificados en administraciones del Estado?, si su respuesta es afirmativa lo invitamos a seguir leyendo, pues esa pérdida de tiempo y dinero podría quedar atrás, de avanzar el mensaje que propone “un Estado un trámite”, proyecto que se levanta en el marco de la modernización del Estado.
El texto legal que modifica la ley que establece bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos electrónicos llegó a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, instancia que escuchó la exposición del Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien entregó detalles de la propuesta del Ejecutivo.
“Aquí estamos introduciendo un cambio fundamental para que el Estado e instituciones puedan ingresar a la modernización asociada al big data, a la inteligencia artificial, con herramientas insospechadas para las administraciones. Esto es parte de la agenda de modernización y que no es otra cosa que poner al Estado al servicio de los ciudadanos”, manifestó el representante de la Segpres.
A juicio de Blumel, si bien el proyecto introduce “pequeños cambios”, éstos generan modernizaciones trascendentales “para que el Estado ingrese al siglo XXI. Esto no es digitalización, es hacer una transformación digital y eso es un cambio de paradigma (…) Un Estado un trámite. Se refuerza el derecho de los interesados a eximirse de presentar multiplicidad de información que ya se encuentren en poder de la administración”
PERO, ¿POR QUÉ ES TAN URGENTE LA MODERNIZACIÓN DIGITAL DEL ESTADO?
Se justifica por el alto valor que conlleva el trámite. Se calcula que el valor del tiempo anual aproximado de los funcionarios dedicados a la gestión documental es de 1.100 MM US$ (miles de millones de dólares).
Además de lo netamente económico hay que considerar que para cumplir los requerimientos de transparencia se necesitan 200 abogados para buscar papeles, considerando que el 90% de las licitaciones públicas se hacen en papel.
Pero eso no es todo, según la propia Segpres existen varias instituciones que toman más del 70% de los días para los trámites en papel.
ENTONCES, ¿CUÁLES SERÍAN LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO?
Busca entregar el marco legal para acelerar la transformación digital del Estado y esto lo resolvería a través del ahorro de tiempo para los usuarios, tanto personas como empresas, además de los propios funcionarios del Estado.
Asimismo se aboca a mejorar los niveles de transparencia del Estado y disminuir los costos de operación de la administración del sector público.
Y EN CONCRETO, ¿QUÉ PASARÍA?
Se administraría de mejor manera la gestión del conocimiento y el Estado, por definición, será digital.
Permitiría solicitudes en línea, seguir tramitación de procedimientos, obtener copias en línea, recibir notificaciones electrónicas por parte del estado. Todo esto con estándares seguros de las plataformas.
Adicionalmente se establecería la integración entre las distintas instituciones, para tener mandato de conseguir todos los certificados o antecedentes, los sistemas “conversarían”. Por último, se reconocería la validez jurídica de los documentos y se crearía un sistema de archivo electrónico.
¿YA NO HABRÁ PAPEL?
Existirá una excepcionalidad del soporte, para que quede una ventana para el papel, como alternativa
Esto será solo en ciertos casos, sin perjuicio de su posterior digitalización, cuando una persona carezca de medios electrónicos o no tenga acceso a ellos.
La Comisión de Gobierno comenzó a analizar el proyecto y si bien, transversalmente “ve con buenos ojos” la propuesta, acordó conocer la experiencia de la Contraloría, municipios y el Poder Judicial, antes de votar la idea de legislar.
El presidente de la Comisión, senador Pedro Araya hizo presente su preocupación por la inclusión de los municipios, que son diametralmente distintos, ¿existirán planes especiales para ellos, se acompañará de recursos?”, preguntó, además, manifestó un número importante de personas no posee casilla digital ni firma electrónica, por lo que instó a aclarar cómo se estandarizarán los sistemas y cuáles serán los tiempos para esto?.
Al respecto, el Ministro Blumel manifestó que un acercamiento es la clave única, como fórmula para ingresar al sistema, validarse y realizar los trámites con seguridad.
En tanto, la senadora Luz Ebensperger señaló que el proyecto es esperado “no solo por la administración pública del Estado, sino que por todos los ciudadanos para poder hacerles más fácil la vida cuando tienen que recurrir a algún servicio de la administración para obtener alguna dictación de un acto administrativo”.
“Hoy –agregó- el tiempo que en ello se pierde es extremadamente exagerado, por eso hemos visto la presentación de este proyecto de muy buena manera, ha tenido una gran acogida; por cierto tenemos dudas que tenemos que ver cómo solucionar, entre otras, la capacitación de los funcionarios públicos que están contemplado en las municipalidades, dónde están los recursos, cuál será la gradualidad, pero también hay que ver qué pasará con aquellas comunas extremadamente rurales o urbanas, que no tienen accesos, no pueden seguir existiendo ciudadanos de primera y segunda categoría. Los que tengan acceso a internet van a poder acceder fácilmente y aquellos que no tengan, ¿qué pasará?”.
En otro orden el senador Carlos Bianchi felicitó el proyecto y se sumó al deseo de avanzar, pero dejó en evidencia la necesidad de aclarar las medidas en ciberseguridad y el acceso para los adultos mayores, entre otras materias.