A Sala reforma que regula el financiamiento y la propaganda de las campañas para el plebiscito constituyente
La Comisión de Constitución del Senado aprobó el texto del proyecto que busca regular los topes de gastos y sanciones al incumplimiento de esta iniciativa.
19 de agosto de 2020
Poco antes de las 23 horas de este miércoles 19, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó y despachó a la Sala el proyecto de reforma constitucional que regula el financiamiento y la propaganda de las campañas para el plebiscito de octubre próximo. (Vea aquí la sesión)
La iniciativa cumple su primer trámite y regula límites para los aportes de campaña, normas sobre publicidad de los mismos, límite del gasto electoral, prohibición de aportes de empresas, normas sobre publicidad en medios digitales y sanciones.
Si bien la mayoría de las disposiciones fueron aprobadas por unanimidad, hubo diferencias en torno al límite electoral, pues algunos senadores querían aumentar el tope de lo que pueden recibir las organizaciones civiles.
Así las cosas, el límite total para los aportes individuales que realicen los afiliados y terceros a los partidos políticos será el que establece la ley de partidos políticos; mientras que el límite de los aportes individuales que realicen personas naturales a organizaciones de la sociedad civil o a parlamentarios independientes será de 200 unidades de fomento.
En cuanto a la publicidad, todos los aportes serán públicos, pero los de menos de 40 UF mantendrán la reserva de identidad del aportante.
En lo que respecta al límite, la Comisión aprobó que en el caso de los partidos será el que resulte de multiplicar 0,005 unidades de fomento por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria a plebiscito, es decir, aproximadamente dos mil millones de pesos.
En el caso de los parlamentarios independientes y las organizaciones de la sociedad civil, el guarismo será de 0,0003 unidades de fomento cada uno, es decir, cerca de 127 millones de pesos.
El proyecto también prohíbe los aportes de campaña provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer el derecho a sufragio en Chile. Además, prohíbe los aportes de campaña proveniente de cualquier persona jurídica constituida en Chile, con excepción de los partidos políticos.
La iniciativa también contiene normas sobre propaganda electoral y sanciones por incumplimiento de tales normas.