Avanza tramitación del Erario Nacional 2015: despachan recursos para Interior, Economía y Hacienda

En el marco de la tramitación del proyecto de ley de presupuestos durante la jornada de esta tarde, los congresistas sometieron a votación los recursos destinados a diversos programas y proyectos vinculados con las carteras del Interior y Seguridad Pública; Economía, Fomento y Turismo; y Hacienda.

Tras un intenso debate acerca del rol de los gobiernos regionales y la gestión de la descentralización por parte del Ejecutivo, la Sala despachó la partida 05 correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyos fondos ascienden a 3.191.967.180 miles de pesos.

Los legisladores sometieron a análisis una serie de indicaciones presentadas por los legisladores, tras lo cual despacharon el resto del articulado por 34 votos a favor.

Durante la discusión hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, Juan Pablo Letelier, Víctor Pérez Varela, Baldo Prokurica, Carlos Montes, Juan Antonio Coloma, Felipe Harboe, José García Ruminot, Manuel José Ossandón, Ricardo Lagos Weber, Lily Pérez San Martín, Carlos Bianchi, Alejandro Navarro, Hernán Larraín, Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Francisco Chahuán, Jacqueline Van Rysselberghe y Jaime Orpis.

Entre las disposiciones que concentraron el debate y se fueron votadas se centraron en el uso de los sistemas de cámaras de vigilancia y los fondos no previstos en situaciones de emergencia.

Respecto a lo primero, con 20 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, los congresistas aprobaron la indicación que plantea que “los nuevos proyectos de cámaras de televigilancia ubicados en espacios públicos, deben contemplar la coordinación de su operación con otros proyectos existentes en las cercanías”.

Al respecto, los senadores Montes, Prokurica, Harboe, García Ruminot y Lagos Weber coincidieron respecto a la pertinencia de tener los distintos sistemas coordinados, de manera de hacer más eficaces el uso de los recursos. En tanto, los legisladores  Coloma y Pérez Varela solicitaron clarificar qué organismo se haría cargo de “hacer conversar” los distintos proyectos.

A su vez, el senador Ossandón cuestionó las bondades de dicha coordinación, haciendo ver que tras su experiencia como alcalde, concluyó que lo central es “que las fiscalías estén atentas al monitoreo de cámaras porque Carabineros no tiene el personal para ello”.

En cuanto a la indicación relativa a los fondos de emergencia, la Sala la despachó con 16 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones. En este caso, se generó un debate en el sentido de asegurar que los dineros que se entregan a los gobiernos locales en casos de emergencias, se usen efectivamente en ello y no de manera discrecional.

Los senadores Coloma, Harboe, Navarro, Larraín y Pizarro manifestaron sus puntos de vistas en cuanto la necesidad de fortalecer la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) sin desviar fondos de forma innecesaria.

Entre las indicaciones que fueron rechazadas destacan materias relativas al compromiso presidencial de crear la nueva región de Aconcagua y la validez de los delegados presidenciales en el caso de catástrofes.

Parte de la discusión también se concentró en las decisiones relacionadas con la descentralización, por lo que los senadores Pérez San Martín, Bianchi, García Ruminot y Navarro analizaron la facultad de los parlamentarios de solicitar una coordinación político-administrativa en este tipo de promesas.

A su vez, se cuestionó el papel que han cumplido los cinco delegados presidenciales en ejercicio que ejercen en las regiones de Tarapacá, Arica, Valparaíso, Biobío y en diversas zonas afectadas por la sequía. En este sentido, los congresistas Montes, Pizarro, Zaldívar, Chahuán, Navarro, Van Rysselberghe, Orpis, Pérez San Martín y Coloma estudiaron las aristas de esta institucionalidad. Mientras unos se mostraron partidarios de eliminarlos argumentando que los fondos deberían destinarse a la Intendencia Regional, otros comentaron que históricamente han resultado útiles y necesarios.

Respecto de una serie de indicaciones que fueron declaradas inadmisibles considerando que apelaban a materias exclusivas del Ejecutivo, tanto la mesa como los legisladores destacaron la necesidad de analizar cada una de las peticiones, por lo que solicitaron al Ministerio de Hacienda hacerse cargo de ellas vía reasignación de gastos.

Este fue el caso de observaciones vinculadas con el financiamiento de actividades culturales con subvenciones locales, la entrega de fondos para incentivar la especialización de médicos en regiones, el programa de tratamiento de residuos vía industrial, y el presupuesto en la provincia de Arauco frente a las necesidades de la cuenca del Carbón.

La partida 07, correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo fue despachada, tras la declaración de inadmisibilidad de 5 indicaciones, el retiro de 3 y la aprobación de las glosas que no fueron objeto de observaciones, con esto los recursos destinados al área serán de $934.032.459.000.

Vea el detalle de las intervenciones.

Durante el debate los senadores Alejandro Navarro, Jacqueline Van Rysselberghe y Adriana Muñoz precisaron que, no obstante a concordar con la inadmisibilidad de la indicación que buscaba resolver los problemas de los ex trabajadores de la Flota Industrial exonerados durante la vigencia de la ley 19.713, se requiere evitar conflictos sociales y propusieron una mesa de trabajo para ello, lo que beneficiaría a 300 ex tripulantes de Talcahuano y Coquimbo y llamaron a un pronunciamiento del Ejecutivo.

Al respecto, el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, recordó que en la Cámara de Diputados está en tramitación el Indap pesquero, lo que sería un avance respecto al compromiso en el área y destacó que el Ministerio de Economía  constituirá un grupo de trabajo que estudiará  la materia y entregará una propuesta, la que será informada al Senado.

Asimismo, las indicaciones referidas a que los bienes de servicios y consumo sean licitados también fueron declaradas inadmisibles; sin embargo, el senador Juan Antonio Coloma llamó a cambiar los criterios y volver a las licitaciones públicas para otorgar mayor transparencia y evitar negociaciones directas.

En otra área los senadores Coloma y Andrés Zaldívar se pronunciaron al beneficio de los deudores educacionales de la banca o de Corfo y se reiteró que la compensación de intereses y créditos será exclusivamente para el financiamiento de educación de pre grado.

En la oportunidad, además, el senador Carlos Montes consultó sobre el destino de los mil millones de dólares de la venta de las sanitarias. En la misma línea, el senador Baldo Prokurica recordó que propuso que dichos recursos puedan resolver los problemas del norte del país para las desaladoras, entre otros.

La mesa del Senado indicó que se abordará la materia durante la sesión.

A su turno, la partida correspondiente al Ministerio de Hacienda que alcanza a los $406.442.528 miles fue despachada tras una amplia discusión sobre la solicitud de votación separada del programa relativo al Servicio Civil.

Vea el detalle de las intervenciones.

En la ocasión hicieron uso de la palabra los senadores: Juan Antonio Coloma (impulsor de la solicitud de votación separada), Juan Pablo Letelier, Andrés Zaldívar, Carlos Montes, Alejandro García Huidobro, Alejandro Navarro, Hernán Larraín, Alfonso de Urresti y el ministro de Hacienda Alberto Arenas.

Los senadores expresaron sus distintos puntos de vista respecto a los funcionarios de nivel 1 que se desempeñan en la administración pública y que fueron seleccionados a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Recordaron que el sentido del Servicio Civil se enmarca en la necesidad de modernización del Estado de modo que “cualquiera fuera el gobierno pudieran mantenerse en sus cargos”. Sin embargo, constataron que durante los dos últimos gobiernos se han desvinculado a profesionales de nivel 1 porque son, a su vez, cargos de confianza.

Al respecto, abordaron temas relativos a los costos de los procesos de selección, la necesidad de conjugar capacidades técnicas y blandas y circunscribir el sistema de Alta Dirección Públicos a los cargos de niveles inferiores y sincerar que los cargos de confianza serán de decisión política,  pero con transparencia, de modo de no desincentivar el ingreso de profesionales de primer nivel a la administración del Estado.

La Sala acordó mantener los recursos destinados a dicho programa del Servicio Civil por 20 votos a favor y 8 en contra. Asimismo se confirmó el compromiso del Ejecutivo para el envío de un proyecto que perfeccione el actual Sistema de Alta Dirección Pública.