Rebaja de gastos reservados de Carabineros y beneficios en programas sociales se aprobaron en la recta final del trámite presupuestario
Tras dos días consecutivos de sesiones, la Sala del Senado despachó el proyecto de ley de Presupuesto 2019.
21 de noviembre de 2018
Las principales demandas y temas sociales, así como los temas más controvertidos de los erarios de los ministerios del Interior y de Educación se abordaron en la recta final del trámite de la ley de Presupuesto 2019 que se extendió hasta pasadas las 2 de la madrugada de este jueves 23 de noviembre.
Cabe recordar que durante la jornada del miércoles 22 se avanzó en el despacho de otra docena de Partidas, (Revise la nota relacionada) . De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, donde la Cámara Baja dará cuenta de los cambios introducidos en el erario nacional y se procederá a constituir una Comisión Mixta que resuelva las discrepancias surgidas.
El debate de la partida del Ministerio del Interior, estuvo cruzada por los recursos destinados a Carabineros, los últimos casos de corrupción y la criticada actuación policial que culminó con la muerte del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca. En este punto, se aprobó por 16 votos contra 10 rebajar a $1 miles pesos y US$1 mil dólar el ítem de los gastos reservados de la policía uniformada, como un gesto político, pese a que están regulados por una ley permanente.
El ministro Felipe Larraín detalló también los acuerdos en materia de incluir glosas de información acerca del detalle y desglose de los recursos públicos utilizados por Carabineros de Chile en infraestructura institucional, en los operativos de las Fuerzas Especiales, en Inteligencia, en formación y de las distintas tareas policiales.
Además, el Ejecutivo presentó indicación que reducía los gastos reservados de Carabineros, al piso mínimo que establece la ley permanente respectiva, es decir, desde $500 millones a $343 millones y de US$90 millones a US$20 millones.
Los senadores de oposición patrocinaron la otra indicación que rebaja a $1 miles y US$ 1 mil este ítem, “como una fuerte señal política” de rechazo a los hechos ocurridos y también como una forma de anticipar el debate sobre la rendición de cuentas, transparencia y control civil de esta institución que –transversalmente- fue reconocida como un pilar fundamental del sistema democrático.
Los senadores Alfonso De Urresti, Jorge Pizarro, José Miguel Insulza, Francisco Huenchumilla, Jaime Quintana, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos Weber, Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, Álvaro Elizalde y Carlos Montes, precisaron que “ésta es una señal de molestia, una señal política y moral porque el fraude se ha centrado en los altos mandos y se le ha fallado al país”. Mencionaron que más allá de los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo se requiere una respuesta de este Congreso.
A su turno, los senadores Víctor Pérez Varela, Ena Von Baer, Juan Antonio Coloma, Kenneth Pugh, José García Ruminot, Francisco Chahuán y José Miguel Durana advirtieron que “el fin no justifica los medios” y precisaron que “la Ley de Presupuesto no es el instrumento para discutir el rol de Carabineros” y “lo que aprueba la oposición es en la práctica inútil porque no va a generar un cambio”.
En tanto, otra indicación impulsada por el senador Juan Ignacio Latorre, en orden a "rebajar los gastos en personal de equipos militarizados en La Araucanía", no obtuvo elmismo respaldo y se rechazó por 14 votos contra 9. Hicieron uso de la palabra los senadores Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, José Miguel Insulza, Yasna Provoste, Víctor Pérez Varela, Ximena Órdenes y Luz Ebensperguer.
En el análisis de la Partida 09, Ministerio de Educación, Hacienda dio cuenta de los aspectos que quedaron plasmados en un protocolo, además de las indicaciones acordadas. Entre otros, se detalló:
- Ampliar Bono para Manipuladoras de Alimentos de servicios contratados por JUNAEB en Aysén, Chiloé, Palena, Isla Juan Fernández y que será pagado desde el me de enero 2019.
- En las Universidades Públicas: se acordó que el Gobierno patrocinará la indicación parlamentaria que para efectos de la Negociación Colectiva de las Universidades que reciben recursos por Gratuidad no se consideran para efectos de la aplicación del artículo 304 del Código del Trabajo.
- Se acuerda postergar la aplicación del artículo 48 de la nueva ley de las Universidades estatales por los años 2019-2020 mediante una indicación en la ley de Reajuste, con lo que podrán contratar a honorarios por este periodo.
- Con respecto a la formación de mesas técnicas, una de ellas será para analizar heterogeneidad de las remuneraciones de manipuladoras de alimentos y propondrá potenciales soluciones.
En concreto, se comenzó con la indicación del Ejecutivo, con la que se norma el tema de la licitación de los programas de alimentación, para que se privilegien las empresas que tengan gratificaciones garantizadas, durante el proceso de evaluación técnica; además la ponderación para debe ser la misma para todas las regiones del país, lo que fue aprobado por unanimidad.
Ante esto, la senadora Provoste valoró la propuesta, destacando que se establece con claridad la obligación de la gratificación y recoge bien el resolver los temas de aquí en adelante. Siguiendo la línea de argumentación, el senador De Urresti advirtió que hay un problema que no se resuelve, “¿qué ocurre con las licitaciones que ya están en curso. Hay empresas que no ofrecen la gratificación garantizada, por lo que en una misma región habrá remuneraciones sustancialmente distintas, lo que es injusto”.
A juicio del senador Navarro las licitaciones deben garantizar este beneficio de manera permanente y agregó que hay un problema con el bono de zonas extremas; además, llamó a asumir el problema de la sal en las colaciones. Por su parte, la senadora Muñoz, denunció que las licitaciones se dan disparmente y no ponderan el pago del bono, “muchas empresas no lo dan o lo hacen de forma inferior, con lo que se produce un desmedro económico, por lo que debe ser un punto de la mesa técnica”.
Para el senador Letelier no es correcto que dos personas que hacen el mismo trabajo, tengan una diferencia de sueldo muy grande, “porque es algo que el Estado se ahorra, o las empresas lo eluden” y solicitó al Ejecutivo que los inviten a integrar la mesa de trabajo a los miembros de la Comisión de Trabajo, para analizar las leyes laborales”. En la misma línea, junto con valorar el esfuerzo, el senador Lagos Weber señaló que “más temprano que tarde las manipuladoras de alimento terminarán integradas al sistema público de educación”.
Coincidiendo con las exposiciones, el senador Elizalde opinó que las bases de licitación es lo que está generando la discriminación. A su turno, la senadora Órdenes agradeció que se integre la Región de Aysén para el pago de zonas extremas.
Por último, los senadores Von Baer y Sandoval destacaron la propuesta y reconocieron que existirá un problema en la transición, en los sectores en los que ya se realizaron las licitaciones.
En seguida, se pasaron a revisar aspectos referidos al fortalecimiento de la educación superior pública, para lo que se aprobó la indicación que asegura los flujos de transferencia de recursos, entre otras indicaciones acordadas referidas al arancel.
La senadora Provoste agradeció y reconoció que el Ejecutivo recogiera las propuestas que realizaron y se declararon inadmisibles. Pese a reconocer el avance, el senador Bianchi llamó a que el Estado entienda que déficit de la Universidad de Magallanes debe ser seguido y sea considerado en la mesa técnica. En la misma línea, el senador Durana solicitó que los recursos para las universidades de zonas extremas tengan prioridad.
Con respecto al Código del Trabajo, se visó que los recursos de gratuidad no puedan ser imputados como parte de la negociación colectiva de los profesores.
El bono especial para las manipuladoras de zonas extremas fue la siguiente indicación aprobada ampliamente, que se extiende a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén Magallanes, las provincias de Chiloé y Palena, Cochamó e islas de Pascua y Juan Fernández, bono que será fijado por la Junaeb con visto de la Dirección de Presupuesto.
El senador Montes, pese a admitir que es inadmisible, quiso hacer presente el tema referido a los servicios locales de educación, que están atrasados en los concursos para reemplazar a los directivos, además de referirse a los aportes basales para los estatales y el senador Quintana coincidió con lo expuesto. Por su parte, la senadora Von Baer aclaró que el Consejo le solicitó al Ejecutivo que informara cuáles son los posibles escenarios y alternativas para entregar el proceso de traspaso.
Hasta el final, la senadora Provoste defendió la admisibilidad de su indicación que incorpora una nueva glosa para que no rijan las limitaciones sobre normas complementarias de administración financiera para que el fondo solidario universitario pueda ser reinvertido en infraestructura, becas internas, con tope máximo de 30% sobre el monto de los excedentes acumulados.
El Director de la Dipres explicó que el artículo busca invertir financieramente recursos estacionales de caja y poder recuperarlos en elementos seguros y de alta liquidez, sin embargo la glosa propuesta contiene instrumentos que no son líquidos, como infraestructura y, además, sentenció que con la propuesta, “de alguna forma se está dañando la rentabilidad el fondo solidario universitario”.
Durante el debate de la admisibilidad intervinieron los senadores Navarro, Chahuán, Lagos Weber y Von Baer.
Finalmente, la Sala, por mayoría, declaró admisible la propuesta, con lo que se acordó dar flexibilidad a los recursos.
En la Partida del Ministerio de Salud se introdujeron algunos cambios que fueron parte de acuerdos con el Ejecutivo. Por ejemplo, por 29 votos a favor y 3 en contra se aprobó una indicación del gobierno, que apunta a fortalecer la capacidad de universidades estatales en las compras de servicios de bienes de consumo en servicios de salud.
Sin embargo, el momento más emotivo y gratificante de la jornada se produjo con la aprobación unánime de una indicación del Ejecutivo que fusionó varias indicaciones en orden a destinar $2.500 millones para programas de intervenciones de abdominoplastía, la extensión del programa Vida Sana para el tratamiento integral y gratuito de prevención y adicionalmente, para que la Subsecretaría de Salud envíe al Congreso, en marzo de 2019, un detalle con la aplicación de este programa.
La propuesta tuvo su origen en el movimiento ciudadano de mujeres de todo el país agrupadas en la organización “Guatita de delantal” quienes fueron reconocidas de manera pública y transversal por su incansable cruzada, su trabajo y compromiso para visibilizar una realidad que afecta a cientos de mujeres en todo el país y que incide no solo en la autoestima de ellas sino también en sus posibilidades de desarrollo personal y laboral.
En este punto hicieron uso de la palabra los senadores Francisco Chahuán, Adriana Muñoz, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Yasna Provoste, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, Alejandro Guillier, Alfonso De Urresti, David Sandoval, Guido Girardi, Jorge Pizarro, Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde, Alejandro Navarro, Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber, Alejandro García Huidobro, José Miguel Insulza, Jaime Quintana, José Durana y Carolina Goic.
Junto con relevar el rol de las dirigentes del movimiento y la acogida del Ejecutivo, los parlamentarios expresaron la voluntad para que este programa sea de carácter permanente y se pueda incluir en el Auge.
Asimismo, los senadores Letelier y Pizarro, recordaron que estos recursos son parte de un acuerdo con el Ejecutivo para reasignar $6.500 millones de la ley de presupuesto para financiar políticas sociales urgentes.
Entre ellas se cuenta el incremento de camas para la atención siquiátrica, para programa de rehabilitación de drogas, para financiar programas de pañales gratis para adultos mayores y personas con discapacidad en hospitales y también para este movimiento.
Para la Partida 21, del Ministerio de Desarrollo Social, se acordó reponer los montos para las transferencias a la Corporación de Desarrollo Indígena, con lo que se dio por aprobada la partida.
El senador Alejandro Navarro precisó que la indicación quería hacer presente la situación de la Araucanía; En este contexto, el senador Francisco Huenchumilla solicitó formalmente que el Senado trate el tema con la profundidad debida, a través de una sesión especial. El senador Jaime Quintana coincidió con lo expuesto e hizo presente la política de entrega de tierras.
Los senadores Alfonso De Urresti y Víctor Pérez Varela, en tanto, acentuaron el plan Avanza Araucanía, para el que “no puede haber una visión estrecha” en materia de las regiones vecinas, dijo De Urresti. Mientras que su par, precisó que “quiero sumar en este debate que es necesario incorporar comunas del sur de la Región del Biobío”.
En otra materia, la senadora Adriana Muñoz solicitó que se estudie un acuerdo en pro de las mujeres jefas de hogar y sus derechos para acceder a subsidios.
Prosiguiendo con el erario nacional, se analizó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Partida 19, donde las sentidas demandas para regionalizar las políticas de mejoramiento del transporte público concentraron gran parte del debate.
En esa línea se solicitó la reducción del subsidio transitorio al Transantiago y si bien se rechazó, el senador Navarro advirtió que se han anunciado 3 líneas nuevas de metro, “pero debe haber una ley espejo para las regiones, lo que equivale a lo que hicimos para el transantiago” y aclaró que “no queremos rebajar los montos, sino que queremos subirlos para las regiones”.
Anunciando que no apoyará la solicitud, el senador Moreira sí coincidió con “que las regiones tenemos que seguir subsidiando al Transantiago, pero no puedo entender que el Ministerio de Transportes le tenga muy poco cariño a la Región de los Lagos, especialmente a zonas aisladas”; inmediatamente, el senador García Huidobro recordó los montos para este tema presentes en Tesoro Público.
El senador Quintana llamó a reconsiderar la exclusión de los canales locales y comunitarios, en el marco de la desaparición del fondo de antenas, el que solo considera a los canales regionales. El senador José Miguel Insulza llamó a aclarar la aplicación de todos los sistemas de televisión y la senadora Yasna Provoste recalcó que se establezca como beneficiarios a las TV que cubran pequeñas zonas, a lo que coincidió la senadora Ximena Órdenes, quien vivenció que hay regiones que solo tiene canales locales.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Partida 18, fue el tópico que prosiguió y se despachó luego de debatir en torno a los montos de Serviu. El Ministerio contó con 23 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
La senadora Isabel Allende lamentó que el Serviu Región de Valparaíso prosigue con un déficit del 12%, “en una Región donde se tiene gran número de campamentos y tremendas necesidades económicas (…) y ni siquiera tenemos un director”. Coincidentemente, el senador Ricardo Lagos Weber preguntó por el compromiso de realizar un nuevo catastro de campamentos, el último fue en 2011, “porque si no está catastrado, es difícil acceder a beneficios”, indicó.
En tanto, la senadora Luz Ebensperger reclamó que para la Región de Tarapacá persiste una baja del 12%, que a su juicio es insuficiente, por lo que anunció su voto de rechazo para Serviu por el desigual tratamiento entre las regiones. A su turno, el senador Moreira exclamó que “todas las regiones deben ser consideradas”.
El senador Jorge Pizarro recordó que Serviu fue parte de la búsqueda de acuerdo para corregir las distorsiones por las rebajas de presupuestos en las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Por su parte, el senador Jorge Soria reclamó que se le quitaran terrenos para construir viviendas para 12 mil familias; “sistema cooperativo sería la solución”, manifestó.
Como propuesta, el senador Letelier manifestó que “en algún momento debiéramos ver las series de inversión por regiones”.
En la Partida del Ministerio del Trabajo, el énfasis estuvo en los beneficios sociales y pensiones, además se aprobaron normas de información, como por ejemplo, una que se originó en indicaciones de los senadores Rincón, Provoste, Insulza y Muñoz que apuntaba a hacer automático el reajuste de pensiones de gracia, de vejez y las denominadas Valech y Rettig cuando sean inferiores a la Pensión Básica Solidaria.
Ello, pensando que en la actualidad, el ajuste está contemplado en la ley, pero las personas deben hacer la solicitud y eso significa “obligar a trasladar a adultos mayores desde sectores rurales”. Asimismo el senador Bianchi precisó que “los recursos para estas pensiones deben estar y están en el presupuesto”.
Aquí, el Ejecutivo, a través del ministro Felipe Larraín justificó la inadmisibilidad de las indicaciones puesto que incide en materias de facultad exclusiva. Además explicó que “se trata de un beneficio contemplado en una ley permanente y al que se accede en el marco de cumplimiento de ciertos requisitos establecidos”.
Los senadores Coloma y García Ruminot, si bien coincidieron con la lógica de justicia del planteamiento, precisaron que las reglas en el trámite presupuestario las hacen inadmisibles por lo que propusieron salvar este punto convirtiendo las indicaciones en solicitud información de modo de recabar en los próximos 3 meses los antecedentes sobre cómo está operando este reajuste que contempla la ley para dichas pensiones cuando son inferiores a las PBS.
Otro punto que fue relevado en el debate fue el relativo a la incompatibilidad que se ha producido en la práctica de la cuota mortuoria y el bono por hijo para las mujeres beneficiarias de pensiones de sobrevivencia. “Ha sido un atentado a miles de mujeres que ganando un derecho lo pierden cuando hacen uso del beneficio del bono por hijo”, dijo la senadora Adriana Muñoz.
El argumento fue compartido por los senadores Yasna Provoste, Carlos Montes y Alejandro Navarro quienes reconocieron que "éste es un reclamo permanente que nos hace la gente" y “aquí la incompatibilidad la estableció la Superintendencia de Pensiones”, "además se pierde la credibilidad si por un lado se da un beneficio y, por otra, se le quita".
El senador García Ruminot y el Director de la Dipres señalaron que esta situación se habría corregido con la ley 20.864 del 15 de octubre de 2015, al igual que el cobro del bono de invierno. De no ser así se debería recabar la información para poder entender qué es lo que hay que remediar, así lo señaló también la senadora Ena Von Baer.
Antes de entrar en el debate de las partidas más complejas, se despejó el articulado del proyecto de ley de Presupuestos. En esa línea, en primer lugar se aprobaron las normas de quórum sobre autorización de endeudamiento.
Luego se sometió a votación separada los artículos relativos a la disponibilidad presupuestaria para flexibilidad de cargos en la administración del Estado. La solicitud provino de los senadores Jaime Quintana, Yasna Provoste y Alfonso De Urresti, en respuesta a las demandas y preocupaciones de la ANEF.
Pese a que ambos artículos se aprobaron se desarrolló un debate sobre la existencia de funcionarios de planta, contrata y honorarios donde intervinieron los senadores Víctor Pérez Varela, Jaime Quintana, Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, Carlos Bianchi y Carolina Goic.
Luego, se sometió a votación y se aprobó una indicación del senador Juan Ignacio Latorre en orden a introducir una perspectiva de género en los informes que emita el Ejecutivo.
Finalmente, por 17 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones se aprobó una indicación que elimina el artículo 32 que apuntaba a evitar que el Ejecutivo pudiera disminuir los recursos autorizados por ley para el Congreso y el Poder Judicial.
En este punto se desarrolló un debate donde intervinieron los senadores Jorge Pizarro, Iván Moreira, Juan Pablo Letelier, Juan Antonio Coloma, Alejandro Navarro y José Miguel Insulza.
Aquí los argumentos fueron que “no resulta conveniente ni va en la línea de transparencia” generar “una especie de privilegio”. No obstante, también se aseveró que “existe un debate sobre la división de los poderes del Estado y el rol político del Ejecutivo que sin explicación podría incidir en afectar los recursos de otro poder, tal como ha pasado en otros países donde incluso se han cerrado Congresos”.
Asimismo se hizo presente “las amplias facultades y poderes de decisión que tiene el Presidente y el Ejecutivo”. No obstante, primó el argumento de que “se trata de normas generales del Estado que han sido usadas con criterio pese al sistema presidencial” y se abrió la posibilidad de hacer este debate en una reforma constitucional y no en esta ley.
La última Partida, la 50, del Tesoro Público se sometió a escrutinio, para lo que se apoyó la indicación del Ejecutivo sobre la edad de pensiones de gracia que se están asignado y sobre las pensiones a personas que trabajaban en mina. En este contexto, la senadora Provoste propuso que se colocara una glosa de información, mientras que los senadores Chahuán e Insulza solicitaron que se estudie la situación de pensiones de trabajadores portuarios. Por último, el senador Navarro felicitó la propuesta, si resuelve las pensiones de la provincia de Arauco.