Patente de alcoholes: buscan equilibrio para no perjudicar a ningún sector por la suspensión transitoria de multas

Reconociendo la precaria situación tanto de los municipios, como de los empresarios que requieren patentes de alcoholes, la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización propuso buscar un justo equilibrio para avanzar, en el marco del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende transitoriamente la aplicación de las multas a que pueda haber lugar, por el no pago oportuno de las patentes a que obliga la ley de alcoholes, cuando la infracción coincida con la prohibición de funcionamiento dispuesto por la autoridad sanitaria, con ocasión de la pandemia de Covid-19.

Cabe recordar que el plazo para el pago de patentes, del segundo semestre venció el 31 de julio, por lo que los empresarios indicaron el proyecto debe considerar la retroactividad.

Asimismo, es importante poner en contexto que, en paralelo a la moción, el Ejecutivo dictó el Decreto 30, para la postergación del pago en 2 cuotas el 2021, considerando la autonomía municipal.

Desde el municipio, Graciela Correa, asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades de Chile, enfatizó que el plazo del pago ya venció, por lo que de avanzar el proyecto, éste debe contener el carácter de retroactivo, “expresamente señalado por el legislador, para que cause el beneficio normativo que pretende”.

Con respecto al Decreto 30, indicó que efectivamente, “la semana pasada se publicó y si bien muchos municipios lo han estado aplicando, de lo que estamos hablando es de la ley de alcoholes”.

Luego, el alcalde Fernando Paredes, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades reconoció que están “en una situación extremadamente compleja. Pedir que nos ayuden, por el bien no de los municipios, sino que de los más vulnerables”.

El edil precisó que “empatizamos con los pequeños y medianos empresarios, entendemos la problemática y la situación difícil por la que están atravesando, pero mi deber como presidente de la AChM es poder plantear la visión que estamos viviendo los municipios”.

“Desde el estallido social -explicó- hemos venido sufriendo baja de los recursos que se recaudan y después, con esta emergencia sanitaria, el gobierno ha planteado diversas normas que permiten ayudar el bolsillo de los vecinos, pero ha significado menos plata para el fondo municipal, con la postergación del pago de permisos de circulación, el cierre de los casinos municipales, la postergación de las licencias de conducir (…)”.

“Estamos en una grave situación financiera y el pago de patentes de alcoholes significan, aproximadamente el 20% de las recaudaciones, lo que se suma a todas las otras postergaciones. (…) Si no se toma esto en cuenta, se terminará golpeando a las personas más humildes de nuestro país, que golpean las puertas de los municipios. Hago un llamado para que se entienda que los municipios necesitamos urgente una ayuda financiera”, apeló Paredes.

El Asesor de la AChM, Nemesio Arancibia, señaló que ya existen algunos municipios que entraron en insolvencia financiera y detalló que el daño de cada casa consistorial es diferente, según la realidad de cada una, “pero todas se verán afectadas” y lamentó que no existan “recursos paliativos” para el sector.

A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ñuñoa, Hugo Córdova detalló la precaria situación del sector, afectada aún con el cierre de la mayoría del comercio “y se ve que será uno de los sectores más duros de salir adelante y para la banca somos una industria poco segura”.

Con respecto al proyecto, sentenció que “la diferencia sustantiva entre el Decreto 30 y una ley, es que a través de ésta último, los municipios estarán obligados a ejecutarla sin desigualdades entre una comuna y otra”.

Asimismo, explicó que “pagamos adelantadamente la patente de alcoholes y ahora los debemos hacer por un derecho que no hemos podido ocupar. (…)”.

El abogado de la Cámara, Nicolás Huaico, indicó que “se ha buscado un alivio financiero y aquí no se trata de que los contribuyentes no paguen, sino que se les dé un cierto margen. Desde el 21 de marzo están cerrados los restoranes y muchos traen problemas desde octubre de 2019”.

Huaico destacó del texto legal que, “se busca alivio financiero directo a empresas del rubro gastronómico y turístico sujetas a patente de alcohol, que carecen de recursos para su pago, por encontrarse impedidas de funcionar; esta norma sería de aplicación directa, general y no discrecional”, entre otras.

Para el abogado, se está ante un “área sensible de la economía, con cerca de 65 mil empresas registradas en la actividad del rubro, con más de 180 mil puestos de trabajo y con altísima presencia de pequeños y medianos empresarios; todo esto, favorece la percepción directa de ingresos en regiones y comunas de alta demanda turística”

Tras escuchar tanto a las pymes que requieren de patentes de alcoholes, como a los municipios, los senadores reconocieron la precaria situación de ambos sectores, tanto por la pandemia como por las consecuencias del estallido social de octubre de 2019.

La senadora Luz Ebensperger, presidenta de la Comisión solicitó las cifras sobre cuántos municipios se han adscrito al Decreto Supremo, además de detalles sobre su implementación, para ver “si puede haber una discriminación que no sea arbitraria”.

Además, la legisladora sentenció que “no me parecería justo que se postergaran patentes de grandes empresas, o de grandes supermercados. Entendiendo la finalidad del proyecto, pero afecta la independencia de los municipios. Creo que este proyecto no resuelve el problema de fondo, por lo que le pido al Ejecutivo tener una reunión con los municipios y ver la realidad y tener toda la información disponible. (…) Queremos ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pero tampoco queremos perjudicar a los municipios. (…) Como Comisión queremos mediar para buscar una solución de equilibrio”.

El senador Carlos Bianchi, recordó la Sesión Especial celebrada en el Senado sobre las pymes y la reactivación económica, lo que “permitió tener más sensibilidad de la situación desesperada en que se encuentran. Acá no se están pidieron que se les regalen nada, ¡simplemente no pueden trabajar! Y a los municipios efectivamente se les produce un problema y tampoco se han negado a contribuir con el comercio”.

“Las patentes son más del 20% del ingreso municipal, la pregunta es dónde está el gobierno para poder contribuir a una solución, porque no podemos afectar el presupuesto de los municipios y tampoco se les puede seguir pidiendo más a los emprendedores, con un cobro de una patente que no le está en uso. (…) Aquí estamos atados de manos, no tememos facultades para presentar indicaciones”, reconoció el legislador.

A juicio del senador Pedro Araya, “el diagnóstico que se hace es correcto; por una parte sus municipios han visto caer sus ingresos y a pesar de que la Subdere anunció un paquete de ayuda, no se está cubriendo las necesidades, más aún en las comunas que ven afectada su actividad turística”.

“Concuerdo con que debe haber una solución de carácter legal y que debe ser una norma que incluya la retroactividad y ojalá exista un compromiso de más largo plazo, de lo contrario estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro”, manifestó.

En la misma línea, el senador José Miguel Insulza expresó que “esta es una tragedia y la pregunta es ¿quién paga los costos: los pequeños empresarios que no tienen cómo pagar patente y más aún por un servicio que no están prestando y por otro lado, los municipios que pierden un ingreso?, ¡y ninguno es el culpable!. Cualquier norma que dictemos va a perjudicar a uno de ellos. Creo que el gobierno debió intervenir y plantear una medida, porque es un tema que no podemos resolver en justicia”.

Desde la Subsere, María Paz Troncoso, precisó que “existen 18 tipos de establecimientos que pueden vender o donde se pueden consumir bebidas alcohólicas y cuyos valores van desde las 0.5 a las 4UTM (…) Las patentes de alcoholes las otorga el alcalde con acuerdo del concejo, y cuando se establece el Decreto 30, hemos mantenido esta facultad, considerando los diferentes impactos que tiene cada comuna asociado a su realidad”.

“Es importante tener claro que las patentes son el 23% de los ingresos municipales y las alcoholes representan 8500 millones de pesos, con cifras del año pasado, este es el impacto de arcas fiscales”, explicó.

La Comisión de Gobierno también retomó el análisis del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública (boletín 12100-07).

Para este punto se escucharon las exposiciones del rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi; el académico de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, Rubén Burgos y del director del Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Chile, Pablo Contreras.

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