Evaluación de la ley de pago a 30 días: Comisión de Economía conoce primeros resultados

En enero de 2019 fue promulgada la famosa ley de pago a 30 días. En este tiempo se han realizado varias modificaciones para facilitar su implementación pero ¿ha cumplido su objetivo de entregar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, la que se ve mermada por el retraso en la cancelación de la prestación de servicios o venta de bienes?

Para responder a esa pregunta, los integrantes de la Comisión de Economía invitaron al Subsecretario de Economía, Esteban Carrasco, quien explicó el registro de acuerdos que administra esta cartera, por medio de los cuales las empresas establecen un plazo de pago excepcional. También la autoridad hizo referencia al comportamiento que han tenido los municipios y los servicios de salud en el cumplimiento de sus obligaciones.

En términos generales, la Comisión valoró el trabajo realizado por el Ministerio de Economía, sin embargo los legisladores calificaron como preliminar los resultados entregados. Éstos dan cuenta que las pymes comienzan a verse favorecidas por la ley, en particular en el caso de la agricultura como es el mundo vitivinícola.

El ministerio informó que entre el 6 de mayo de 2019 y el 29 de febrero de 2020, se han suscrito 30 mil acuerdos escritos entre empresas para aplazar la fecha de pago, lo que corresponde a 11 mil rut; de los cuales 17 mil favorecen a las pymes directamente. “La mayor parte de estos acuerdos corresponde al sector agrícola porque funciona a la inversa de la ley, es decir, los pequeños agricultores reciben insumos que terminan pagando cuando cosechan sus productos y los venden”, explicó el jefe de la División de Empresas de Menor Tamaño, Felipe Vial, quien detalló que le siguen el sector manufacturero y salud.

“El 29% de los acuerdos son entre grandes empresas y un 55% corresponde a una pyme compradora y una empresa grande compradora. En este último caso la pyme sale favorecida porque es ella quien debe pagar lo adquirido. Un 13% de los contratos es cuando la gran empresa es compradora y la pyme vendedora. Ahí está el principal problema que originó la ley. Nos hemos dado cuenta que en un 40% de estos casos, los pequeños salen favorecidos porque el dinero se ocupa como capital de trabajo, los pagos se hacen con antelación. Esto ocurre en los negocios vitivinícolas, los asociados a la venta de software y la construcción”, explicó Vial.

En esta línea, la autoridad reconoció que se está tramitando otro proyecto que perfecciona la ley de pago a 30 días. Corresponde al mensaje que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en casos de empresas de menor tamaño emisoras de facturas (Boletín N° 13208-03).

La propuesta deberá ser conocida por la Comisión de Economía del Senado debido a que esta semana la Cámara de Diputados la despachó a segundo trámite. La idea matriz es que cuando la pyme sea la vendedora, se prohíban estos acuerdos excepcionales a menos que la pequeña empresa salga favorecida.

Respecto a los sectores salud y municipalidades que son los que históricamente son considerados peores pagadores, el ministerio dio cuenta de datos preliminares. En tal sentido se reconoció que se está recopilando la información de los municipios, mientras que en salud hay mayores conclusiones: la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que los servicios de salud necesitan 26,4 días para estar al día en los pagos, monto que corresponde a la deuda hospitalaria. Un punto relevante y que fue consultado por los senadores, es que existen diferencias significativas entre servicios de salud.

En una segunda parte de la sesión, la Comisión escuchó al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien presentó un estudio realizado por el organismo en el que se analiza la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.

La autoridad aclaró que un 60% de las empresas del país corresponden a las pequeñas pero tienen una participación en ventas de un 1,7%, mientras que las grandes se llevan casi la totalidad de las ventas. “En cuanto al crédito fiscal, las micro empresas imputaron 1,3 billones de pesos en el 2018. El promedio mensual de deuda corresponde a 174 mil pesos. En cambio las grandes empresas imputaron 35 billones al 2018, con una deuda de 215 millones de pesos”, explicó.

En la Comisión el SII reconoció que no existen datos suficientes para cuantificar el promedio de pago, sin embargo citaron un informe elaborado por la plataforma Bolsa de Productos. De acuerdo a éste, mientras se discutía la ley de pago a 30 días, más empresas se pusieron al día con sus obligaciones, sin embargo con la entrada en vigencia, particularmente de la extensión a 60 días para casos puntuales, se retomó la demora en los plazos. Esto hizo que la mayor parte de las empresas (grandes, medianas y pequeñas) volviera a pagar a 60 días.

Con los datos que se están recopilando, el Ejecutivo está evaluando la posibilidad de presentar un proyecto de ley que permita que solo aquellas empresas que cancelan a tiempo, tendrán derecho a solicitar créditos al Estado. Por ahora, se han evaluado distintos escenarios y el impacto que ello generaría. Una de las conclusiones preliminares es que sería conveniente generar una plataforma web donde compradores y vendedores entreguen la información necesaria, de manera de no favorecer a unos por sobre otros.

En otro tema, la Comisión acordó invitar a una próxima sesión a la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Sandra Quijada; y autoridades del Ministerio de Economía, con el fin de analizar la salida de Guillermo Patillo del organismo.

Cabe recordar que bajo la administración del profesional se realizaron diversos cuestionamientos al INE. El ministro de la cartera, Lucas Palacios explicó que la renuncia de Patillo se debió fundamentalmente, a que “las cifras han venido con errores y eso afecta la confianza”, destacando que “tienen que existir señales contundentes para que las instituciones puedan contar con la confianza de todos los chilenos y chilenas”.

En concreto, el organismo cometió errores respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero pasado; la cifra de desempleo tras el estallido social; y el IPC de junio del 2019.