Cambios a la Ley Antiterrorista: discrepan por posibilidades de consenso en el Congreso

El presidente Sebastián Piñera firmó -en la región La Araucanía- una indicación para reformular la Ley Antiterrorista, que contempla la introducción de once cambios a la legislación actual. Así los parlamentarios de la zona expresaron sus diversas posturas frente al anuncio y sus perspectivas de acuerdo en el Congreso.

La senadora Carmen Gloria Aravena se mostró satisfecha con la noticia, asegurando que “el Gobierno ha convocado a las más altas autoridades del país y la región para solucionar este problema que ya nos afecta a todos como nación”.

“Esperamos que en el Parlamento alcancemos el consenso necesario para aprobar esta modificación. La situación es grave si consideramos que la actual ley no ha permitido a las policías, los jueces y los fiscales contar con las pruebas necesarias para procesar a alguien. Ya se han cometido en los últimos diez años más de 400 atentados en la zona de La Araucanía, nos parece grave”, hizo ver.

En cambio, el senador Jaime Quintana criticó al mandatario por no haber consultado con la oposición la reforma que buscan aplicar. “Hace diez días, el presidente anunció acuerdos nacionales, y los acuerdos no se hacen solo con los que pertenecen al mismo sector. Hubiese sido aconsejable que los cambios se conversaran antes con las fuerzas de la oposición”, insistió.

El congresista comentó que “los acuerdos nacionales no se hacen en solo a base a titulares, sino los contenidos, en base a ellos se dialoga. Algunas de estas medidas puede que contravengan el debido proceso, afectando el resultado”.

A su turno, el senador Francisco Huenchumilla, coincidió con su par de la oposición ya que "el conflicto de La Araucanía es un problema político", dijo. A través de las redes sociales calificó de "terrorífico el proyecto del Gobierno sobre la ley antiterrorista", pues a su juicio "aparece direccionado al Pueblo Mapuche y lo criminaliza".

Añadió que este anuncio del gobierno le pareció un "mal comienzo y un error para su anunciada política de acuerdos" y concluyó con la frase "nos vemos en el Senado".

1. Una nueva definición del tipo penal del terrorismo que permita evitar problemas de subjetividad y facilitar una interpretación objetiva de la prueba de los hechos o de las conductas de dicho delito por parte de la fiscalía y de nuestros tribunales.

2. La incorporación de técnicas investigativas de mucho mayor eficacia que como las contempladas en nuestra Ley de Drogas o de Lavado de Dinero, tales como agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptaciones de comunicaciones y muchas más.

3. Sanción a la apología a las acciones terroristas, cuando estas han sido determinadas por sentencias judiciales ejecutoriadas.

4. Fortalecimiento de las medidas de protección a la identidad y seguridad de los testigos, en algunos casos las víctimas, los peritos cooperadores y sus familiares.

5. Creación de la figura del cooperador eficaz, de forma tal que quiten coopere para poder evitar o identificar a los responsables de un delito terrorista tenga por esa actuación un atenuante en su proceso judicial.

6. Restricción a los beneficios a los condenados por Ley Antiterrorista, de forma tal que no se le apliquen penas sustitutivas y que cualquier beneficio de acceso a libertad condicional se cumpla una vez haya cumplido dos tercios de su pena y no la mitad como ocurre actualmente.

7. Se establece que, junto a los delitos de genocidio y de lesa humanidad, el delito terrorista es de aquellos que se entiende lo suficientemente clave y complejo para que pueda ser investigado por un fiscal regional, ya sea a petición de las partes o por decisión de la Fiscalía Nacional.

8. Se incorpora la figura del terrorismo cibernético que en nuestra legislación prácticamente no existe y frente al cual Chile está hoy muy vulnerable. Este puede ser extraordinariamente destructivo para nuestro país y tenemos que preocuparnos de verdad para anticiparnos, y no tener que lamentar las consecuencias.

9. Se establece que todos los bienes que hubiesen sido destinados a la comisión de delito terrorista y que hayan sido decomisados, se puedan destinar a un fondo para fortalecer la lucha contra este delito.

10. Se establece una norma especial de competencia para que la investigación y juzgamiento de los delitos terroristas más graves se pueda radicar en los juzgados de garantía y en los tribunales orales de la Corte de Apelaciones de Santiago para asegurar mayor eficacia y mayor imparcialidad de los jueces.

11. Finalmente, la indicación contempla que los delitos de terrorismo se cumplen o se pueden cometer no solamente por grupos organizados, sino que también por terroristas individuales.