Fondos solidarios, uso de excedentes, adelanto de remesas, créditos con garantía estatal: algunas de las propuestas de las Universidades para hacer frente a la pandemia

“Procurar que todos los alumnos continúen sus estudios”, fue una de las frases que se repitió transversalmente durante la sesión de la Comisión de Educación y Cultura, oportunidad en la que se conoció cómo las universidades están enfrentando la pandemia y sus esfuerzos para continuar funcionando pese a la contingencia. Revise aquí detalles de la Comisión

Clases online, gestionar que los alumnos cuenten con computadores y redes, capacitación para el cuerpo docente, compras de licencias, son solo algunos de los esfuerzos que han debido enfrentar las casas de estudio, lo que ha significado costos adicionales, que los hacen proyectar “un colapso financiero a fin de año”, tal como detallaron Juan Manuel Zolezzi, del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH y Rector de la U. de Santiago; Ennio Vivaldi, del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, y Rector de la U. de Chile; Diego Durán, de la Red de Universidades Públicas No Estatales, G9, y Rector de la U. Católica del Maule; y Patricio Sanhueza, de la Agrupación de Universidades Regionales, UAR, y Rector de la U. de Playa Ancha.

En esta línea, desde la academia, transversalmente insistieron en el impacto financiero y académico, que -sumado a los cotos en becas de conexión de estudiantes y entrega de aparatos tecnológicos-  han debido avanzar en otorgar facilidades de pago de matrículas y aranceles, y becas adicionales.

Cabe destacar que durante la sesión los senadores Jaime Quintana, presidente de la instancia parlamentaria, Yasna Provoste y Carlos Montes, subrayaron que muchas de las universidades han funcionado como una red de apoyo a los servicios de salud y han aportado en la investigación; por esto, se acordó oficiar para que se reconozca el aporte que han hecho en materia científica, en medio de la emergencia.

Los rectores, además de graficar su nueva realidad entregaron varias propuestas para hacer frente a los problemas, entre otras, hacer uso de los excedentes del fondo solidario, un financiamiento de emergencia para las universidades, nuevo proceso de postulación a becas donde se considere la situación actual de los estudiantes, ampliar la cobertura de la gratuidad en un año, adelantar remesas, y crear un crédito con garantía estatal, entre otras.

Desde el CRUCH, Juan Manuel Zolezzi, recordó que el contexto no es menor, con crisis sanitaria y económica y recalcó que “nuestras universidades están activamente comprometidas en el trabajo público (…) Hemos construido red de apoyo a los servicios de salud del país, con análisis PCR. Cerca del 20% de los exámenes que se hacen en el país son en laboratorios de las universidades”.

Además, han mantenido la docencia de pre y post grado, las tareas de investigación y vinculación con el medio, pero el impacto académico es complejo, “el CRUCH tendrá un desequilibrio económico estructural de aproximadamente $114.475 millones en el 2020, lo que es equivalente a las remuneraciones de aproximadamente 15 mil funcionarios de universidades, o representa el 75% del AFD (…) Ante esta gravedad no es posible una solución única”, reconoció.

Entre las propuestas financieras que expuso están el uso efectivo de los recursos excedentes de los Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), permitiendo la flexibilización. Contar con financiamiento de emergencia. Nuevo proceso de postulación a ayudas estudiantiles. Derogar el artículo 108 de la Ley 21.091 sobre pérdida de gratuidad. No considerar el año 2020 para el cálculo de gratuidad. Condonar reintegro de recursos de beca y la flexibilización del uso de los recursos asociados a proyectos.  

En tanto, el rector Vivaldi detalló las medidas implementadas para garantizar que todos los estudiantes accedan a la actividad académica de las universidades estatales, como contar con becas de conectividad para financiar banda ancha móvil, chip de celular o mejoras en planes de datos; entrega de computadores y tablets; y programas de acompañamiento a estudiantes.

Asimismo se han tomado medidas económicas y factibilidad administrativa y medidas de apoyo académico. “Las universidades estatales incrementaron sus gastos en más de $9.000 millones solo por conceptos de conectividad, licencias de software para docencia virtual, reforzamiento de infraestructura TIC, entre otros”, señaló el representante del Consorcio de Universidades del Estado.

Por último, coincidió con la urgencia de contar con apoyo financiero y mencionó las acciones de las universidades estatales, entre otras, laboratorios PCR, fabricación de prototipos de ventiladores mecánicos, integración de la Mesa Covid 19, entre otros.

“El contexto de incertidumbre es complejo”, reconoció el rector Durán de la Red G9, pero resaltó que las universidades de la Red “cuentan con la diversidad de mecanismos de apoyo a sus estudiantes (…) y se ha adecuado a las problemáticas que han manifestado nuestros alumnos”.

Indicó, además, que “nuestras instituciones, con un demostrado servicio público, están comprometidas con Chile y su desarrollo y frente al avance del Covid 19 en nuestro país, han dispuesto de su capacidad académica, de investigación, equipamiento e infraestructura para trabajar de manera colaborativa con los organismos regionales y nacionales del área de la salud, las ciencias, la tecnología e innovación”.

Para la Agrupación de Universidades Regionales preocupa la disminución de las matrículas, no solo de primeros años, sino que también en cursos superiores, a propósito de la pandemia y enfatizaron que se están buscando “evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por razones económicas”.

Entre las propuestas de Sanhueza están el Fondo Solidario de Crédito Universitario; financiamiento de emergencia que compense los menores ingresos; flexibilización en el uso de los recursos asociados a proyectos; aspectos asociados a la gratuidad; postulación a ayudas estudiantiles; endeudamiento de largo plazo; perfeccionar el artículo 48 de la Ley 21.094; ley corta para alargar en un año la entrega de estatutos; adelantar las remesas de los fondos de gratuidad; apoyo a las universidades con los elementos de protección personal por Covid; entre otras acciones.

El Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, valoró “que la reacción que se ha podido observar es notable, al punto que todas las instituciones de educación superior se encuentran impartiendo clases en una modalidad distinta”. Sin embargo, reconoció que esto no ha estado exento de costos y esfuerzos.

Vargas manifestó que el Estado ha realizado acciones como el activar reuniones de carácter extraordinaria del comité de coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES) a raíz de la pandemia; extendieron el período de postulación para beneficios estudiantiles (hasta el 27 de marzo); realizaron un catastro entre las instituciones que mostraron que el 91% de las instituciones daban cuenta de que habían realizado acciones tendientes a flexibilizar el pago de aranceles a estudiantes que estuviesen en problemas.

Agregó que alcanzaron un acuerdo con Google, donde pusieron a disposición de las instituciones que no tenían plataformas; concretaron convenios con instituciones extranjeras; fondo de desarrollo institucional en áreas estratégicas; e indicó que la

s entidades que cumplan con los requisitos pueden postular al FOGAPE.

A juicio del senador Quintana, “todo parece indicar que no es suficiente y como Senado y como Comisión hemos querido generar este espacio de diálogo, pensando en la difícil situación que viven las instituciones de educación superior”.

A su turno la senadora Provoste sentenció que a su juicio “hay una desconexión enorme entre lo que han planteado los rectores” y lo suscrito desde la Subsecretaría; además de coincidir con lo restrictivo del uso de excedentes y recordar los esfuerzos que se venían haciendo desde la Ley de Presupuestos del 2019.

En senador Montes coincidió con la difícil realidad descrita y contextualizó que “el gran desafío de la Subsecretaría es cómo ayudar a que esto se resuelva, de lo contrario vivirán una crisis”.