Comisión de Economía respalda unánimemente mociones en pro de la defensa de los consumidores
Las normas apuntan a terminar con la asimetría que existe entre la ciudadanía, y la banca que otorga hipotecarios. Lo mismo ocurre con el comercio en general que fija las reglas del juego respecto a la entrega de garantías.
4 de octubre de 2019Respondiendo al compromiso asumido la semana pasada, los integrantes de la Comisión de Economía aprobaron en general dos proyectos que buscan fortalecer a los consumidores frente al abuso de los bancos, el retail, las Isapres y las AFP, entre otras entidades que venden o prestan bienes o servicios, o particularmente, otorgan créditos.
Se trata de las siguientes normas, ambas en primer trámite y de autoría de senadores:
- Proyecto que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria (Boletín N° 12917-03); y el
- Proyecto que modifica la ley N° 19496 para ampliar los derechos de los consumidores en materias que indica (Boletín N° 12931-03)
La primera iniciativa pretende defender la existencia de condiciones justas en los juicios ejecutivos, generales o hipotecarios, ante la posibilidad de que los consumidores pierdan su único bien raíz, que es, además, el hogar familiar. Por ejemplo, impidiendo que el remate de una propiedad sea en función del avalúo fiscal en vez del comercial que puede llegar a ser hasta tres veces mayor que el primero.
El segundo proyecto amplía el ámbito de aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores aclarando el concepto de consumidor material, introduciendo normas de interpretación a favor del consumidor, mejorando las reglas de la garantía legal y la introducción de la responsabilidad por productos defectuosos, y reformando las comisiones e intereses en el mercado del crédito.
Ahora en una próxima sesión ordinaria, los legisladores votarán la idea de legislar, tras lo cual se abrirá un plazo para presentar indicaciones, de manera de dar inicio a la discusión en particular (artículo por artículo).
Posteriormente, la Comisión comenzó el análisis de dos indicaciones presentadas al proyecto que modifica la ley de propiedad industrial y la que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) (Boletín N° 12135-03).
La instancia acordó despachar el texto a Sala el próximo miércoles 9 de octubre considerando que cuenta con suma urgencia.
La norma tiene por objetivo contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento. Con ese fin pretende reducir los tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial y aumentar la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.
Asimismo, los congresistas escucharon al ingeniero civil Sergio Gritti, quien ha encabezado diversos proyectos en el marco de la ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC). El profesional cuestionó la aplicación de esta norma, motivando a los legisladores a redactar una moción que realmente permita favorecer la inversión.
Cabe considerar que la ley de FUC permite que los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y las municipalidades realicen convenios con terceros generando contratos de participación, destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución, operación y mantención de obras urbanas, a cambio de una contraprestación consistente en otorgarles derechos sobre bienes muebles o inmuebles y/o la explotación de uno o más inmuebles u obras.
Gritti aseguró que esta normativa es poco conocida y subutilizada, dando numerosos ejemplos de proyectos encabezados por privados, en favor de municipios, que no han prosperado. “Si se conociera la ley y se implementara como es debido, las municipalidades podrían tener los mejores estándares de equipamiento. Hay una desconfianza manifiesta cuando el que gestiona es un privado dentro del mundo público”, sinceró.
Tras la exposición, los legisladores acordaron estudiar la posibilidad de elaborar una moción que entre otros aspectos, entregue garantías a los municipios considerando que hoy no cuentan con los recursos en el caso que no se cumpla con el contrato firmado entre las partes. Más allá de este aspecto, la idea es elaborar un texto genérico que faculte a ciertas autoridades locales para sacar mayor provecho a esta normativa que podría ser el motor de desarrollo de las comunas.
Tras la sesión, el presidente de la Comisión reconoció la pertinencia de elaborar una moción en tal sentido, explicando que “nuestra intención es oficiar a los ministerios de Vivienda, Interior, Obras Pública y otros a estudiar los alcances de los cambios que se propondrían”.