Gran acuerdo nacional por viviendas sociales: Senado llama a la acción de todos los actores
81 mil familias en precariedad habitacional representan una realidad que “debe ser abordada urgentemente”. Por ello, tras la sesión especial se suscribió un proyecto de acuerdo que insta a impulsar medidas “para concretar un amplio consenso político y social para avanzar hacia la erradicación de los campamentos en nuestro país”.
21 de abril de 2021
“Esta es una emergencia nacional"; "es un desafío de Estado"; "estamos frente a un estallido habitacional"; "las soluciones son urgentes" y "se debe diseñar una nueva política habitacional”. Estas fueron algunas de las frases que se repitieron durante la sesión especial celebrada por el Senado con la finalidad de “analizar la situación de la vivienda y de los campamentos en Chile”.
La sesión fue solicitada por el acuerdo transversal de todos los comités políticos y que dio como resultado un proyecto de acuerdo, por medio del cual "se le solicita al Presidente de la República que a través de sus ministerios competentes; impulsen todas las medidas reglamentarias, administrativas y legislativas que permitan concretar un amplio consenso político y social para avanzar hacia la erradicación de los campamentos en nuestro país, reduciendo significativamente el déficit habitacional y revertir la segregación social y urbana existente, con un claro sentido de urgencia".
Para esto se propone "convocar a todos los actores de la sociedad civil desde la academia a la organización social, generando las instancias participativas que permitan tomar todas las decisiones para atender con prontitud las necesidades habitacionales que enfrentan y sufren cientos de miles de hogares en el país. Potenciar los programas habitacionales destinados a la construcción y adquisición de vivienda definitiva por parte de las familias más vulnerables".
Además, se llama a "asumir un rol activo en la gestión y habilitación del suelo y a toda otra acción que permita contribuir significativamente a la atención de aquellas familias que actualmente habitan en campamentos (…). Como asimismo, reforzar los programas destinados a las familias en condiciones de allegamiento y hacinamiento a lo largo del país".
Durante la sesión Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo reconoció que se está frente a un “aumento de tomas y campamentos explosivo, dramático y doloroso”, por lo que detalló que se trabaja para avanzar en ciudades socialmente integradas y se refirió al programa de campamentos y a los arriendos especiales de emergencia que cubre el 70% de este costo. En este escenario hizo presente el Plan 100+100, que pretende dar un giro a lo que ha hecho el Ministerio, avanzando hacia el cierre de 100 campamentos este año y el mismo guarismo para la habitabilidad.
En cifras hizo presente que el catastro del 2019 dejó en evidencia la existencia de 802 campamentos, con más de 47 mil familias y, etre las las razones para la precariedad se cuentan: la cesantía, el alto costo de los arriendos, bajos ingresos, necesidad de independencia, cercanía de fuentes de trabajo, cercanía con familiares, entre otras.
El senador David Sandoval, presidente de la Comisión de Vivienda enfatizó que “más allá de la infraestructura, recursos, medio y necesidades, este es un tema de un profundo sentido humano y social” y entregó algunos detalles de las sesiones celebradas por la instancia parlamentaria, en donde “todos han puesto de sobre relieve una situación que tiene urgencia (…) y nos interpelan a ponernos de acuerdo y construir los mecanismos que permitan dar una señal a estas más de 81 mil familias”. Revise nota relacionada
El legislador agregó que “creemos absolutamente atendible esta necesidad y estamos suscribiendo un proyecto de acuerdo transversal, para dar respuesta a las entidades sociales que nos están reclamando la voluntad política de avanzar en la construcción de un gran acuerdo”.
Desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl coincidió que esta “es una materia de máxima urgencia. Para muchas familias esto representan una crisis humanitaria”. A su juicio, “no se trata solo de construir viviendas, sino que también de construir ciudades” y dejó en evidencia la “segregación social como problema prioritario”. Además, indicó que, a su juicio, el marco normativo vigente legal está siendo un obstáculo. “Este es un desafío de Estado que requiere de mejores leyes y menos obstáculos”.
Luego, Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo adhirió a la importancia de un Acuerdo Nacional, sumando a todos los actores y propuso, además, nombrar a un delegado presidencial que permita coordinación intersectorial; caracterización de campamentos; potenciar subsidios arriendo; plan de aldeas de emergencia; acelerar el traspaso de terrenos fiscales al Minvu y Serviu; radicación acelerada; destrabar y aprobar proyecto de ley de integración urbana; programa piloto de concesiones en terrenos fiscales; entre otros.
Sebastián Bowen, director Ejecutivo de TECHO-Chile reconoció que existe un aumento sostenido de campamentos desde el 2011 y el catastro 2020 2021 dejó al descubierto 81.643 familias que viven en 969 campamentos a lo largo del país. “Los campamentos son un síntoma, no una enfermedad; la enfermedad es la exclusión habitacional y eso se debe enfrentar. (…) Hoy el déficit habitacional afecta a un 10%. Chile no puede esperar, nos encontramos en medio de un estallido habitacional”. Bowen entregó detalles, además, de las acciones para avanzar a Déficit Cero.
El ingreso de las familias como problema base fue expuesto por Boris Cofré, coordinador político del movimiento de pobladores UKAMAU. “El subsidio al arriendo ha generado un aumento de éstos, generándose un círculo vicioso. Las remuneraciones promedio son cercana a los 410 mil pesos y eso no es suficiente para arriendo. (…) Creemos que abordar el déficit habitacional va a requerir de una mirada de país nueva”, hizo presente, además de una serie de medidas para erradicar la desigualdad actual.
“Este es un problema esencialmente político, en Chile gran parte de las familias de menores ingresos no logran acceder a viviendas, porque ha déficit de estas. Esto empezó a acumularse hace 24 años (…) Hay una fuerte debilidad de la política pública”.
"Estamos ante una situación muy grave y es importante avanzar a un gran acuerdo. Tenemos décifit de más de 600 mil viviendas y eso implica cambiar el modelo general de subsidios en vivienda porque la tardanza, el aumento del costo de los arriendos y la falta de información claramente incide en las dificultades de acceso".
"El aumento de la demanda por vivienda es nacional, tanto de connacionales como migrantes. Acá tenemos que hacernos cargo de las políticas sociales más de fondo y, a la vez, dar una solución a las familias que hoy día se encuentran en campamentos".
"Tenemos un problema de gestión del suelo y se ha dejado al arbitrio del mercado especulativo. Se debe abordar este tema de manera solidaria porque el problema de fondo es también la calidad de las viviendas sociales".
"Siempre insistimos en una renta básica universal porque sabemos que el acceso a vivienda es un tema grave. Los problemas y las inequidades se han agudizado con la pandemia. Hoy, los precios de corte de los subsidios no están actualizados a los costos de las viviendas".
"Lamentablemente esta situación se ha incrementado y quiero agradecer la voluntad del gobierno para visibilizar los campamentos. Hoy tenemos 81 mil grupos familiares, es decir se ha duplicado la cifra y esto obedecer a muchos factores, porque a pesar de los esfuerzos hay un problema estructural".
“No sé si tiene peso el llamado que se ha hecho para hacer un cambio. Se requieren otras políticas públicas y creo que eso solo se puede dar en una asamblea constituyente. Preferiría un acuerdo de corto plazo de 8 meses, para paliar la realidad de los campamentos”.
“Creo que este es un tema que no se vio venir. Los campamentos son un síntoma de una enfermedad profunda. Hay que hacerse una autocrítica porque se trata de una definición política. El acuerdo nacional es necesario y creo que desde la Comisión de Vivienda debe salir la propuesta concreta”.
“La burocracia del Ministerio de Vivienda es increíble, los calculistas demoran más de un año en hacer avanzar un proyecto porque revisan lo que ya hicieron otros profesionales. En cuanto a los terrenos de los campamentos, el ministerio no puede resolver los problemas de los planes reguladores”.