¿Qué propone la moción que fortalece el rol de las juntas de vecinos?

Presentes en la mayoría del territorio nacional, las juntas de vecinos se han convertido en organizaciones sociales con fuerte y amplio raigambre. En este contexto, los senadores Carmen Gloria Aravena, Luz Ebensperger, Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes y Ximena Rincón, presentaron un proyecto que modifica la ley N° 19.418, con el objeto de fortalecer el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la comunidad y apoyar la acción de sus dirigentes.

Según se explica en la moción, las juntas de vecinos “han cumplido y continúan cumpliendo variadas y valiosas funciones de bien común en los barrios, poblaciones y localidades. Se desarrollaron durante todo el siglo XX como expresión colectiva y autónoma de los habitantes para impulsar mejoras indispensables para su bienestar en relación con múltiples necesidades del hábitat”.

Asimismo, se destaca su rol en temas ligados a la vivienda, pavimentación y servicios básicos, temas ambientales, las áreas verdes, el transporte público, incluso las demandas de ciertos colectivos como niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Pese a lo destacado de las acciones, a juicio de los legisladores mocionantes, hay “un debilitamiento estructural de las juntas de vecinos que, más allá del innegable servicio a la comunidad que siguen brindando y de varias notables experiencias positivas de desarrollo local que las han tenido como protagonistas, plantea, después de más de veinte años de vigencia de la ley actual y al conmemorarse cincuenta desde la dictación de la ley que inauguró esta forma de organización y participación vecinal, importantes desafíos a su regulación, en términos de estructura organizativa, convivencia, servicio a la comunidad, participación y vinculación con el poder local, entre otras dimensiones.

¿Qué busca el proyecto?

Mejorar la actual regulación orgánica de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, sus funciones y atribuciones, las formas y modalidades de participación en los territorios vecinales, locales y comunales y los mecanismos de vinculación y responsabilización recíproca respecto de las autoridades municipales.

Sobre esta base, en particular el presente proyecto de ley busca, con sentido de contemporaneidad, recuperar y dar un renovado impulso al valor originario de las juntas de vecinos como centro unitario representativo, integrador de la comunidad del respectivo sector, población o localidad e interlocutor por definición ante el municipio y otras autoridades o servicios, y poner de relieve dimensiones esenciales de las juntas de vecinos como su autonomía, la promoción de la convivencia y su carácter de medio para hacer efectiva la participación territorial.

¿Y qué aspectos se propone resolver?

Propone resolver la trampa de la atomización y dispersión implicada en el marco legal que permite pluralidad de juntas de vecinos en una misma unidad vecinal. En este marco, se propone que en tales casos, todas las juntas de la respectiva unidad vecinal deban constituir una junta territorial, especialmente como dispositivo aglutinador e interlocutor preferente para tratar los asuntos, planes, obras y presupuestos de común interés con la municipalidad.   

En este marco, ¿las municipalidades tendrían algún rol?

Las municipalidades, a través de su órgano deliberativo, tendrá  el  deber  de  escuchar  la opinión de las juntas de vecinos y territoriales en los procesos formales que conducen a la aprobación del plan de desarrollo comunal, el plan comunal de obras y sus respectivos presupuestos.

En esta misma línea, el proyecto procura generar una mayor incidencia de las juntas de vecinos en la delimitación o modificación de los límites de las unidades vecinales y en su acción de bien común en esos, sus territorios jurisdiccionales.

¿Qué materias abordarían las juntas de vecinos?

Con tal propósito, reordena y sistematiza el conjunto de funciones y atribuciones de las juntas de vecinos desde el punto de vista de las áreas o materias que abordan: 1) vivienda, urbanismo y medio ambiente; 2) convivencia y participación vecinal; 3) seguridad pública; 4) atribuciones económicas y de servicios; 5) educación, cultura y recreación; 6) protección de derechos; 7) fortalecimiento y capacitación organizacional.

El proyecto innova reconociendo un conjunto de derechos y deberes propios de las organizaciones sociales, de modo de dar respuesta a cuestiones fundamentales que las afectan cotidianamente. De este modo, se incluyen, entre otros, el derecho al respeto de su autonomía, el derecho a la información, a la formación y capacitación de dirigentes y vecinos/as, el derecho a acceder a procedimientos concentrados y expeditos tipo "ventanilla única" en los municipios, y a disponer de asistencia y asesorías técnicas y jurídicas en los casos que la requieran. Por otra parte, se explicitan algunos deberes básicos como los de transparencia, probidad y funcionamiento democrático, entre otros.

¿El proyecto contempla sanciones de algún tipo?

Establece infracciones y sanciones por faltas a la probidad, entre las que destaca la inhabilitación de los dirigentes que sean contratados por la municipalidad o por otras entidades por encargo o delegación de aquella. Para estos efectos, dota a las juntas de vecinos de titularidad para ejercer acciones de interés público ante los tribunales de justicia y ante otros órganos administrativos frente a determinados conflictos e infracciones que afecten colectivamente a los vecinos, facultad que incluye la ampliación de sus posibilidades de ejercer el reclamo por ilegalidad municipal ante las cortes de apelaciones.

¿Y la transparencia y probidad están presentes?

Aborda también el mejoramiento de algunas reglas de democracia interna de las organizaciones, normas sobre administración y control financieros como la rendición de cuentas periódicas y transparentes y el eficiente y equitativo uso de los bienes comunitarios, entendiendo que estas reglas de funcionamiento democrático aportan a desarrollar buenas prácticas internas, a mejorar la efectividad de la acción y también a promover la convivencia en la comunidad en torno a su territorio de vida.

Para mejorar la sustentabilidad administrativa de las organizaciones vecinales se propone establecer legalmente una asignación reservada para gastos de administración que se incorpore a todas las subvenciones o recursos que la municipalidad les transfiera a través del FONDEVE u otros mecanismos.

El texto comenzó a ser analizado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo, instancia que conoció las visiones de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Asociación de Municipalidades de Chile, y de la Asociación Nacional de Secretarios Municipales.