Pensiones alimenticias: nuevo estatuto para incentivar su pago apunta a un cambio cultural
La iniciativa despachada por el Congreso modifica los procedimientos administrativos y judiciales de retención y pago y crea el Registro Nacional de Deudores de alimentos cuya administración estará a cargo del Registro Civil.
7 de octubre de 2021
Con la convicción de promover un cambio cultural en materia de corresponsabilidad parental, el Congreso despachó el proyecto que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (Boletín N° 14.077-18).
En la última semana de septiembre y tras dos jornadas de debate, el Senado aprobó en general y particular todas las normas que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones y luego se despejaron las dudas respecto a indicaciones y solicitudes de votación separada del texto legal. Luego, esta primera semana de octubre la Cámara Baja hizo lo propio, dejando así el proyecto en condiciones de ser promulgado como ley de la República.
La iniciativa iniciada en mensaje del Ejecutivo, se fundamenta en que derecho-deber alimentario constituye un derecho humano fundamental, que al Estado le corresponde respetar, promover y darles efectividad en favor de los niños, niñas y adolescentes, según detalló en su informe la senadora Isabel Allende , presidenta de la Comisión de Mujer.
Además, promueve el principio de corresponsabilidad parental, en donde los padres deben tener los mismos deberes, responsabilidades, derechos y oportunidades en el ámbito familiar, particularmente en el resguardo de los intereses superiores de los hijos; lo que se traduce en la modificación de los procedimientos administrativos y judiciales en materia de retención y pago de pensiones alimenticias adeudadas, además de otras medidas que promuevan y garanticen el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Tras una amplia reflexión, la indicación de las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste, Adriana Muñoz y Marcela Sabat que establecía que "no podrán ser candidatos a gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales el tener una inscripción vigente en el registro en calidad de deudores", no obtuvo el quórum necesario y se acordó en conjunto con el Ejecutivo tramitar –con celeridad- un proyecto de ley aparte donde se regule integralmente esta materia “como una señal al país de que se aumentan los estándares”, dijo la senadora Allende. Al respecto, intervinieron además, los senadores Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde, Francisco Huenchumilla, José García Ruminot y Alejandro Navarro.
Por otro lado, la senadora Ena Von Baer solicitó la votación separada de la norma referida a considerar como maltrato de violencia intrafamiliar, las conductas ejercidas en contexto de relaciones afectivas o familiares que tengan como objeto la vulneración de la autonomía económica de la mujer, patrimonial o subsistencia económica de la familia. En esa línea, explicó que diversos expertos advirtieron que no era prudente establecer un castigo penal porque finalmente se estaban estableciendo dos sanciones a una misma conducta: el registro y el delito de maltrato habitual. Finalmente, tras un amplio debate, la norma se aprobó por estrecho margen.
El senador José Miguel Durana afirmó que “el abandono deliberado de miles de niños y adolescentes es un problema grave y el estado no ha sido capaz de responder adecuadamente”.
El senador David Sandoval recordó que “según la encuesta Cadem de noviembre de 2020 el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de ellas el 65% no recibe contribución alguna de pensión”.
La senadora Ena Von Baer, afirmó que “este un hecho que nos avergüenza porque la mayoría de las personas que debiera pagar las pensiones de alimentos no lo hace y eso duele porque el incumplimiento es con un hijo que sufre doblemente la falta de apoyo económico y de afecto”.
El senador Francisco Chahuán valoró esta iniciativa y recordó que “en 2014 presentó un proyecto (Boletín 2765-07) y pese a que hubo innumerables sesiones de comisión quisiera pedir que se agilicen porque tiene que ver con los procedimientos”.
La senadora Luz Ebensperger afirmó que “esta situación ha sido calificada de vergonzosa, ya es triste que las madres o hijos recurran a tribunales y peor aún que siendo condenados por tribunales y obligados a pagar, aun así no lo hagan”.
La senadora Ximena Órdenes dijo que “este proyecto es la respuesta a una realidad que se agudizó durante la pandemia y es la mejor muestra de cómo ha impactado en la sociedad y en la política la visibilización de un drama cotidiano”.
La senadora Yasna Provoste afirmó que “según cifras de la Corte Suprema, a septiembre de este año se habían recibido más de 900 mil solicitudes de retención de fondos de AFP por deudas de pensiones de alimentos en los 3 retiros. De esta forma se puso de manifiesto el grave problema que existe en el país”.
La senadora Marcela Sabat, dijo que “el año pasado se aprobaron los retiros de la AFP y la retención del 10% de esos mismos fondos, por deudas de alimentos y se reveló que había 84% deudores de los cuales la gran mayoría son hombres. Este es un derecho no un favor”.
La senadora Isabel Allende destacó el trabajo conjunto con ministros de Justicia y de la Mujer, es muy importante entender que este instrumento nos permite lograr el pago de las pensiones de alimentos que es una vergüenza y un daño para niños, niñas y adolescentes.
El senador Felipe Kast, aseguró que “si hay algo que indigna es que los niños terminen pagando las consecuencias y la verdad es que miles de mujeres ven estos abusos y quiero felicitar a la ministra de la Mujer porque hoy tenemos un verdadero Dicom de pensiones”.
La senadora Ximena Rincón puntualizó que “este interés en las deudas de alimentos viene de una realidad: antes de los retiros de la AFP, la deuda llegaba a 84% afectando a más de 70 mil niños niñas y adolescentes. Por eso, presentamos una indicación para la retención del 10% de esos retiros y hago un público reconocimiento a mi equipo de trabajo y las mujeres y a todos quienes trabajaron en esta legislación”.
El senador Rodrigo Galilea, coincidió en que “si había algo en qué legislar era la garantía del pago de las pensiones alimenticias, porque muchas veces el pago se transformaba en un verdadero calvario”, “por lo tanto, todo lo relativo a procedimientos se debe también mejorar”.