Regulación de los precios de los exámenes: cuerpo médico advierte sobre efectos en "la calidad y oportunidad de la atención”

Como una norma bien inspirada pero que generaría un detrimento de la calidad de las prestaciones calificaron una serie de médicos especialistas al proyecto que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente.

La propuesta de autoría de los senadores Guido Girardi, Carolina Goic, Francisco Chahuán y Rabindranath Quinteros, busca establecer que ningún examen ni procedimiento médico podrá costar más de un 50% del arancel del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Asimismo, se establece la obligatoriedad de publicitar estos precios.

Los legisladores de la Comisión de Salud deberán formular indicaciones hasta mediados de mes, por lo que se encuentran en pleno proceso de escucha. La idea es conocer la impresión de todos los actores vinculados con la realización y costos de los exámenes, antes de redactar mejoras al texto.

En la sesión del martes 3 de agosto fue el turno de escuchar a la directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS Chile), la doctora May Chomalí; a la representante de la Sociedad Chilena de Radiología, la doctora Claudia Passano; el experto en gestión de salud, Rodrigo Alcoholado; el representante de la Sociedad de Medicina Nuclear, el doctor Christian Pérez; el representante de Más Médicos, el doctor Renato Acuña; y la gerente general de la Asociación Gremial de Dispositivos Médico de Chile (ADIMACH), Gabriela Garnham.

Todos reconocieron que se requiere transparentar la información médica pensando en el paciente. Se habló que en la actualidad los enfermos no conocen su ficha clínica histórica porque se atiende en distintos prestadores y el resultado de esos exámenes que arrojan un diagnóstico, no están en línea disponibles para toda la red de salud (pública y privada). También se hizo ver que se debe terminar con la “ceguera del paciente”, de manera que conociendo el precio de todas la alternativas de atención se pueda tomar una decisión informada.

Asimismo, los facultativos expresaron sus diferencias con la norma en primer trámite, argumentando que “generaría un ditrimento de la oferta y la calidad de los exámenes y procedimientos”, “retrasaría el diagnóstico oportuno ante el retraso de los resultados “, “las regiones se verían aún más relegadas en cuanto a acceso y calidad de la atención”, y “el gasto de bolsillo en salud se concentraría en los medicamentos y los exámenes solo representarían un 9,5% de este ítem”.

También se hizo ver que la premisa sobre la cual se elaboró el proyecto (las exacerbadas diferencias de precios entre prestadores por diversas prestaciones), sería tendenciosa puesto que “se requiere un estudio de costos que contemple todas las prestaciones, todos los prestadores y criterios como calidad, oportunidad de la entrega de resultados, acreditación y disponibilidad de agenda, entre otros”.

La Modalidad de Atención Institucional (MAI) o arancel FONASA como valor de referencia también fue declarado como “en desuso”, idea que fue apoyada por los senadores de manera transversal como también la necesidad de escuchar a todos los que soliciten expresar su opinión. “El fin es entre todos mejorar este proyecto”, sintetizó el presidente de la instancia, el senador Rabindranath Quinteros.