Establecimientos que reciban la subvención escolar serán sin fines de lucro

Tras un amplio debate sobre las normas que modifican la ley de subvenciones, la Sala del Senado acordó en votación dividida que los establecimientos educacionales que reciban la subvención estatal serán "sin fines de lucro".

El concepto forma parte de los elementos centrales del proyecto y generó una ardua polémica entre senadores de la Nueva Mayoría que abogaron por el fin del lucro y sus pares de la Alianza que aseveraron que "no hay relación entre lucro y calidad de educación". Tras la votación, estos últimos hicieron reserva de constitucionalidad.

Asimismo, se aprobó -en votación dividida- los fines educativos para los cuales se podrá usar la subvención, norma que también generó debate y anuncio de reserva de constitucionalidad por parte de la Alianza.

Cabe recordar que para mañana jueves, se tiene contemplado finalizar el proceso, por lo que se llevará a efecto una nueva sesión especial entre las 09 y las 12 horas. Según el acuerdo de los Comités, si al término de esa jornada, quedan artículos pendientes por votar, se procederá a hacerlo sin debate ni argumentación.

La discusión de esta jornada se inició con la aprobación de una norma que suprimió el criterio socioeconómico, religioso, de discapacidad, nacionalidad, etnia y cultura como argumento para seleccionar a alumnos en los procesos de admisión. Así se ratificó el sentido de erradicar la discriminación arbitraria del proyecto.

Luego se eliminó la facultad que tendría el sostenedor de un establecimiento de informar los tipos de pruebas a los que serían sometidos los postulantes a estos recitos. Ello, tomando en consideración el mismo principio de no discriminación.

En tanto, por más de una hora se debatió una indicación –que fue rechazada- que buscaba reemplazar el texto acordado por las Comisiones Unidas de Educación y Hacienda. La propuesta de autoría de senadores de la Oposición, consideraba razonable que una persona que se sintiera discriminada, pudiera esgrimir “distinciones, exclusiones o restricciones (…) justificadas (…) en el número 11 del artículo 19 de la Constitución Política”, es decir, la libertad de enseñanza.

Los congresistas Andrés Allamand, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma, Ena Von Baer y José García Ruminot aseguraron que era necesaria esta redacción, puesto que lo contrario, se iba a aprobar una norma que contraviene la Ley Zamudio y la propia Carta Fundamental, lo que calificaron como “una aberración o payasada jurídica”.

Desde la vereda contraria, los senadores Ignacio Walker, Fulvio Rossi y Alejandro Navarro explicaron que no existe tal contradicción, “puesto que no se puede aludir a la libertad de enseñanza para discriminar arbitrariamente a un estudiante”. A su vez, recordaron que Chile ha firmado la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza que permite distinciones razonables como que los colegios de hombres o mujeres, religiosos, o particulares, puedan tener sus propios sistemas de admisión.

Dado el rechazo de la indicación, se aprobó el texto consensuado de las Comisiones Unidas que establece que no podrá usarse la libertad de enseñanza para justificar cualquier discriminación arbitraria.

Los senadores Larraín y Espina hicieron ver lo confusa que resultaba la redacción de este apartado, perspectiva que compartieron -en parte- los legisladores Letelier y Lagos, quienes sin embargo, votaron a favor de esa norma. A su vez, el congresista Jaime Quintana insistió en la necesidad de defender la no discriminación; mientras que el senador Chahuán pidió votación separada para precisar los alcances de cada frase.

La discusión continuó con el rechazo de una indicación -24 votos en contra y 13 a favor- presentada por los senadores Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Víctor Pérez y Ena Von Baer que buscaba permitir que establecimientos pudieran impartir  actividades educacionales sin contar con reconocimiento oficial, mientras se tramitaban los permisos respectivos.

Tras desechar la propuesta, los senadores aprobaron con 23 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención el artículo referido al reconocimiento oficial y con 24 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, las disposiciones relativas a los requisitos que se deben cumplir para obtener dicho reconocimiento.

En tanto, para ordenar la discusión y alcanzar a debatir los aspectos que son más relevantes para los senadores, se propuso la modalidad de discutir todos los temas relativos al lucro para luego proceder a votar las normas respectivas, permitiendo sólo una argumentación.

Así las cosas, se rechazó –con 14 votos a favor y 23 en contra- una indicación de los senadores Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Víctor Pérez y Ena Von Baer que buscaba reemplazar el concepto “sin fines de lucro” por el de la “calidad” en la educación.

A renglón seguido, se votó el artículo que consagra que la subvención que se recibe del Estado será “sin fines de lucro”, lo que se aprobó con 23 votos a favor y 14 en contra. La Alianza hizo reserva de constitucionalidad en este punto.

Los senadores Ena Von Baer, Juan Antonio Coloma, Andrés Allamand, Jacqueline Van Rysselberghe y José García Ruminot insistieron en que esta iniciativa no apunta a mejorar la calidad de la educación y adicionalmente puede afectarla, porque se puede producir el cierre de colegios de calidad que actualmente atienden a familias vulnerables y de clase media. Agregaron que la iniciativa está mal enfocada y no sólo “sataniza” el lucro, sino que también establece cárcel, lo que a su juicio es una pésima señal.

Asimismo, reconocieron que el actual sistema educativo ha considerado un importante avance en materia de cobertura y lamentaron que no se haya priorizado partir legislando para mejorar la educación pública, lo que iría en directo beneficio de la clase media y las personas más vulnerables. Respecto del traspaso de inmuebles en los que operan los establecimientos, criticaron que se esté traspasando el tema a los bancos y señalaron que hubiera sido más efectivo regular los arriendos.

Una opinión diametralmente opuesta manifestaron los senadores Alejandro Navarro, Carlos Montes, Ignacio Walker, Eugenio Tuma y Jaime Quintana, quienes manifestaron que cualquier grupo o persona jurídica puede crear un colegio con lucro, pero lo que no se va a permitir es que se lucre con aportes del Estado, pues ello será sancionado. Señalaron que con ello se establece un tipo de sociedad basada en la meritocracia y no en el bolsillo de los padres, además de terminar con la segregación.

Asimismo, explicaron que con esta iniciativa se empieza a cambiar el modelo establecido en la dictadura, pues Chile es el único país en el mundo que permite el lucro con fondos públicos en educación, copago y selección. Agregaron que junto con eliminar el lucro, se le permitirá al sostenedor recuperar la inversión, pues a la mayoría se les permitirá “autocomprarse” su inmueble a precio comercial con 100% de garantía estatal a 25 años plazo, pagadero contra la subvención hacia futuro.

En tanto, los senadores Fulvio Rossi, Juan Pablo Letelier, Guido Girardi, Rabindranath Quinteros y Ricardo Lagos Weber defendieron  la importancia de la calidad y aseveraron que “el lucro no ha ayudado a que la educación chilena sea de mayor calidad”. A juicio de los legisladores, esta materia tiene que ver con cuál es el motor del proyecto educativo, más allá de los excedentes.

En tal sentido, indicaron que “en educación, con platas públicas no se hacen negocios” y concordaron que “se debe pensar en cuál es la educación que queremos para nuestro país”. Asimismo criticaron que el argumento disidente se base en la libertad económica, y señalaron que “el fin del lucro tiene que ver con recuperar las confianzas”.

Por su parte y pese a votar contra el lucro, el senador Carlos Bianchi lamentó que no se consideraron las distintas realidades a nivel nacional y los buenos resultados de los colegios particulares subvencionados en regiones. “Aquí el cuestionamiento debiera ser el mal uso del lucro en educación”.

Posturas contrarias hicieron presentes los senadores Hernán Larraín, Francisco Chahuán, Alejandro García Huidobro, Alberto Espina, Jaime Orpis, Baldo Prokurica e Iván Moreira, quienes argumentaron que este proyecto “no tiene que ver con los temas de fondo que afectan a la educación chilena” y está más orientado a una visión estatista, lo que consideraron un error.

“El lucro no necesariamente es incompatible con el uso de los recursos fiscales, sino que la calidad del servicio que se entrega”, señalaron y entregaron cifras como que el 73% de los colegios particulares subvencionados solo cuentan con un establecimiento, un 70% pertenece a profesores y el 40% más pobre estudia en colegios subvencionados particulares de forma gratuita.  “Aquí se debería procurar el buen uso de los recursos y de la calidad”, señalaron.

Ante esto llamaron a abordar “los verdaderos problemas de la educación chilena; en el articulado prácticamente no se hace referencia a la calidad” y recordaron que esta era una de las demandas de la revolución pingüina, además de dejar constancia que se va en contra de la opinión de los padres y apoderados que han privilegiado a los colegios particulares subvencionados, lo que “traerá mayor incertidumbre”.

Luego, el debate se centró en cómo se podrán utilizar las subvenciones por parte de los sostenedores. En tal sentido, se rechazó con 14 votos a favor y 22 en contra, una indicación de los senadores Allamand, Coloma, García Ruminot, Pérez Varela y Von Baer que buscaba flexibilizar la forma en cómo se puede gastar la subvención.

Al respecto, los senadores Von Baer y Allamand señalaron que era fundamental darle posibilidad a los proyectos educativos para que se desarrollen de manera diversa y no que tengan que gastar sobre una “lista o catálogo” que establezca cuales son los fines educativos. Agregaron que la norma establecida en el proyecto va en contra de la tendencia mundial que entrega más autonomía a los establecimientos y en contraposición entrega “una nómina taxativa e imperativa de lo que los colegios pueden hacer”, razón por la cual anunciaron reserva de constitucionalidad en este punto.

Una opinión distinta manifestaron los senadores Montes y Quintana, quienes señalaron que con la norma propuesta en el proyecto los recursos públicos para educación seguirán siendo públicos y no serán patrimonio del sostenedor. Agregaron que se busca “que haya reglas para que no se desvíen los recursos, para que no haya lucro disfrazado” y precisaron que todos los expertos coincidieron en que los fines educativos establecidos en el proyecto son los necesarios para el desarrollo de un proyecto educativo.

Puesto en votación el conjunto de normas sobre el tema, fueron aprobadas con 23 votos a favor y 14 en contra.

También se aprobó una indicación de los senadores Jorge Pizarro, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar para precisar un tema de remuneraciones.