Senado aprueba veto al resguardo de la infraestructura crítica por parte de las FF.AA. pero no logró acuerdo en la Cámara Baja
Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo, apuntaban a especificar la cadena de mando para materializar un jefe de la defensa nacional y agregar la utilización de las Reglas de Uso de la Fuerza, entre otros puntos.
19 de julio de 2022
Pese a que el Senado aprobó el veto al proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, el texto que modificaba las responsabilidades que deberá asumir la cadena de mando en los casos que estipula la ley, no obtuvo el respaldo necesario en la Cámara de Diputadas y Diputados, con lo cual no hay ley sobre la materia.
La Sala del Senado aprobó las modificaciones presentadas por el Ejecutivo por 36 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Cabe consignar que la propuesta fue previamente revisada por los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
En concreto, el veto apuntaba a especificar la cadena de mando para materializar un jefe de la defensa nacional, definir atribuciones vía reglamento, agregar la utilización de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y explicitaba que la prórroga sería cada 60 días y podrán ser sucesivas.
El presidente de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker contextualizó la discusión del veto en la citada instancia, tras lo cual se generó un debate entre los congresistas respecto a la tramitación de la moción de autoría de los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena.
Mientras algunos legisladores acusaron al Gobierno de “estar ausentes de la discusión legislativa, lo que provocó descoordinaciones que ahora deben resolverse a través de un veto”, otros aseguraron que “el Ministerio del Interior escuchó a las Fuerzas Armadas que recomendó ahora, hacer precisiones”.
Son atribuciones del presidente de la República:
“Disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando la infraestructura crítica que debe ser protegida. La protección comenzará a regir desde la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial.
La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país. Se entiende incorporada en este concepto la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.
El Presidente de la República, a través del decreto supremo señalado en el párrafo primero, designará a un Jefe de la Defensa Nacional a cargo de las Fuerzas dispuestas para la protección de la infraestructura crítica. El Jefe de la Defensa Nacional asumirá esta tarea con las atribuciones y deberes que determine el decreto supremo de conformidad con la ley y el respectivo reglamento.
En ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en esta Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, debiendo ajustarse el uso de la fuerza a los principios y reglas contenidos en dichas normas. Las Fuerzas Armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por iguales períodos, con acuerdo del Congreso Nacional. El Presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional, al término de cada periodo, de las medidas adoptadas y de los efectos o consecuencias de la ejecución de esta atribución”.
“Tengo observaciones de forma y fondo. El presidente de la Comisión de Constitución calificó este veto como sustitutivo y no me parece. Lamento que no se haya dado una discusión adecuada. Esta era una facultad importante que se le daba al Presidente como una herramienta previa al estado de excepción, creo que hay más confusión ahora”.
“Este proyecto con la colaboración de todos, ha demostrado que ser una herramienta efectiva. La ministra Siches recoge recomendaciones del mando de las Fuerzas Armadas para que la ley sea más efectiva. Lo importante es el objetivo del instrumento que es dar seguridad. La referencia de cargo o mando de la defensa nacional es uno de los aspectos abordados”.
“Quisiera reivindicar el rol del Senado. Esto no era sencillo porque el Gobierno no mostró una convicción el primer momento cuando los senadores Pugh y Aravena presentaron este proyecto. Se nos presentó un veto con imperfecciones que se fueron corrigiendo. Esto nunca se pensó para un territorio determinado. Quiero destacar el rol de todos con voluntad”.
“Este veto se esperaba hace mucho tiempo porque el Ejecutivo no acompañó el debate en la Comisión. El proyecto de infraestructura crítica no viene a reemplazar el estado de excepción constitucional, hay que entenderlo. Felicito a los senadores Pugh y Aravena que mejoraron el proyecto. Insisto que estas normas solo funcionan en la medida que se avance en la agenda legislativa de seguridad”.
“Voto a favor de este veto y lamento que el Ejecutivo haya reaccionado tan a última hora. Este proyecto apunta en una dirección complementaria al estado de excepción. La actual prórroga de la macrozona sur vence en semana regional. Le pido ministra que lo votemos. Los atentados no son necesariamente en la infraestructura crítica”.
“Esta reforma está prevista para servir en todo el territorio nacional y anticipar fuerzas para estar al resguardo de servicios esenciales antes de que ocurran los eventos. Estamos dando forma a algo que ya existe, pues desde 1941 las fuerzas armadas resguardan los procesos eleccionarios”.
“Valoro las buenas intenciones de los autores de esta iniciativa, pero la verdad es que no es gratis porque sabemos que estos temas y medidas incomodan a gran parte del oficialismo que no quiere prorrogar el estado de excepción. Creo que el gobierno ha sido demasiado permisivo, ha dado malas señales y ha faltado una correcta coordinación legislativa”.
“Aquí se expresan las mayorías y la voluntad del Senado de proteger los bienes e infraestructura crítica como hospitales, escuelas y la actuación de las fuerzas armadas y las policías. Luego está la figura de quien coordina las estrategias. Es una ley profundamente democrática, por lo tanto, es un avance en la protección de la población y orden público”.
“Nos ha llamado la atención la total indiferencia y nula participación del gobierno y creo que debe tomar nota de esto para que no ocurra. Creo que el veto sustitutivo no era el camino para hacer mejoras porque se debió haber realizado un trámite prelegislativo. Aun así nos sigue pareciendo un proyecto fundamental y creemos que es importante que se convierta en ley”.