Sistema de justicia: darán continuidad a excepciones por efectos de la pandemia

Tal como lo hizo la Comisión de Constitución, la Sala del Senado aprobó de manera unánime y con sentido de urgencia, dado la cercanía de los plazos, el proyecto que modifica y complementa la Ley N°21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia. Fue el presidente de esa instancia legislativa, senador Pedro Araya quien explicó los alcances del proyecto a sus pares de la Sala.

Se trata de un proyecto que permite prorrogar la ley vigente que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales producto de la pandemia y que quedaría sin efecto -de no aprobarse esta ley- tras el término del estado de excepción constitucional que vence este 30 de septiembre.

Con esta iniciativa, se busca dar continuidad al sistema de justicia por un plazo razonable y acotado -hasta el 30 de noviembre del 2021- a fin de mantener el régimen de excepción para los procesos ante tribunales, las audiencias y actuaciones judiciales, y una serie de acciones que se adoptaron para dar seguridad a la salud de las personas.

De esta forma, se permitirá generar un espacio de tiempo adecuado para que los tribunales de justicia y los demás actores institucionales que intervienen en los sistemas de justicia puedan ir proyectando e implementando las medidas necesarias para darle continuidad a los servicios, una vez que expire la vigencia de la ley Nº 21.226.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, agradeció la expedita tramitación que le dio la Comisión de Constitución (Vea aquí la sesión) y posteriormente la Sala.

Durante el trámite en Comisión, el secretario de Estado explicó que este proyecto permitirá dar continuidad al sistema de justicia, mientras se termina la tramitación de una iniciativa (Boletín N°13.752-07) que permite enfrentar de manera permanente el contexto de sobrecarga de causas pendientes y limitar, a la vez, la presencia física de las personas en los tribunales entre otras disposiciones. (Vea la nota relacionada)

Dicha iniciativa, dijo el Ministro, está cumpliendo su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, y la idea es que pueda estar despachada y promulgada del Congreso antes del 30 de noviembre de este año.

Entre los puntos que considera el proyecto está la derogación de un artículo que se refiere a la suspensión de los términos probatorios en materia civil; se incorpora un artículo que prolonga de manera acotada y breve la vigencia de la ley N° 21.226 hasta el 30 de noviembre de 2021 (10 días hábiles posteriores a esa fecha); e introduce una disposición que regula la forma en que se retomarán los términos probatorios, lo que se hará a petición de parte, desde la fecha en que se notifique la resolución que acoja la respectiva solicitud.

"Esta es una ley urgente, el estado de excepción se termina el 30 de septiembre y eso significa que la ley se termina ese día y tenemos que tenerla promulgada en esa fecha. De ahí la urgencia", dijo el Ministro.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya, citó a la instancia para tratar esta iniciativa apelando al criterio que estableció el Senado para los casos de proyectos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia del Covid, los que tienen prioridad para su trámite.

En tanto, la Comisión inició el estudio de un proyecto, en segundo trámite, que modifica el Código Penal para agravar e incrementar las penas de los delitos que sean cometidos contra niños y niñas, adultos mayores o personas en situación de discapacidad (Boletín N° 14107-07).

Cabe recordar que esta iniciativa es conocida como "Ley Tamara", en honor a Tamara Moya una pequeña que falleció cuando su familia fue sometida a una "encerrona" y amenazados con armas de fuego.

Fue la Subsecretaria de la Prevención del Delito, María José Gómez,  quien explicó los alcances del proyecto, señalando que éste refuerza la protección penal a la infancia, adultos mayores y población discapacitada. Agregó que la propuesta legal no cambia las penas, sino que establece agravantes y en algunos casos aplica el máximo de la pena y en otros excluye el mínimo.

Los senadores solicitaron que se proporcione una suerte de tabla para ver el efecto real de la aplicación de agravantes y señalaron que realizarán audiencias, entre ellas, con el padre de Tamara y también con representantes del MOVILH, antes de someter a votación la iniciativa.