Delito de usurpaciones: Sala inició el debate en general
En la primera jornada de discusión del proyecto, la Sala del Senado abordó en profundidad el efecto y alcance de la iniciativa, el negocio ilegal de las tomas, la violencia de las usurpaciones y los instrumentos legales para las familias que esperan durante años una reubicación, entre otros temas. En tanto, la votación quedó aplazada para el próximo martes.
4 de agosto de 2022
Con el aplazamiento de su votación en general hasta la próxima semana quedó el proyecto, en primer trámite, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.
De este modo, la iniciativa que tuvo su origen en dos mociones de senadores y senadoras se someterá a votación el próximo martes 9 de agosto, a solicitud del Comité del Partido Comunista.
Durante la primera jornada de debate se abordó en profundidad el efecto y alcance de la iniciativa, el negocio ilegal de las tomas, la violencia de las usurpaciones y los instrumentos legales para las familias que esperan durante años una reubicación, entre otros temas, vinculados a la agenda de seguridad pública y la insuficiencia de los instrumentos legales.
Mientras los senadores partidarios de la iniciativa defendieron la oportunidad para que el Ejecutivo se involucre en la protección de las familias contra la usurpación de sus bienes y otorgue urgencia a este proyecto introduciendo las modificaciones que considere necesarias; sus pares detractores del proyecto argumentaron que tal como está redactada la iniciativa no resolvería los problemas de fondo y traería consecuencias indeseadas, criminalizando las tomas en general.
Por una parte, la iniciativa apunta a diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles, para modificar la limitada sanción dispuesta en la ley actual y, por otra, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos mediante una sanción eficaz, confiriéndole carácter delictivo a la respectiva conducta.
Para tales objetivos se elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, a fin de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
El senador José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad, dio cuenta de la iniciativa que tiene su origen en dos mociones presentadas por los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García Ruminot y Kenneth Pugh, y otra de senador Felipe Kast y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer.
Precisó que la iniciativa ha tenido una amplia discusión y aclaró que existen otras 12 mociones que abordan las mismas materias.
Senador Enrique Van Rysselberghe
“Esta iniciativa ha estado en el centro del debate en las últimas semanas producto de la inseguridad que se vive especialmente en la marcozona sur. Incluso cuando Héctor Llaitul anunció la toma de 7 fundos… y frente a eso cabe preguntarse cómo piensa reaccionar el gobierno a esta amenaza porque hoy la usurpación es un delito que solo tiene sanciones de multas”.
“Este delito de usurpación no ocurre solo en La Araucanía, tenemos el caso de Valentina Correa y su familia que ha debido enfrentar el asesinato de su padre por parte de un sicario por el solo hecho de reclamar en tribunales la devolución de sus terrenos tomados… Este proyecto es una aspiración de miles de familias que ven sus casas y terrenos usurpados. No se refiere a quienes –por necesidad extrema- viven en una mediagua”.
“Si estamos discutiendo un proyecto como éste, que es parte de la agenda de seguridad, es gracias a los Comités, pues el Ejecutivo no le ha dado urgencia y tampoco se encuentra presente en este debate. Este proyecto sanciona a quien con violencia ocupa un inmueble”.
“Este proyecto enfrenta un tema que es real en distintas zonas del país y lo hace para que la gente recupere su propiedad. Efectivamente existe gran cantidad de terrenos que llevan bastante tiempo ocupados, sin embargo, me parece un mal proyecto que no es útil para resolver el problema de la usurpación y apunta a todo tipo de asentamientos… Cambiemos la figura por un juicio más rápido y una flagrancia más rápida”.
Senadora Carmen Gloria Aravena
“Cuando presentamos el proyecto lo hicimos por miles de ciudadanos que viven con sus predios ocupados y no creo que corresponda calificar si el texto es malo o no. El proyecto lleva 533 dias de trámite y si algún parlamentario considera que no es bueno ¿por qué no presentaron otro? , por qué no se presentan las modificaciones necesarias y se discute".
“Necesitamos poner al día nuestra legislación que tiene más de 140 años y, si se requieren indicaciones, entonces, por qué no se aprueba en general la norma y luego todas las indicaciones que sean necesarias… Un informe de Carabienros de Chile adiverte que las limitaciones se enmarcan en la cuantía de la pena dado que la usupación tienen penas de multa y no proceden las medidas cautelares”.
“Este proyecto surge en un contexto cuando durante el gobierno anterior se redujo la ejecución presupuestaria para la compra de tierras. Eso significó que comunidades mapuches que llevaban años esperando empezaron a ocupar. Este proyecto iba a tener efectos en tomas de terrenos urbanas incluso algunos especialistas advirtieron que iban a afectar incluso a tomas universitarias. Dijeron que era deficiente, contradictorio e inútil”.
“Este proyecto lleva más de 500 días de trámite y lo que hay es una cultura de impunidad que se está incoando desde el Ejecutivo porque le hemos pedido dar urgencia a este tema. Parece inexplicable que se vote en contra de la idea de legislar, pues tenemos un problema grave y exponencial de la ocupación de los predios”.
“Hoy la pena al delito de usurpación es insuficiente. Las tomas de terrenos fiscales y privados ha mermado la seguridad jurídica de Arica. También es derecho humano, la protección de la propiedad humana. No podemos seguir dilatando este proyecto. No hay populismo penal cuando se protegen los ahorros de las familias”.
“Hay que recordar que las usurpaciones fueron parte del acción del Estado que favorecieron a particulares no indígenas. La Fiscalía registra un fuerte aumento de ocupaciones desde que la Conadi disminuyó la compra de tierras. No estoy de acuerdo con que hayan usurpaciones, pero no puedo dejar pasar la Historia”.
“Las argumentaciones que se han hecho hacen referencia a la realidad de la Araucanía, ¿el resto del país debe tener el mismo criterio? Este proyecto no contribuye. Nos dicen que la justicia no actúa pero nosotros actuamos en los loteos irregulares, hoy se puede actuar. La solución no pasa por acá”.
Me preocupan las declaraciones del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, porque no es cuestión de decirles a pequeños y medianos agricultores que ‘si le toman el predio no se preocupen porque les conviene igual pues se las vamos a pagar. Es un win win’. Qué frivolidad hay agricultores y familias que tienen una vocación por el campo y por la seguridad alimentaria”.
“Los que no estamos de acuerdo con esta norma es porque creemos que este proyecto no da el ancho para solucionar el problema de fondo y se requiere otro que logre soluciones concreta. No avalo tomas violentas ni especuladores pero hay temas que vienen de una deuda histórica, de la falta de diálogo y el proceso de restitución de tierras. Estamos poniendo todo en el mismo saco usurpaciones violentas con tomas de familias que se sienten criminalizadas, porque llevan 25 años para una reubicación”.
“Hubiese sido deseable un rol más activo del gobierno pero me parece valioso que un conjunto de parlamentarios presentara esta moción. Se apunta a enfrentar la usurpación y ocupación de inmuebles y cómo se readecua el concepto de flagrancia que es el mayor problema”. “Por otro lado, si el Estado no cumple con el auxilio a los ciudadanos usurpados también trae consecuencias indesables”.
“Creo que el proyecto podría atraer consecuencias no deseadas respecto a lo que se pretende legislar. No da ninguna certeza de que no pretenda criminalizar situaciones de protesta social o los temas de familias que están a la espera de soluciones habitacionales”. “Creo que el texto va en contra de la situación mapuche con una respuesta penal”.
“Este es un tema doloroso. Todos sabemos que es un problema que existe en La Araucanía y nadie está pensando en criminalizar las tomas. Debería estar la voluntad para discutir estos temas, el Ministerio Público, el Poder Judicial coinciden en que hay que legislar, entonces no comprendo por qué no se busca una solución”.
“Siempre hemos rechazado el uso de la violencia sin distinción de donde venga y las usurpaciones son hechos de violencia y se viven en todo el país. En este proyecto solo queremos abrir la discusión y ver la mejor solución, al menos intentarlo por lo tanto negarse a legislar me parece que no es lo correcto”.
“Vivir en democracia significa cumplir las reglas y las usurpaciones son actos violentos y denigrantes contra las personas. Da la impresión que lo que se busca es legislar es cómo se hacen las tomas en lugar de centrarnos en cómo resolvemos los problemas de las personas. No podemos avalar las tomas sean donde sean”.