Buscan acuerdo por PGU: Comisión de Trabajo conoce antecedentes ad portas de su votación el lunes

Tras tres sesiones donde los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social han analizado con la cartera del ramo y de Hacienda, el Consejo Consultivo Previsional, el Superintendente de Pensiones y el Instituto de Previsión Social, el articulado y el impacto fiscal del proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), los senadores afinan su inminente votación.

El próximo lunes 17 de enero, los legisladores discutirán con el Ejecutivo algunos planteamientos que apuntan a mejorar el contenido. La idea es consensuar algunos conceptos relacionados con parámetros de afluencia, los efectos en las rentas de invalidez y particularmente, la necesidad de generar una herramienta simple aplicable a todos los beneficiados determinados por la norma.

Al respecto, el senador Rodrigo Galilea, integrante de la Comisión de Trabajo se mostró optimista para un pronto despacho del proyecto en la instancia. “Creo que hay una propuesta sólida de parte del gobierno. Hay sectores de la oposición que han dicho que se necesitan más tributos, sin embargo, el ministro de Hacienda ha dicho que están dispuestos a ver alguna alternativa, en términos de allegar recursos extras”.

No obstante, aseveró que “los recursos están asegurados. Se podrá hacer una nueva incorporación, pero si uno mira en qué condiciones se aprobó reforma del pilar solidario en la reforma previsional del 2008 son los mismos de la actual propuesta. No hay mayor diferencia y debiéramos avanzar ojala la próxima semana en aprobar este proyecto”.

La presidenta del Senado, la senadora Ximena Rincón, quien lidera la Comisión de Hacienda adelentó que se espera que la semana del 17 de enero se apruebe el texto en la Comisión de Trabajo pasando así a Hacienda. En esta instancia la norma sería tramitada en conjunto con la recién arriba desde la Cámara Baja: la que reduce o elimina exenciones tributarias que indica también conocido como la que financia la PGU (Boletín N° 14.763-05).

Vamos a “poner todas las sesiones que sean necesarias, vamos a pedir autorización a la sala para legislar en paralelo, porque creemos que es algo muy importante”, dijo la parlamentaria. “Estamos conversando con el Ejecutivo, con los colegas de Hacienda, más los diputados y el equipo de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric. Además, hemos sostenido conversaciones con el actual gobierno y estamos trabajando para destrabar un tema que es fundamental. No hay discusión frente al instrumento, la pensión básica universal, que hoy se llama PGU, es un instrumento donde hay acuerdo, el tema es que tenga los recursos para ser financiado”, aclaró.

En cuanto a contenido a la PGU como tal, es posible resumir su contenido en los siguiente puntos:

• Sustituye al Pensión Básica Solidaria
• No genera impuestos porque la financia el Estado
• Corresponde a un monto de 185 mil pesos por beneficiario
• La administración de dicha pensión estará en manos del Instituto de Previsión Social (IPS) (ex INP) y se reajustará de acuerdo al IPC
• Los beneficiarios deberán tener 65 años, pueden ser pensionados o trabajadores activos, y no deben integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de ese sector. Se estima que 2,4 millones de personas recibirían la PGU.
• Para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a 630 mil pesos y de hasta un millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.

SESIONES DE ANÁLISIS

En la jornada del 5 de enero, la Comisión de Trabajo escuchó al Ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero aseguró que esta pensión favorecerá al 90% de los adultos mayores solo que la cuantía dependerá del monto de la pensión o ingreso que ya perciba la persona, y la composición su pensión (si es autofinanciada, si tiene algún monto subsidiado por el Estado, etc.)

En tanto, el 10 de enero, intervino el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Carlos Díaz; y el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. Entre las conclusiones de esa sesión estuvo la importancia de analizar el instrumento dado el alto costo fiscal que representa. De hecho, se estimó que en el 2023 representaría un 1,88% del PIB llegando al 2025, a un 2,07%.

En esa ocasión también se estudió las opciones metodológicas que se barajan para determinar el 10% de la población más rica mayor de 65 años explicándose lo complejo que resulta usar criterios como el ingreso dada la composición de los grupos familiares. En ese contexto, se hizo ver que el Registro Social de Hogares (RSH) no funcionaría como herramienta porque no considera el factor patrimonial. Es más, en la sesión del 5 de enero, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar declaró que “el RSH contempla a todos los integrantes de la familia pero no siempre los ingresos de ese grupo llegan a los adultos mayores, es decir, no tienen autonomía financiera”.

Finalmente, el 12 de enero, hizo uso de la palabra el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Patricio Coronado, momento en que se analizó rol de este organismo en el pago de las pensiones considerando le entrega de subsidios estatales versus el servicio que prestan las AFP y compañías de seguros.

También se hizo presente el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien adelantó principios del proyecto que elimina exenciones para lograr financiar la pensión, declarando que “en régimen, la PGU tiene un mayor costo fiscal de 0,95% del PIB”.