Comisión Mixta de Seguro Clase Media Protegida retoma tramitación
Hasta el 8 de enero, los parlamentarios y el Ejecutivo tendrán plazo para presentar indicaciones. Los recursos de este mensaje se destinarían a agilizar cirugías de la lista de espera No Auge.
7 de diciembre de 2023
En la discusión presupuestaria donde se revisaron los fondos del Ministerio de Salud (MINSAL) para el 2024, el Ejecutivo se comprometió a agilizar las listas de espera quirúrgicas No Auge. Para hacerlo, prometió financiar en lo inmediato, el proyecto que crea un Seguro Clase Media Protegida que se encuentra en Comisión Mixta, comprometiendo 28 mil millones de pesos que solventarían 10 mil cirugías.
En ese marco, se reactivó el pasado jueves 30 de noviembre, la instancia que reúne senadores y diputados. Su presidente, el senador Francisco Chahuán recabó el acuerdo de sus colegas para fijar como plazo para presentar indicaciones el 8 de enero. La idea es que ese día lleguen el MINSAL y los parlamentarios con disposiciones que permitan tener un texto de consenso, de hecho, se conformará una mesa de trabajo donde confluirán asesores de ambas partes.
Cabe recordar que la norma iniciada en mensaje de la segunda administración Piñera, crea un Seguro de Salud Catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA.
La idea es que los pacientes de la red pública de salud puedan ser ayudados por el Estado a costear sus prestaciones (intervenciones quirúrgicas y tratamiento de enfermedades que deben incluir medicamentos hospitalarios y ambulatorios, insumos hospitalarios, honorarios médicos, hospitalizaciones, atenciones post hospitalarias y complicaciones post operatorias), una vez que cumplan un rango de gasto (deducible).
Las diferencias entre ambas Cámaras, se generó luego que los diputados y diputaras aprobaran el texto en primer trámite, pero en el Senado se rechazara la idea de legislar por no reunir el quórum necesario en Sala. Con antelación, su contenido fue revisado por las comisiones de Salud y Hacienda. En concreto, el concepto de deducible y su cuantía; y la exclusión de las clínicas de la lista de prestadores fueron las piedras de tope de la tramitación.
Al retomar el debate, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; y el director de FONASA, Camilo Cid explicaron que ahora el proyecto deberá ajustarse al proyecto de ley corta de Isapres (Boletín N° 15896-11). Esto debido a que la propuesta en trámite, contempla la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria de FONASA que precisamente es una suerte de seguro complementario que permitirá a los afiliados del sistema público, acceder a prestadores privados pagando una prima.
La propuesta establece en la Modalidad de Libre Elección (MLE), una cobertura financiera especial, que se denominará “Seguro Catastrófico”, para intervenciones quirúrgicas y tratamiento de enfermedades que deben incluir medicamentos hospitalarios y ambulatorios, insumos hospitalarios, honorarios médicos, hospitalizaciones, atenciones post hospitalarias y complicaciones post operatorias.
“Para el otorgamiento de cada una de las intervenciones y tratamientos definidos, FONASA suscribirá preferentemente convenios con prestadores del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SS) u otros prestadores públicos, universitarios o sin fines de lucro. De no tener oferta suficiente, se podrá suscribir convenios con prestadores privados. La adjudicación de los convenios deberá ser precedida por una licitación pública, en la cual se establecerá en las bases un arancel de referencia que será obligatorio para el prestador”, cita el mensaje.
Un punto complejo del proyecto recae en los deducibles. La idea es que los afiliados a Fonasa puedan salir de las listas de espera para cirugías. Para ello serán derivados a los citados prestadores. Luego se cuantifica el gasto y se determina el deducible a pagar según el tramo del seguro. El resto de la cuenta lo pagará el fisco.
Históricamente las personas de los tramos A y B no cancelan nada por la atención de salud. Son afiliados que no perciben renta o una cercana al ingreso mínimo (310 mil pesos). En este proyecto se plantea que los afiliados de las letras B, C y D paguen 4,8 del ingreso mínimo mensual (un millón 440 mil pesos); y la letra A cancele 2,5 del citado indicador (752 mil pesos). Esto sería el techo del gasto.