¿En qué consiste el proyecto que impediría el alza de las tarifas eléctricas?

Preocupación existe respecto a la inminente alza de las tarifas eléctricas tras el congelamiento de éstas desde el 2019 con motivo de la pandemia. De acuerdo a lo informado por las autoridades este mes de julio dichas tarifas deberían subir un 47%, esto si no se aprueba un proyecto que ayude a saldar la deuda acumulada.

En ese marco surge la tramitación del proyecto que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios, el que se discute hoy en la Comisión de Minería y Energía en el Senado que preside la senadora Loreto Carvajal.

La próxima semana será clave para saber si la propuesta del Ejecutivo se convierte en ley, en qué condiciones queda el texto y por supuesto, cómo lo aprobado termina por afectar las cuentas de la luz de los consumidores.

A continuación algunas claves de la propuesta y su contexto.

En la ley N° 21.185 de 2019 se congelaron las tarifas de la electricidad como una forma de responder a las demandas ciudadanas expresadas en tras el estallido social. Ello implicó congelar el pago de contratos a las generadoras de energía, por 1.350 millones de dólares, monto que se suponía iba a solventar los costos hasta junio 2023, sin embargo, dichos fondos ya fueron extinguidos generando una nueva deuda.

El 1 de julio el Ministerio de Energía –a través de la Comisión Nacional de Energía CNE- debía emitir un decreto a la Contraloría informando las nuevas tarifas, pero si ello se materializa se produciría un alza promedio de un 47%. Por lo tanto, la cartera decidió postergar el envío de dicho decreto hasta que se apruebe el proyecto presentado por el Gobierno.

El proyecto que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios. Luego de diversos cambios al texto en la Cámara Baja y en el Senado, la norma consta de dos elementos:

• Fondo de Estabilización de las tarifas eléctricas

Será administrado por la Tesorería y aplicará para clientes regulados.

El Ministerio de Hacienda podrá disponer aportes anuales de 20 millones de dólares.

Dentro del cargo por servicio, los clientes deberán aportar al fondo en función de su consumo mensual:

Menos de 350 kw/h estarán exentos de cargo (aquí está el 90% de los clientes residenciales)

Entre 350 y 500 kw/h pagarán 0,8 pesos por kw/h

Entre 500 y 1000 kw/h pagarán 1,8 pesos por kw/h

Entre 1000 y 5000 kw/h pagarán 2,5 pesos por kw/h

Más de 5000 kw/h pagarán 2,8 pesos por kw/h

• Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente (MPC)

Busca impedir el alza de las cuentas de la luz durante el año 2022 y permitir solo alzas graduales durante la próxima década

Se fijan tablas de consumo de energía para este año y para la década 2023-2032. Al igual que el fondo de estabilización se determina el consumo mensual en kw/h indicándose el precio estabilizado más el IPC y el porcentaje adicional por tramo.

Durante las sesiones que ha sostenido la Comisión de Minería y Energía, las principales críticas que han surgido apuntan a la prioridad que le ha dado el Ejecutivo a otras fuentes de energía, principalmente al petróleo que ha sido financiado mediante el Mecanismo de Estabilización del Precios de los Combustibles (MEPCO). Se cuestiona también la cuantía de los aportes versus los acotados fondos que se disponen a electricidad.

Otra de las observaciones apunta a que no se impulse una política de subsidios como sí se hace con otros servicios básicos como el agua potable. Ante ello, el Ministerio de Hacienda argumentó que “los dineros que se destinarán al fondo son un aporte neto fiscal”; mientras que el Ministerio de Energía aseguró que “lo importante no es entregar subisidios a la luz sino asegurar la necesidad energética”.

Son diversas las instancias que han sido escuchadas en la Comisión de Minería y Energía del Senado, entre ellas, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados (ACENOR), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el 'think tank' Libertad y Desarrollo (LyD), el departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Santiago (USACH), el Consejo Minero y las Generadoras de Chile, entre otras.

Varias de ellas hicieron ver sus aprensiones y críticas sobre el proyecto haciendo presente los siguientes argumentos: “no se enfrenta el alza de la electricidad con la misma fuerza que la de los combustibles fósiles”, “se crearán mecanismos que generarán nuevas deudas”, “se pone en riesgo el desarrollo de las empresas generadoras pequeñas y medianas renovables”, “las pymes deberán pagar el alza por consumir más de 350 kw/h”, “no hay evaluación del impacto del cargo adicional” y “el Estado debe asumir –a lo menos- la mitad de la deuda a partir de la ley del 2019”.

En este escenario, la Comisión y el Ejecutivo acordaron formar una mesa de trabajo donde participen los ministerios de Energía, Secretaría General de la Presidencia y Hacienda, los asesores de los senadores y representantes de las asociaciones y actores invitados.

La idea es que entre todos se redacten indicaciones de consenso que puedan ser aprobadas el lunes 11 de julio en la Comisión de Minería y Energía.

El lunes 11 la Comisión de Minería debería aprobar el proyecto en general y particular. El martes 12 debería hacer lo propio la instancia de Hacienda, de manera que ese día por la tarde, la Sala se pronuncie.

Luego sería el turno de la Cámara Baja para revisar los cambios aprobados en el Senado en el tercer trámite. Si éstos son respaldados, el texto se va a ley; de lo contrario, deberá conformarse una Comisión Mixta para zanjar discrepancias.

En cualquiera de los casos, las tarifas eléctricas seguirán congeladas a la espera que salga humo blanco desde el parlamento.