Extensión de cotizaciones para el seguro ante accidentes laborales y la creación de un fondo para el acompañamiento de menores serán analizados por la Comisión de Hacienda

La Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas.

El mensaje posee suma urgencia, más aún, al considerar que el 31 de marzo del presente año expira la obligación de una cotización  extraordinaria del 0,05% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, en favor del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744.

El objetivo de la norma es hacerse cargo del financiamiento de mediano y largo del plazo del Fondo de Contingencia de las Mutualidades de Empleadores, asegurando la sostenibilidad financiera de estas entidades y el respaldo de los compromisos futuros de pago de las prestaciones económicas por conceptos de pensiones y sus incrementos extraordinarios.

Para ello -tal como se desprende de las argumentaciones del texto legal- se ha estimado necesario extender la vigencia de la cotización extraordinaria a contar del mes de abril de 2017, estableciendo una disminución gradual hasta su extinción definitiva, en diciembre de 2019, para que el Fondo de Contingencia alcance el monto estimado al de los pasivos que está llamado a financiar.

Por otro lado, el mensaje se hace cargo de la necesidad de fortalecer su sistema de protección social ampliándolo a contingencias que hasta hoy no se encuentran cubiertas y que al verificarse, producen un impacto severo en las familias, afectando sus ingresos laborales, su calidad de vida y su trayectoria de desarrollo. Estos avances son posibles en la medida que se implementen en forma gradual, con sostenibilidad financiera y con el compromiso de todos los sectores. El AUGE, el Seguro de Cesantía, la universalidad en la educación preescolar, el Sistema de Pensiones Solidarias y, más recientemente, la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo (“Ley Luis Ricarte Soto”) entre otras políticas públicas, son una prueba que ello es posible.

Ahora bien, una de las circunstancias imprevistas que afectan más severamente a una familia corresponde al período en que alguno de sus hijos menores de edad enfrenta una condición grave de salud y de alto riesgo vital. El cáncer o la necesidad de un trasplante de órgano son condiciones de salud inesperadas que requieren que un niño, niña o adolescente no sólo cuente con la atención médica necesaria, sino también con el cuidado, atención y acompañamiento de sus padres durante el período más crítico del tratamiento y de este modo, avanzar más rápidamente en la recuperación de su salud.

Haciéndose cargo de esta necesidad, el Gobierno ha resuelto impulsar un proyecto de ley destinado a crear un seguro obligatorio, de carácter solidario, que beneficie a las madres y padres trabajadores de hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 ó 18 años de edad, dependiendo de la contingencia cubierta, afectados por una condición grave de salud, con el objeto que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, recibiendo durante este período de tiempo una prestación económica que reemplaza total o parcialmente su remuneración mensual, la que será financiada con cargo al seguro. Este proyecto de ley, en consecuencia, crea el fondo a través del cual se financiará este seguro.