Adultos mayores: legisladores instan a asegurar sus derechos y abrir una línea de crédito social para el sector

El Senado solicitó a la Presidenta de la República enviar a la mayor el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para su aprobación y ratificación, conforme lo preceptúa el artículo 54 N° 1 de la Constitución Política. Asimismo, se le solicitó al Ejecutivo la creación, por parte del Banco Estado, de una nueva línea de crédito "social" destinada al adulto mayor, en condiciones de cobro de tasas y de pago de los mismos que realmente respondan al carácter "social" del crédito.

Ambos proyectos de acuerdo fueron respaldados por unanimidad y continuarán su tramitación respectiva.

La primera propuesta fue patrocinada por los senadores Francisco Chahuán, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García Ruminot, Alejandro García Huidobro, Alejandro Guillier, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez Varela, Baldo Prokurica, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi, y Patricio Walker, quienes recordaron que el 15 de junio de 2015, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las persona mayores, el que aún no ha sido ratificado por nuestro país.

La convención establece, entre otros:

- La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.

- La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.

- La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.

- La igualdad y no discriminación.

- La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

- El bienestar y cuidado.

- La seguridad física, económica y social.

- La autorrealización.

- La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.

- La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.

- El buen trato y la atención preferencial.

- El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

- El respeto y valorización de la diversidad cultural.

- La protección judicial efectiva.

- La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna."

Asimismo, se hace presente que "en nuestro país el envejecimiento de la población ha ido aumentando en forma creciente, al punto que según muchos estudios realizados al efecto, en unos veinte años más, alcanzará sobre el 5 % de la población total, dada la alta expectativa de vida existente, superior al resto de Latinoamérica".

"En tal virtud, se hace necesario que nuestra nación, en calidad de Estado Parte de esta Convención, la ratifique a la mayor brevedad, para cuyo efecto se precisa que la Presidenta de la República envíe su texto, en conformidad al artículo 54 N° 1 de la Constitución Política de la República, para la aprobación pertinente", remata el texto legal.

En otro orden, el Senado también aprobó que se solicite a la Presidenta de la República y al Ministro de Hacienda la creación, por parte del Banco del Estado, de una línea de crédito social destinada al adulto mayor.

Los parlamentarios explicaron que los "créditos sociales son préstamos en dinero que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.) otorgan a sus afiliados para cubrir diversas necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar".

Éstos pueden ser de consumo para financiar bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, ahorro previo para la adquisición de viviendas, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza también pueden ser créditos hipotecarios destinados a la adquisición, construcción, ampliación y reparación de viviendas, y al refinanciamiento de mutuos hipotecarios, créditos educacionales destinados a préstamos destinados a financiar estudios superiores y por ultimo créditos para microempresarios destinados a financiar proyectos o la ampliación de proyectos ya iniciados de los afiliados a las C.C.A.F.

El monto de las cuotas que el afiliado se obliga a enterar a una Caja por concepto de un crédito social otorgado, es deducido de la remuneración o pensión por la entidad que corresponda, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se rige por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, dichas facultades de cobro de los créditos entregados, que resultan bastante exorbitantes, la misma ley se las entrega a las Cajas de Compensación.

No obstante, explican los autores, "hemos conocido muchos casos de adultos mayores que han sufrido abusos por parte de las Cajas de Compensación, las cuales les entregan créditos que de "sociales" tiene muy poco o en definitiva nada, cobrándole altos intereses y lo que es más grave aun descontándole de sus bajísimas pensiones las cuotas correspondientes, generando para estos adultos mayores más que un beneficio un gran perjuicio al fin de cuentas", por lo que propusieron el proyecto de acuerdo.

Entre los solicitantes se encuentran los senadores Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, José García Ruminot, Alejandro Guillier, Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón, Baldo Prokurica, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi, Ena Von Baer, Ignacio Walker, Patricio Walker, y Andrés Zaldívar.