Avanza moción sobre uso de agua de mar para desalinización

Tras 16 sesiones de profundo análisis, la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía despachó a Sala el articulado del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre el uso de agua de mar para desalinización.

Cabe recordar que en septiembre de 2018 la Sala del Senado respaldó la idea de legislar y, luego, la moción recibió una veintena de indicaciones. Revise nota relacionada

La iniciativa busca establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público; crear una Estrategia Nacional de Desalinización, con la finalidad de establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras; entre otros objetivos.

En la última sesión de estudio, la Comisión abordó aspectos relacionados al sometimiento al sistema de evaluación ambiental de las plantas desalinizadoras.

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Al respecto, Magaly Espinosa, asesora del Ministerio de Obras Públicas, aclaró que el Ejecutivo, a través de una indicación a la ley general sobre bases del medio ambiente, está incorporando la tipología de las plantas desalinizadoras, pero se advirtió que esto aún no es ley.

Con todo, actualmente las plantas desalinizadoras que se someten a evaluación, “se les aplica el reglamento actual, en donde se establece que las plantas de tratamientos de agua se someten y se evaluarán siempre y cuando abastezcan una población mayor a 10 mil personas”, aclaró Espinosa.

Los integrantes de la instancia parlamentaria dejaron constancia que no es lo mismo planta de tratamiento de agua, que planta desalinizadora, pero a la fecha es la única forma de poder evaluarlas y a futuro hay que plantear la mejor fórmula.

“Es un análisis que se debe desarrollar en base, no de la población abastecida, sino que también en base a factores de impacto ambiental especifico”, declararon los legisladores.

Al mismo tiempo se explicó que le corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental siempre someter a evaluación, ya sea a través de simple declaración o una evaluación de impacto ambiental.

El texto original fue patrocinado por los senadores Adriana Muñoz, Isabel Allende, Alejandro Guillier, Felipe Harboe y Jorge Pizarro y una vez elaborado el informe, le corresponderá a la Sala del Senado pronunciarse.