Creación de plantas desalinizadoras de parte del Estado: respaldan proyecto en general

Hasta el lunes 22 de octubre se recibirán indicaciones para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Estado para la creación de plantas desalinizadoras. Esto, luego de que la Sala respaldara la moción por 24 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.

El texto legal tiene por objeto dar cumplimiento al mandato constitucional que exige al Estado una autorización legal para llevar a cabo actividades empresariales, en este caso concreto, aquellas destinadas a resolver de mejor manera el problema estructural que afecta al país en materia de gestión de recursos hídricos mediante la creación de plantas desalinizadoras.

Las divergencias se centraron en que un grupo de parlamentarios insistieron en que no es necesario el instrumento, pues –a juicio de los parlamentarios- el Ministerio tiene todas las facultades para la construcción de plantas desalinizadoras; sin embargo quienes respaldaron el proyecto, reforzaron la idea de una mayor capacidad del Estado con un marco institucional adecuado.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Adriana Muñoz, Isabel Allende, Pedro Araya, Víctor Pérez Varela, Felipe Harboe, Yasna Provoste, Carmen Gloria Aravena, Ena Von Baer, Alfonso De Urresti, Kenneth Pugh, José Durana, Jaime Quintana, David Sandoval, Alejandro Navarro, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumilla, Felipe Harboe, José Miguel Insulza, Ximena Órdenes, Juan Castro y la Directora General de Obras Públicas, Mariana Concha.

Con el proyecto de ley se busca facultar al Estado para llevar a cabo actividades empresariales con el fin de fomentar y desarrollar la creación y explotación de plantas desalinizadoras, además de permitir encomendar al Ministerio de Obras Públicas, el estudio, proyección, construcción, ampliación y reparación de obras, que digan relación con el fomento y desarrollo de la existencia de este tipo de plantas.

La Directora General de Obras Públicas, Mariana Concha, detalló el proceso de las plantas y precisó que los proyectos desalinizadores requieren concesión marítima, permisos ambientales (regulados a través del sistema de impacto ambiental), y establecer servidumbre para el traslado.

“El Ministerio tiene facultades para construir plantas para establecer sistemas rurales; tenemos amplias facultades, sin embargo la rentabilidad social la tenemos para pequeñas plantas. (…) Las empresas de servicio sanitario también pueden desarrollar plantas, recuperando el costo de inversión en las tarifas de los usuarios”, detalló Concha.

MUÑOZ

“La participación del Estado se hace necesaria, dado el escenario de sequía. (…) Estimo que se debe hacer un esfuerzo para un ordenamiento definido para las plantas, su propiedad, uso de agua tratada, cuidado al medio ambiente y protección de borde costero. (…) Las indicaciones permitirán un mayor análisis”.

ALLENDE:

“Este país está viviendo una sequía sin precedente histórico y por lo tanto como país somos vulnerables al cambio climático, por nuestra geografía particular y ¡para qué decir la Región de Valparaíso!. (…) Han surgido una gran cantidad de plantas de mieras privadas en el borde costero, con un costo medio ambiental y de uso de energía; aquí no hay una reglamentación clara”.

ARAYA:

“Votaré a favor, pero es indispensable regular los procesos de desalación, debiéramos avanzar en un marco general para regularlo. (…) Son necesarias políticas públicas claras en esta materia, con un marco jurídico claro, por ejemplo, con respecto a los tributos que pagan este tipo de plantas”.

PÉREZ VARELA:

“De lo que hemos escuchado queda claro que hoy no hay ningún obstáculo para que el Estado aborde proyectos de plantas desalinizadoras, por lo que el punto de la discusión no es si el Estado requiere más atribuciones, sino que se requiere de una política permanente (…), por lo que este es un proyecto innecesario”.

HARBOE:

“El punto está en fijar una política pública más amplia y entender que un desafío como desalinizar agua para recuperar suelos degradaos, mejorar procesos productivos, satisfacer consumo y por qué no agua para riego e industria agrícola, requiere de interlocutores y plazos de los procesos (…); además de un ordenamiento del borde costero para no cometer errores y afectar a zonas turísticas, marinas, residenciales, deportivas”.

PROVOSTE

“Hay ciudades en Chile donde el costo del agua es más alto y eso que aún no entran en operación las plantas desalinizadoras. Creo que el Estado debería no solo construir dichas plantas sino también operarlas para contar con agua de calidad y a precios justos”.

ARAVENA

“Valoro la iniciativa pero es difícil pensar que el proyecto va a resolver el tema de fondo porque lo que hace falta es una política de desalinización en Chile, el Estado ya tiene la facultad de instalar plantas y lo que se requiere es un marco regulatorio  y de coordinación para su funcionamiento”.

VON BAER

“Creo que el proyecto de ley no apunta a la problemática que se quiere mejorar. Se trata de regular esta actividad, hay que ordenar el borde costero pero este es un proyecto que, de manera etérea, plantea la posibilidad que el Estado pueda fomentar este tipo de plantas y hoy el Estado ya lo puede hacer y por eso desde mi punto de vista el proyecto no es necesario”

DE URRESTI

“Obviamente, habrá una gran presión sobre el borde costero para instalar estas plantas. Por lo mismo, felicitamos este debate pero creo que no es posible no contar con un ordenamiento en ese sentido y aquí lo que se requiere es una propuesta intergral”.

PUGH

“Creo que este proyecto debe ser tratado en forma conjunto con el que aborda el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09). Se requiere establecer una calidad jurídica del agua y precisar cuál es la política jurídica y en ese sentido, en esta iniciativa  que discutimos en general no encuentro nada novedoso”. 

DURANA:

“Estos proyectos pueden viabilizar la planificación para la pronta construcción de plantas desalinizadoras, lo que es de importancia extraordinaria, en especial para el norte, manteniendo en todo momento la protección al medio ambiente. (…) Si bien el Estado tiene todas las atribuciones, el planificar es un buen elemento y puede generar el desarrollo, además, de plantas para el tratamiento de aguas servidas”.

QUINTANA:

“No un hay buen aprovechamiento de los recursos hídricos, por lo que este es un tremendo debate. La iniciativa que aprobamos hace algunas semanas con amplia mayoría, buscaba un marco normativo, esa es la oportunidad que uno puede ver en este debate, por ello no entiendo los reparos”.

SANDOVAL:

“Hoy el ministerio tiene todas las facultades para llevar adelante estos proyectos, no hay ningún impedimento cuando se trate de obas para resolver suministro rural; la institucionalidad hoy existe. (…) Sin estar en contra del fondo del proyecto, tal como está planteado, no es necesario crear una nueva entidad. Voto que no”.

NAVARRO:

“Lo que viene es el agua de mar en materia de procesamiento para el uso de consumo humano. El boletín 10319-12, de mi autoría establece el cobro del uso del de agua de mar para las empresas mineras y para las termoeléctricas, teniendo presente que es un bien de uso público (…). Hubiera preferido que este debate derivara de atribuciones compartidas con el MOP para construir”.

GALILEA:

“Se ha dicho en todos los tonos que esta posibilidad el fisco ya la tiene. Empresas del Estado, como Codelco, no tiene ningún impedimento (…).Este proyecto no está resolviendo nada, porque esto ya está resuelto, es inútil (…)”.