Desalinización de agua de mar: idea de legislar es respaldada por la Sala

Pese a no concitar el consenso unánime de los senadores presentes, la moción sobre el uso de agua de mar para desalinización fue aprobada en general por 14 votos a favor y 8 en contra. La principal diferencia radicó en que -a juicio de algunos legisladores- el texto legal limitaría el agua de mar para desalinizar, además de traspasarle a la empresa privada un costo que no correspondería.

El proyecto de ley, patrocinado por los senadores Adriana Muñoz, Isabel Allende, Alejandro Guillier, Felipe Harboe y Jorge Pizarro, tiene por objeto regular ciertos vacíos e imperfecciones legales, que han quedado de manifiesto con el aumento de proyectos para la implementación de plantas desalinizadoras, los cuales se han aprobado sin mayor planificación, como consecuencia de la carencia de una normativa específica sobre esta materia, que resguarde el bien común, asegurando su utilización sustentable en aras del interés nacional.

Con todo, se mantiene el carácter de bien nacional de uso público respecto del agua de mar desalada que se obtiene del funcionamiento de las plantas desalinizadoras; dispone que el agua así desalada sólo podrá ser aprovechada por los titulares de la concesión marítima, en la cantidad y con la finalidad con que fueron requeridos, debiendo restituir a uno o más acuíferos cualquier exceso en las condiciones adecuadas para no producir daño al medio ambiente.

Asimismo se regula la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización y la instalación de plantas, procurando su utilización preferente para el consumo humano, doméstico y el saneamiento; el uso eficiente, armónico y sustentable del borde costero; evitar daños ambientales; recuperar acuíferos terrestres sobreexplotados, entre otros.

Durante el debate la senadora Adriana Muñoz  manifestó que esperan que en particular se introduzcan “las enmiendas necesarias para que el texto sea eficaz, teniendo en cuenta que existen 20 plantas desalinizadoras y hay 20 en trámite”. En otro orden, la legisladora enfatizó que la moción “no busca limitar el desarrollo de las plantas, sino que establecer un marco normativo que regule su gestión”.

A su turno, el senador Alejandro Guillier advirtió que “tenemos que tener presente que busca regular algo que se nos viene de todas manera. La sequía es parte de una menor disponibilidad de agua dulce y también de una mayor demanda, por lo que estimamos que la legislación vigente debe ser aclarada”.

“¡Esta es una oportunidad tremenda!”, exclamó el senador Alfonso De Urresti, aludiendo a la gran extensión de costa, la cercanía, “pero claramente nuestra legislación carece de instrumentos normativos que la regulen, hoy estamos expuestos a marítimas, cuando su fin es distinto. (…) La escases hídrica y el cambio climático colocara a Chile en una encrucijada y los efectos se están haciendo sentir”.

En tanto, la senadora Yasna Provoste recordó que la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía durante largo tiempo escuchó a una diversidad de organizaciones y personas que han contribuido al debate. Asimismo indicó que “junto con avanzar esta legislación se necesitan avances en otras leyes, como el Código de Aguas (...)”.

Sin embargo la voz disidente la hizo sentir la senadora Ena Von Baer, quien alertó que “cuando uno lee el espíritu del proyecto no es que tengamos necesariamente más agua dulce a través de plantas desalinizadoras (…). Lo que uno ve es la limitación del agua del mar para desalinizar (…). Lo que tenemos que generar es incentivos para desalinización y no desincentivos, que es lo que hay en el proyecto, por eso voto en contra”

Argumentación similar manifestó el senador Rodrigo Galilea. “El agua es desalinizada por un proceso industrial, no es un agua de la naturaleza, sino que es fruto de un proceso industrial, entonces es raro decirle a una empresa que hace un esfuerzo e invierte, decirle que es un bien nacional de uso público, creo que es una rareza conceptual”.

Asimismo, la senadora Carmen Gloria Aravena, precisó que “así como está redactado el proyecto es complejo (…). Siendo objetivos y entendiendo el sentido de esto creo que debería ser un tratamiento de políticas públicas o que el Estado invierta en desalinizadoras estatales. (…) Nos puede parecer bueno o malo, pero la empresa privada busca la rentabilidad y eso no podemos desconocerlo”.