Emergencia en Osorno: negligencias y cadena de errores abre llamado a caducar la concesión y a modernizar la legislación de servicios sanitarios

Aumentar los estándares de funcionamiento de las empresas de servicios sanitarios, así como la fiscalización del estado y la modernización de la legislación pertinente. Además de expresar la condena transversal por la emergencia vivida en Osorno fueron algunos de los conceptos vertidos por senadores de todos los sectores durante la sesión especial convocada para abordar la crítica situación vivida en las últimas dos semanas a raíz de la negligencia ocurrida en una planta de la empresa Essal y que afectó a más de 50 mil familias.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alejandro Guiller, Ximena Rincón, Juan Ignacio Latorre, Carlos Bianchi, Rabindranath Quinteros, Andrés Allamand, Yasna Provoste, Iván Moreira, Ximena Órdenes, Guido Girardi, Carmen Gloria Aravena, Alejandro Navarro, Adriana Muñoz, José García Ruminot, Alfonso De Urresti y Ena Von Baer. Además de ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno; de Economía Juan Andrés Fontaine y el Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas.

Los daños provocados a la población, sobre todo adultos mayores y menores, así como las pérdidas millonarias que han afectado a las pymes, junto a la incertidumbre frente a lo que fue catalogado como una “emergencia sanitaria y “una catástrofe ambiental“ fueron temas recurrentes en varias de las intervenciones de senadores donde hubo coincidencia en la necesidad de generar sanciones ejemplarizadoras, según lo contempla la ley, con la caducidad de la concesión a una empresa que ya mostraba un desempeño deficiente con numerosas sanciones y sumarios anteriores.

Sin embargo, los matices se suscitaron en cuanto a las consecuencias políticas, puesto que senadores del oficialismo llamaron a "no usar argumentos populistas" para arremeter contra todo un sistema que ha demostrado también algunos aspectos positivos, tales como, aumentar la cobertura de servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas.

Sin embargo, senadores de oposición dejaron de manifiesto que esta crisis reveló el "agotamiento de un modelo donde las empresas demostraron que el énfasis es maximizar sus ganancias y no realizan las inversiones debidas" y tampoco estarían "en condiciones de garantizar el suministro de un bien público vital para la población". Asimismo, coincidieron en mantener el foco en la responsabilidad del Ejecutivo.

En el marco de esta sesión especial se presentó un proyecto de acuerdo transversal mediante el cual se solicita el Presidente de la República que, “si lo tiene a bien, disponga de inmediato el inicio de un procedimiento sancionatorio contra la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.; aplique la sanción de caducidad de la concesión, y ordene efectuar una investigación acerca del rol ejercido, en este caso, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la ONEMI y la Intendencia Regional”.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.

Los parlamentarios solicitaron además “instruir al Superintendente de Servicios Sanitarios, la entrega del informe técnico de caducidad al más breve plazo.

Así como dictar el decreto respectivo de caducidad de todas las concesiones de servicios de producción y distribución de agua potable, y de los servicios de recolección y tratamiento de aguas servidas otorgadas a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, ESSAL, en el territorio jurisdiccional en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

Al respecto, pidieron disponer a la vez, la administración provisional del servicio.

Designar al administrador de entre aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en un registro público que para tal efecto lleva la entidad normativa.

Finalmente, solicitaron la apertura de una investigación sumaria a efectos de determinar:

a) La procedencia o no de responsabilidades en el manejo de la fiscalización y autorizaciones a la empresa Sanitaria ESSAL.

b) La procedencia o no, producto de lo anterior de un sumario administrativo.

c) Las sanciones que correspondan dentro de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en el Ministerio de Obras Públicas.

“Si este corte del servicio ocurriera en Santiago sería distinto. Esto tiene que ver con el centralismo”, dijo el senador Alejandro Guillier quien afirmó que “indigna la situación que tuvieron que atravesar los habitantes de Osorno. Este es un servicio básico humano y esencial. Por lo tanto, necesitamos ahondar en las responsabilidades y saber ¿cuál es rol del ente regulador?”

Para la senadora Ximena Rincón, estas situaciones ocurren cuando “una función pública (tan crítica como el abastecimiento de agua) es entregada a la administración privada”.  Junto con valorar el rol del Alcalde de Osorno, precisó que “más allá de la búsqueda de culpables lo que se persigue es la adecuada rendición de cuentas, junto con una adecuada resiliencia y resistencia de los sistemas para enfrentar las crisis”.

“La catástrofe de Essal dejó mas de una semana sin agua a unos 200 mil habitantes y pérdidas de más de 9 millones de dólares para las pymes”, recalcó el senador Juan Ignacio Latorre, quien se mostró partidario de una “regulación justa que separe los intereses privados de los públicos. Sabemos que hay grupos que han financiado la política”, dijo. Asimismo consideró que las actuales multas “son ridículas”.

Una “negligencia inexcusable de una empresa que afectó durante 11 días la vida de más de 50 mil hogares”, así calificó el senador Rabindranath Quinteros la tragedia donde quedó de manifiesto “la falta de inversión…esto no fue la culpa de un operario, la mezcla de agua con el combustible solo se detectó horas después y al momento de atender la emergencia la empresa no tenía ni camiones aljibes”. Asimismo recalcó que la responsabilidad del Ejecutivo no se extingue en la concesión.

“Esta empresa en cuestión ha sido objeto de más de 80 multas y en 2018 la Superintendencia encargó una auditoría para adoptar las medidas correspondientes”, afirmó el senador Andrés Allamand quien explicó que “pese a que existe una evidente precariedad en este servicio y se requiere reforzar la Superintendencia”, hay que tener cuidado con el virus del populismo porque se trata de un tema a resolver y eso no significa negar las ventajas de un sistema que permitió al país tener un alto rango de tratamientos de aguas servidas”.

“La razón de fondo de la crisis en Osorno, según el testimonio del único empleado a cargo de la planta, es que no funcionaba el flujómetro del estanque de combustible que abastecía el generador eléctrico, es decir, la salud de toda la población dependía de un marcador en mal estado. Todo esto para aumentar las ganancias de la empresa”, dijo la senadora Yasna Provoste quien consideró que “aquí ha sido el Estado el que ha vulnerado los derechos de las personas al no cautelar la continuidad de los servicios”.

En tanto, el senador Iván Moreira hizo un reconocimiento al rol que cumplieron en la emergencia autoridades nacionales y regionales del gobierno. A su juicio, aquí se trata de “una cadena de errores, incompetencias y desidia de Essal que es un símbolo de mala administracion con numerosos procesos sancionatorios en su contra”. Por ello, solicitó “como mínimo 6 meses de gratuidad para los 58 mil clientes afectados, líneas de crédito para ayudar a las pymes afectadas y sacar adelante una modernización de la legislación sanitaria que incluya el fortalecimiento de la superintendencia”.

“Se requiere terminar con la asimetría de información que existe entre las sanitarias y la ciudadanía en materia de fijación de tarifas”, argumentó la senadora Ximena Órdenes quien propuso la creación de un Consejo Ciudadano y la necesidad de buscar nuevas fórmulas para bajar las tarifas. Asimismo, mencionó que “otro desafío tiene que ver con el cambio climático ya que hoy se requiere saber si se fortalece la matriz productiva”.

Por su parte, el senador Guido Girardi, estimó que “lo importante es asegurar que esta situación no vuelva a repetirse. Aquí hubo negligencia gravísima, por ejemplo, tener el contenedor de petróleo en el mismo lugar de la toma de agua es la primera responsabilidad de empresa pero también la Superintendencia que durante años nunca tuvo un esquema de previsión de riesgo”.