Donación de alimentos: Comisión de Salud estudia vincular proyecto con disposición de la reforma tributaria

Concordar indicaciones con el Ejecutivo fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud respecto del proyecto que modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio, el que cursa su primer trámite.

La norma ha sido analizada por la citada instancia, la que en los próximos días deberá presentar un nuevo primer informe a la Sala. Esto luego que se generara un debate en una pasada sesión extraordinaria, donde se cuestionó la aprobación en general que tuvo el texto en la Comisión el 2018.

Así las cosas, los legisladores están intentando concordar dos visiones: la urgente necesidad de apoyar a los sectores más vulnerables, particularmente ahora con la crisis alimentaria fruto de la pandemia; y a la vez, hacer viable este tipo de ayudas sin perjudicar a la cadena de distribución (productores, importadores, exportadores, distribuidores).

Cabe recordar que la propuesta refunde una serie de mociones de autoría de los senadores Manuel José Ossandón y Guido Girardi, y en lo fundamental:

• Propone que los establecimientos comerciales donde se vendan y consuman alimentos preparados, tales como restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevar los alimentos no consumidos.
• Prohíbe la destrucción de alimentos que, no obstante haber perdido su valor comercial debido a circunstancias como mal embalaje, envases dañados o defectuosos, mala rotulación o proximidad del vencimiento, se encuentran aptos para el consumo o el uso humano.
• Establece que los supermercados de más de 100 metros cuadrados, deben donar los alimentos mal rotulados, con defectos de empaque o por vencer a organizaciones de caridad o destinar su uso como alimentación animal o compost agrícola.

En la última sesión de la Comisión, los legisladores escucharon al Ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado; al director del Servicio Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma; y al director del Departamento de Técnica Tributaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), Simón Ramírez.

La discusión se centró en el enfoque de la iniciativa, por lo que sectores oficialistas propusieron pasar de “obligar a donar” a “incentivar la donación”. En tal sentido, el ministro Alvarado precisó que “todos los proyectos que se han desarrollado de este tipo en el mundo, tienen el denominador común que tienen un carácter voluntario”.

La autoridad asimismo, recordó el trabajo que ha desarrollado por más de diez años, la organización privada sin fines de lucro, Red de Alimentos que creó el primer banco de alimentos de Chile. “El 2019, 240 mil personas se han visto favorecidas de esta red, y en lo que va el 2020 ya se ha superado esa cifra”, describió.

El director de la Dirección General de Aduanas reconoció que “nosotros no tenemos mayor injerencia en esta norma porque se trata de mercancías que ya ingresaron al país y pagaron sus impuestos. La mayor parte son cosas que se producen dentro de Chile”.

El énfasis en lo voluntario también fue mencionado por el representante del SII, quien explicó que “con la ley N° 21.210 (reforma tributaria), todo alimento apto para el consumo humano y cuya comercialización es inviable, puede ser donado a instituciones sin fines de lucro, las que a su vez los entregan a personas o entidades que los requieran. La idea fue generar un fuerte desincentivo a destruir productos que son muy necesarios para la ayuda social”.

Esta nueva legislación establece que “no se aceptará como gasto, y se afectará con un impuesto, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos y bienes procesados o terminados, tales como alimentos, productos de higiene y aseo personal, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción y remedios, entre otros, que aún se puedan usar y consumir”.

Cuestionando el enfoque del proyecto, los senadores Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea apuntaron a las dificultades prácticas que tendría su aplicación. “La merma industrial de alimentos alcanza un 1,5 % de la producción como máximo, y la merma de los supermercados bordea el 2%. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) habla de un excedente alimentario de un 30% pero la verdad es que eso debe salir del consumo domiciliario y lo que se daña en los trayectos de la mercancía entre el productor y el distribuidor”, hizo ver el segundo.

“La industria animal no recibe desperdicios vegetales y el compost agrícola no es viable en todo Chile, por ejemplo es imposible de hacer en el extremo norte. Todas estas consideraciones me preocupan”, remató el senador Galilea siendo apoyado por su par Ebensperger. Ella manifestó que “por estas consideraciones obligar a donar es algo que puede terminar complicando a aquellos que tienen el excedente de alimentos, dificultando la entrega”.

Asimismo, los senadores Carolina Goic, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros explicaron la importancia de aprobar esta propuesta en las especiales circunstancias en que vive el país. La primera mencionó la pertinencia de dejar establecido en la ley, un margen de flexibilidad, considerando –por ejemplo- el tamaño de la empresa productora de alimentos.

En tanto, el senador Francisco Chahuán destacó la exposición del SII, mencionando la conveniencia de “vincular este proyecto en discusión con la reforma tributaria recientemente aprobada, de manera de poner mayores incentivos a la donación”.

En lo legislativo, la Comisión acordó que los asesores de los senadores junto con representantes del Ministerio de Salud y el SII trabajen un conjunto de indicaciones para mejorar el texto. El próximo lunes 22 de junio, estas disposiciones podrían someterse a votación, de manera que esa semana el proyecto sea visto por la Sala.