Ley Nacional de Cáncer: pacientes y fundaciones definen prioridades a financiar

Garantizar que sea el Estado quien financie los medicamentos no cubiertos por el plan Auge-Ges y la ley Ricarte Soto, fomentar donaciones a cambio de rebajas tributarias, y unificar los sistemas de diagnóstico y tratamiento que utilizan las Isapres y Fonasa, fueron algunas de las recomendaciones que hicieron una serie de actores a la Comisión de Hacienda.

La instancia se encuentran analizando el articulado del proyecto que establece la Ley Nacional de Cáncer, norma que ya fue aprobada por los integrantes de la Comisión de Salud, quienes enfatizaron la pertinencia de transparentar el informe financiero de la norma iniciada en mensaje.

Existe consenso respecto de la necesidad de contar con un texto legal que permita articular una serie de esfuerzos públicos y privados que persiguen evitar la incidencia de cáncer en nuestro país, como así también mejorar el acceso a tratamientos y medicamentos oportunos. Lo que despierta diferencias es cómo se deben financiar los cambios que se proponen.

En concreto, se requieren fondos para dar forma al Plan Nacional del Cáncer que contempla la formación de oncólogos, el desarrollo de investigación científica, la instalación de una Red Oncológica de centros regionales de mediana y alta complejidad, la creación de un Registro Nacional del Cáncer y de un Fondo Nacional.

Este fue el trasfondo de las intervenciones que hicieron ver a los congresistas de hacienda diversos actores. En la sesión del martes 3 de diciembre hicieron uso de la palabra representantes de Ministerio de la Salud (Minsal), la Fundación Chilesincáncer, la Corporación Oncomamás, la organización de pacientes Fundación Nuevo Amanecer, la Corporación Valientes y la Cámara de Innovación Farmaceútica.

Los senadores le consultaron a cada uno qué valor le otorgan al proyecto y qué fondos son indispensables a su juicio. En este tenor, el presidente de la Fundación Chilesincáncer, Bruno Nervi apuntó a urgencia de formar especialistas recordando que “en la región metropolitana existen 20 oncólogos, pero por ejemplo en la región de Valparaíso son dos. La diferencia con regiones es inaceptable. Esto no es un problema que requiera dinero para solucionarse. Sólo falta modificar un reglamento que dificulta la formación”.

Por su parte, Beatriz Troncoso y Soledad Herrera de Oncomamás explicaron la situación de menores con enfermedades hemotológicas (relacionadas con el aparato circulatorio) de baja prevalencia que requieren trasplantes de médula, los que por no ser males oncológicos no tienen financiamiento garantizado Auge-GES. “Nosotros hemos sido testigos de las diferencias que hay en el sistema público y privado. No puede ser que la evaluación que se hace a donantes genéticamente compatibles con los menores enfermos sea efectiva y oportuna en las clínicas y no en los hospitales. Así perdemos tiempo, perdemos vida”, manifestaron.

Luego, la presidenta de la Fundación Nuevo Amanecer, Antonia Toledo enfatizó que “la prioridad debe ser la protección financiera para cubrir los medicamentos. Nosotros hemos estudiado el articulado del proyecto, pero a modo de resumen queremos solicitar que sea el Estado quien solvente el cien por ciento de esta ley que debe tener como principal foco entregar en forma gratuita los medicamentos que requieran todos los tipos de cánceres”.

La presidenta de la Corporación Valientes, Mónica Toro insistió sobre lo mismo haciendo ver que “los fármacos más costosos no están en la canasta Auge-GES y no puede ser que la única forma de pagar todo sea hacer bingos o rifas. Necesitamos test genéticos pensando en la prevención. Y lejos una de los temas que más nos preocupan son las quimioterapias. En los hospitales se recibe una genérica que se aplica a todos los pacientes, mientras que en las clínicas se estudia cada caso y se entrega un tratamiento específico. No puede ser que se siga haciendo esta discriminación todo por no tener el financiamiento correspondiente”.

Finalmente, la vice presidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), Mariela Formas explicó el rol que tienen los 23 laboratorios internacionales en la oncología. “Nosotros agrupamos a 23 laboratorios que son los que generan medicamentos innovadores, se trata de un 8,5% del stock que está en las cadenas de farmacias. Por eso la oncología forma parte importante de estos medicamentos”, describió.

De acuerdo a datos del Minsal actualizados al 2012, el costo directo por los distintos tipos de cáncer en el país es 720 mil millones de pesos considerando el sistema público y privado, mientras que por costo indirecto (ausentismo laboral y pérdida temprana de vidas) le cuesta al Estado 672 mil millones, por lo que el costo global corresponde al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los legisladores de la Comisión de Hacienda –considerando los comentarios de los expositores- consultaron acerca de los fondos que están garantizados hoy. El Minsal recordó que hay 20 mil millones de pesos dispuestos a equipamiento, parte de los cuales han comenzado a gastarse en la compra de mamógrafos y otros dispositivos. Estos dineros se replicarían cada año en la ley de presupuestos hasta el 2024.

También se mencionó la opción de las donaciones para captar recursos, por lo que se preguntó respecto a la situación de otras nacionales. Se mencionó el caso de Inglaterra donde solo existen centros de atención oncológica públicos que reciben donaciones. Éstas corresponden en un 6% a empresa con beneficios tributarios, un 30% a personas naturales que mueren por cáncer que entregan parte de sus herencias también con beneficio tributario y un 60% a donaciones directas de  ciudadanos, lo que no tiene beneficio tributario.

En la sesión también estuvieron presentes los senadores Carolina Goic y Rabindranath Quinteros de la Comisión de Salud, quienes hicieron ver sus dudas respecto al informe financiero de este mensaje. La legisladora planteó que “se habla de 20 mil millones de pesos que se usaron este año en la compra de equipos, un monto similar para el próximo año, 60 mil millones para cubrir cánceres que no están en la canasta Auge-Ges y la ley Ricarte Soto y 300 mil millones de pesos para montar los centros regionales oncológicos del país. Entonces todo suma 560 mil millones, pero no se ha trasparentado de dónde vendrán esos dineros”.

El informe financiero habla que el mayor gasto fiscal estará en la creación del registro nacional del cáncer que tiene un costo de 230 mil 580 miles de pesos (176 mil 580 pesos para diseño y desarrollo de la plataforma; y 54 mil millones por mantención anual). Asimismo se menciona que el mayor gasto fiscal que se dé el primer año de vigencia de la ley, se financiará con reasignaciones presupuestarias del Minsal.

El texto contempla que el Fondo Nacional de Cáncer se financiará por medio de donaciones y recursos provenientes de la cooperación internacional; mientras que se menciona que se establece un beneficio tributario para los contribuyentes de Impuesto de Primera Categoría que aporten al fondo.