Anticipan modificaciones a proyecto sobre modernización de las policías y abogan por un acuerdo y una política de Estado
Una reforma con visión de estado, objetivos integrados entre instituciones vinculadas a la seguridad y avanzar hacia una policía democrática y comunitaria, fueron algunas de las ideas que expresaron senadores durante el debate del primer proyecto que apunta a una reforma de las policías.
9 de enero de 2019Tras dos jornadas de discusión en general y por 37 votos a favor y 1 abstención, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín N° 12.250-25).
La iniciativa en primer trámite, quedó con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 17 de enero.
En la oportunidad, varios senadores coincidieron en el análisis más amplio de una reforma integral a las policías pues se trata de "una de las crisis más profundas de Carabineros desde su fundación, hace casi un siglo".
En esta segunda sesión dedicada al análisis del proyecto (Revise la nota relacionada) los parlamentarios ahondaron en sus argumentos sobre la reforma estratégica que ameritan las policías en el marco de un Estado moderno y una sociedad democrática. Ello, considerando que, en su origen, Carabineros tuvo un mando más militar lo que marcó su identidad.
Al respecto, también surgieron aprensiones respecto a la magnitud de esta tarea y la necesidad de conocer de antemano el "diseño que contempla el Ejecutivo" y pidieron más detalles de los proyectos que se esperan enviar al parlamento para estos fines.
Tampoco estuvo ausente el rol del ministro del Interior, Andrés Chadwick frente al liderazgo del poder civil y las críticas cruzadas por la actuación de los distintos gobiernos frente al tema de seguridad.
Durante la segunda jornada de debate intervinieron los senadores Carlos Montes, Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Juan Antonio Coloma, David Sandoval, Carlos Bianchi, Isabel Allende, Alejandro García Huidobro, Kenneth Pugh, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens. Además del ministro del Interior , Andrés Chadwick.
El senador Carlos Montes manifestó que “es riesgoso vivir con una policía debilitada y por eso estoy convencido que se requiere una solución eficaz y seria” Indicó que es partidario de una policía democrática y comunitaria pero lo importante es “enfrentar la crisis en Carabineros y para eso necesitamos entenderla y proponer medidas de corto y mediano plazo. Esta es una de las peores crisis de la institución”, dijo y “afecta al corazón de la institución y es una crisis estructural que no se resuelve solo con leyes y normas”.
La senadora Yasna Provoste se mostró más crítica ante la propuesta del Ejecutivo porque “se trata de una crisis multidimensional y no conocemos la reforma mayor que se proyecta para su institucionalidad, tampoco el proyecto en trámite diferencia entre Carabineros e Investigaciones y no resuelve los temas de usos de los recursos y procedimientos administrativos”. Por lo mismo, anticipó su voto en contra y solicitó aprovechar esta oportunidad para dar una mirada amplia a una modernización.
Catalogando la crisis de Carabineros como un “problema de Estado”, el senador Huenchumilla puso el foco en que se afecta “un bien que es esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad”, haciendo referencia a la seguridad que, aseveró, juega un papel central en la conveniencia y funcionamiento de la democracia. El legislador realizó un análisis de la institución e indicó que uno de los puntos al debe en democracia es la incapacidad de anticipar y nombró entre los puntos críticos la decisión de modernizar o reformular la intuición; además de continuar o no con su naturaleza militar y la subordinación plena. Para el senador se requiere “un gran acuerdo nacional”.
La importancia de un amplio acuerdo hizo eco en la argumentación del senador Coloma. “Esta es la modificación más importante que se ha hecho en Carabineros”, señaló, además de manifestar la materia como un tema de Estado, valorando la forma como la autoridad asumió este conjunto de normas que serán modificadas “y que velarán por mejorar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la credibilidad de Carabineros”; por último, defendió la “autoridad moral y liderazgo” del Ministro Chadwick.
Manifestando su total acuerdo con la propuesta, el senador Sandoval valoró el proyecto que “apunta a reparar falencias de una de las instituciones más importantes para el país”, con mecanismos de control. El congresista relevó el rol de los integrantes de la institución, en la defensa de las zonas limítrofes, especialmente en zonas extremas y lamentó los hechos ocurridos “por la acción de unos pocos (…) No podemos poner en tela de juicio una institución como es Carabineros de Chile”, sentenció.
El senador Bianchi coincidió con los argumentos que han señalado que todo lo que se haga debe hacerse con carabineros “y reubicarlos en el sitial histórico de esta institución, pero eso no quita que uno tenga la crítica constructiva”, aclaró. El legislador concordó con la pertinencia del proyecto de ley, como un primer paso para enfrentar la dificultad. “Voy a votar favor en general, pero espero que junto con la institución logremos revertir la crisis”, manifestó.
Aludiendo a la crisis que atraviesan diversas instituciones, la senadora Allende anunció su respaldo al proyecto en trámite, “en el entendido que hay temas de fondo que si bien no abarca este texto legal no se pueden ignorar en una discusión de una reforma integral”. Asimismo, lamentó que durante la administración anterior no se hayan adoptado drásticas medidas frente al caso Huracán y que el actual ministro del Interior se haya visto involucrado en versiones y desmentidos en el caso Catrillanca.
El senador García Huidobro no dudó en calificar de “injustas” las críticas al ministro del Interior y al actual gobierno, especialmente por parte de parlamentarios de oposición quienes “en su momento, no midieron con la misma vara a su gobierno de turno frente a situaciones similares”. Es por ello, dijo que “el proyecto busca abordar diversas falencias en gestión y también en control”.
“Tenemos que entender que la seguridad es una política de Estado que debe fortalecer y modernizar la seguridad” recalcó el senador Pugh quien se mostró partidario de sacar adelante una planificación estratégica alineada entre las policías y el Ministerio Público con una métrica y con procesos integrados donde se compartan bases de datos. “De lo contrario, la ley es letra muerta”, dijo.
Contenido del proyecto de ley:
- Establece que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, en el cual se definirán los objetivos institucionales, precisándose tanto la distribución de los recursos humanos y materiales para el logro de éstos, como aquellos mecanismos que sean necesarios para su actualización y para la evaluación de su cumplimiento.
- Dispone que el Plan tendrá una vigencia de a lo menos 8 años, debiendo ser evaluado y actualizado cada cuatro años y ser aprobado por el Ministro del Interior, para luego ser comunicado al Congreso Nacional y publicado en la página de internet de la Institución correspondiente.
- Establece que, dentro de los 3 meses siguientes de haber asumido el cargo, el General Director o el Director General de la institución policial, según sea el caso, deberá presentar un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, en el cual se deberán establecer las directrices que permitan ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Desarrollo Policial vigente.
- Entrega al Alto Mando de cada institución policial, la supervisión y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y del Plan de Gestión Operativa y Administrativa, a quienes les corresponderá, además, entregar orientaciones, lineamientos y directrices que aporten a la consolidación del proceso de modernización; calendarizar el trabajo anual de acuerdo al establecimiento de prioridades y jerarquías y, adicionalmente, reportar al menos semestralmente, los resultados de dicha supervisión y evaluación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- Dispone que los reportes de supervisión y evaluación deberán ser remitidos a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional al momento de la elaboración del presupuesto de Carabineros de Chile.
- Entrega a un Reglamento la regulación del sistema de evaluación de los protocolos y procedimientos del resultado de la gestión policial, los que deberán ajustarse a parámetros modernos de gestión.
- Impone a las respectivas autoridades superiores policiales la obligación de rendir una cuenta anual, sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes mencionados y en la Política Nacional de Seguridad Pública, la que deberá efectuarse a nivel nacional y a nivel regional y local, según corresponda a la institución policial, y sus antecedentes serán puestos a disposición de la comunidad civil.
- Crea mecanismos y sistemas de control externo e interno para supervigilar y controlar a las instituciones ante excesos o abusos en el ejercicio de sus funciones o prevenir y controlar las faltas a la probidad funcionaria y las infracciones e incumplimientos a los reglamentos de conducta o disciplinarios.
- Encomienda a la Subsecretaría del Interior el control del presupuesto de las instituciones policiales, las que deberán rendir cuenta del uso y disposición de los recursos financieros, a lo menos semestralmente.
- Crea un Comité de Auditoría Policial en cada una de las instituciones policiales, integrado por miembros del Ministerio del Interior, de Hacienda y de la institución policial respectiva; el cual deberá contratar anualmente a un auditor externo con la finalidad de evaluar tanto el cumplimiento de la normativa legal vigente en las operaciones financieras, como la eficiente asignación de recursos destinados al ejercicio de las funciones policiales.
- Cada institución policial deberá elaborar una Ficha Estadística Codificada Uniforme con la información financiera que será entregada al auditor, y cuya forma y contenido será dispuesta por la Subsecretaría del Interior.
- Establece en ambas policías la creación de una unidad encargada de la función de auditoría interna, dependiente directamente del Director General o del General Director según corresponda, cuya finalidad será controlar las operaciones financieras y contables, así como proponer los objetivos institucionales de auditoría y otras acciones orientadas al uso eficiente y eficaz de los recursos financieros de cada institución. Estas unidades contarán con personal civil profesional, que accederá a las instituciones policiales por concurso público, previa comprobación de sus méritos académicos y de su experiencia profesional.
- Incorpora como facultad del Ministerio del Interior, la de solicitar, a través de la Subsecretaría del Interior, la cuenta pública de ambas policías y la de su control presupuestario y financiero y del mérito de los egresos monetarios de las instituciones.
- Dispone la existencia de divisiones dependientes de la Subsecretaría del Interior que cuenten con recursos y personal suficiente para dar cabal cumplimiento a las labores de control o de índole administrativa que ésta tiene respecto de ambas policías.
- Faculta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para coordinar, ejecutar y liderar acciones conjuntas con otros órganos de la Administración del Estado, con miras al control de fronteras y al combate del crimen organizado.
- Establece la obligación de efectuar una declaración de interés y patrimonio de determinados oficiales de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.