Comisión de DD.H.H. revisa cifras a un año del estallido social
La instancia retomará las sesiones donde han venido participando diversos actores desde el Ejecutivo, la academia, centros de estudio y organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
4 de octubre de 2020
Faltan pocos días para que se cumpla un año desde el denominado "estallido social". A semanas de ese hecho, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía realizó una serie de audiencias con el fin de conocer mayores antecedentes de los hechos de violencia acaecidos.
El presidente de la instancia, el senador Juan Ignacio Latorre acordó con sus colegas retomar estas sesiones con el fin de conocer qué protolocos se han adoptado para evitar que las policías ejerzan de manera desproporcionada el uso de la fuerza.
Fue así como los congresistas recibieron al Ministro de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez; al sub director de Carabineros, el general Diego Olate; a la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Catalina Fernández; al profesor de la Universidad Católica de Temuco, Javier Velásquez; y al representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos (ver detalles de la sesión).
El ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez profundizó en los datos de la contingencia social en el marco del estallido social explicando que se registraron nueve mil eventos graves y 25 mil detenidos entre el 18 de octubre y diciembre de 2019.
“Existieron tres mil 500 lesionados por agentes del Estado (7 de los cuales corresponden a fallecidos), 11 mil lesionadas en general y 347 lesiones oculares (5 de ellas con ceguera irreversible), casi cinco mil carabineros lesionados. En cuanto a los detenidos, la mayor parte corresponden a desórdenes públicos, saqueos e infringir el toque de queda. Entre 18 octubre al 18 marzo del 2020, se interpusieron mil 700 querellas, un 60% de las cuales se hicieron haciendo referencia a la ley de Seguridad Interior del Estado, todo contra tres mil imputados”, detalló.
Asimismo, la autoridad hizo referencia a 663 investigaciones sumarias administrativas y 451 sumarios administrativos, dando lugar a mil 270 procesos indagatorios respecto a irregularidades en la forma en que se ejerció el orden público. Tras estos procedimientos, 17 carabineros fueron sancionados, de los cuales 16 fueron desvinculados. Además se reconoció que mil 230 querellas presentó el Ministerio Público contra estos funcionarios y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) habría hecho lo propio en dos mil quinientos casos.
Respecto a las medidas que permitan evitar acciones de violencia desmedida de Carabineros, cabe señalar que se encuentra en tramitación el proyecto que busca modernizar la gestión institucional de Carabineros, fortaleciendo la probidad y transparencia de las fuerzas de orden y seguridad pública (Boletín N° 12250-25). La norma deberá ser vista ahora por el Senado en su tercer trámite.
El senador Alejandro Navarro consultó si el Estado ha dado una respuesta a los organismos internacionales que aseguran que existirían constantes violaciones a los derechos humanos desde octubre a la fecha, las que habrían sido encabezadas claramente por Carabineros. “Las cifras no guardan relación con las denuncias”, hizo ver.
La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Catalina Fernández dio cuenta de la legislación extranjera sobre el uso de la fuerza policial. “Hay una falta absoluta de control civil por parte de la autoridad, existe solo autorregulación de Carabineros. No tratamos de defender lo indefendible, acá se trata de verificar en qué medida Carabineros responde en manera desmedida e injustificada a la delincuencia”, mencionó recordando que “no existe asunción de responsabilidad en caso de incumplimiento”.
Por su parte, el académico de la Universidad Católica de Temuco, Javier Velásquez manifestó que “la orden del uso de perdigones de goma no considera evidencia balística y médico forense. Hoy hay una regulación genérica lo que es equivocado porque cada munición se comporta de manera particular. No existe ningún tipo de munición de energía cinética que no sea letal. No sabemos ni entendemos con qué política Carabineros compra municiones”.
A su vez, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos declaró que “el Ministerio Público cifró en 8 mil las víctimas en el marco del estallido social y de ellas, más de 6 mil están relacionadas con Carabineros. Vemos que las querellas han avanzado muy poco y Carabineros tampoco ha hecho lo que corresponde porque más de cinco mil sumarios no han tenido resultados”.
A modo de respuesta, el sub director de Carabineros, el general Diego Olate aseguró que “la institución actúa bajo el mandato de la ley para reestablecer el orden público. Antes del 18 de octubre habían dos mil efectivos para el control del orden público en Chile, después de esa fecha dada la violencia y la extensión de ésta, se pusieron a disposición para estas tareas hasta 25 mil carabineros”.
“Desde el 2012 la institución entrega contenidos relativos a los derechos humanos en sus currículum. Ya se han capacitado 75 mil efectivos en esto, pero a partir de octubre, todos los procesos se vieron reforzados (…) Nosotros no tenemos ningún problema que se regule el uso de los elementos de defensa personal (…) La ONU emitió una guía el 2019 sobre armas menos letales, validándolas para hacer cumplir la ley. El uso de perdigones corresponde a esa categoría”, graficó.