Protección de datos: personas podrán exigir conocer quien proporcionó su información a empresas

Como una legislación que permitirá a Chile entrar a “las grandes ligas” en materia de protección de datos, fue calificado el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que establece una completa regulación en materia de datos personales, sanciones de hasta 10  mil Unidades Tributarias Mensuales y que delega en el Consejo para la Transparencia la misión de velar por la protección de esa información.

La iniciativa está virtualmente despachada por la citada instancia legislativa pues solo falta la revisión final del texto antes de remitirla a la Comisión de Hacienda y posteriormente a la Sala del Senado.

“Hemos despachado el proyecto de protección de datos personales y a partir de esta ley las personas van a tener muchos más derechos. Cuando una persona o una empresa llame o mande información que no se ha pedido, va a existir el derecho de exigirle de adonde sacó los datos y si no los da hay multas que van hasta las 10 mil Unidades Tributarias Mensuales”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución, senador Felipe Harboe.

Agregó que con esta legislación “vamos a tener mejores estándares en las industrias, las empresas van a tener que entender que los datos no son de ellos sino que de las personas y por tanto van a tener que resguardarlos adecuadamente y usarlos para los fines que fueron recolectados”.

El parlamentario indicó que adicionalmente se establece un conjunto de derechos para los ciudadanos para poder requerir a las empresas que tienen los datos para saber su origen, si es lícito o no es lícito, cual es la finalidad, cómo los están usando, que nivel de protección tienen y frente a negativa o infracciones, hay un régimen de multas muy importante que llega a las 10 mil UTM.

En tal sentido, anticipó que va a reponer en Sala una indicación que involucraba una sanción de hasta el 4% de las ventas anuales. “Estamos hablando de multas muy importantes para desincentivar que algunas personas incorporen dentro de los costos de producción las multas por infracción”, sentenció.

En la misma línea, el senador Víctor Pérez valoró la aprobación de esta iniciativa tras un largo y minucioso debate.

“Lo importante es que las personas son dueñas de sus datos y quien los usa tiene ciertas obligaciones y las personas tienen ciertos derechos, como el derecho a reclamación,  a que se eliminen los datos que están publicados, a que se modifiquen y por tanto que solo puedan ser utilizados cuando hay consentimiento expreso”, explicó.

Precisó que otro aspecto importante que se aprobó fue que el Consejo para la Transparencia se hiciera cargo de velar por la protección de datos. Cabe recordar que el proyecto original contemplaba la creación de una agencia especializada, lo que fue desechado por el actual Ejecutivo y respaldado por la mayoría de la Comisión.

“La institucionalidad donde la personas van a poder recurrir es el Consejo para la Transparencia que ahora va a tener tanto por la transparencia de la información pública como la protección de datos personales. En síntesis, este proyecto tiene derechos de las personas, obligaciones de las empresas y una institucionalidad”, precisó.