A segundo trámite proyecto que busca proteger el empleo ante la contingencia por el COVID-19

En condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que permite acceder al seguro de desempleo en circunstancias excepcionales a raíz de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara la iniciativa con 28 votos a favor y 2 abstenciones.

La Sala también aprobó con 23 votos a favor y 5 en contra el artículo segundo del proyecto que señala que para el financiamiento de las prestaciones se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador. La principal divergencia en este punto es que quienes no estuvieron a favor de la norma sostienen que "al recurrir primero a las cuentas individuales el costo de la crisis lo pagarían los trabajadores".

Del mismo modo, aprobó tres indicaciones presentadas por el Ejecutivo para corregir el texto. Ahora corresponde que la iniciativa sea analizada mañana viernes por la Cámara de Diputados, la que ya citó a su Comisión de Trabajo para ese efecto.

En lo fundamental el proyecto busca proteger los ingresos y las fuentes de trabajos a través del acceso del seguro de cesantía, estableciendo normas para evitar despidos arbitrarios, permitiendo la suspensión de la relación laboral por un tiempo determinado y la reducción de las jornadas de trabajo en casos en que las empresas deban seguir funcionando pero que por motivos de distanciamiento social necesitan reducir el número de empleados en un mismo lugar.

Durante la votación de la iniciativa intervinieron los senadores Juan Pablo Letelier, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo explicó el contenido del proyecto- y los senadores Jorge Pizarro, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Carlos Bianchi, José García Ruminot, Juan Ignacio Latorre, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Pablo Letelier, Felipe Harboe, Carolina Goic, Carmen Gloria Aravena, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, Felipe Kast, Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde y Ricardo Lagos Weber.

La mayoría de los senadores valoró la iniciativa argumentando que permitirá evitar despidos, como los que ya han estado ocurriendo, y posibilitará dar más certeza tanto a los trabajadores como a las pequeñas empresas y emprendedores ante esta crisis. Agregaron que es un marco de protección frente a un escenario impensado por todos.

En lo fundamental la iniciativa permite, en caso de que exista un acto o declaración de la autoridad competente para el control del COVID-19, que implique la paralización de actividades y que impida la prestación de los servicios contratados, que los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo tengan derecho a prestaciones de cesantía, para lo cual deberán contar con 3 cotizaciones en los últimos meses anteriores al acto o declaración de autoridad. Las y los trabajadores de casa particular podrán impetrar el beneficio de la indemnización a todo evento.

Del mismo modo, permite establecer pactos de suspensión temporal del contrato de trabajo, por 6 meses, cuando la actividad de los empleadores se vea afectada total o parcialmente por el acto o declaración de la autoridad competente, con derecho a prestaciones de cesantía.

Además, posibilita la suscripción de pactos de reducción temporal de la jornada laboral, hasta por 10 meses, cuando el empleador se encuentre en situación de disminución de ventas, de pérdida financiera, en un procedimiento concursal, en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia o que estén exceptuados de la paralización de actividades en caso de un acto o declaración de la autoridad competente, con derecho a prestaciones de cesantía.

Si bien durante la tramitación de la iniciativa -tanto en la Comisión de Trabajo, como en la de Hacienda- se logró establecer mejoras a la iniciativa, uno de los puntos que se logró incorporar con precisión fue que durante el Estado de Catástrofe no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, invocando como motivo directo los efectos de la pandemia de COVID-19.

El proyecto posibilita suspender la relación laboral por seis meses y acceder al seguro de cesantía a quienes tienen contrato indefinido, contrato de plazo fijo y contrato de obra o faena.

Para tal efecto, el empleador no paga las remuneraciones, pero el trabajador tendrá garantizados sus ingresos a través del seguro de cesantía. Eso sí, el empleador deberá garantizar las cotizaciones de salud, no así las previsionales.

Además, se establece cuando se puede reducir la jornada, en aquellas empresas que puedan demostrar situaciones económicas muy complejas y en el caso de las que reducen la jornada están aquellas que están obligadas a seguir trabajando pero que por distanciamiento social tengan que disminuir la cantidad de trabajadores. En esos casos, el empleador paga la remuneración por el tiempo laborado y el resto se complementa con el seguro de cesantía.

La iniciativa establece penas severas para quienes hagan "uso abusivo y torcido de estos beneficios".