Enfatizan la importancia de poner en el centro de proyecto de Sala Cuna Universal a los menores y no a los padres trabajadores a la luz del debate previo

Una serie de observaciones hicieron una serie de actores al proyecto en primer trámite que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por el fondo solidario, quienes fueron recibidos por los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura.

Los legisladores escucharon diversas críticas a la norma ya visada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En lo sustantivo se cuestionó que la iniciativa haya sido presentada con un enfoque laboral y no educacional; los requisitos que se imponen para recibir el beneficio, los que fueron calificados como discriminatorios; se descartó que la norma sea universal; y es más, se calificó como inconstitucional argumentando que la educación inicial es rotulada como un beneficio y no un derecho.

Desde la CUT, el mundo académico y dirigentes del mundo parvulario solicitaron el rechazo del proyecto e incluso el retiro de la norma por parte del Ejecutivo. Desde la otra vereda, Acción Educar y Comunidad Mujer defendieron la propuesta apelando al derecho de las madres a trabajar terminando en parte, la discriminación de la que son objeto.

Tras escuchar a las expositoras, el presidente de la Comisión, el senador Juan Ignacio Latorre preguntó al Ejecutivo, a la subsecretaria de educación parvularia, María José Castro, si están dispuestos a cambiar el diseño del proyecto. Vemos que  la educación preescolar genera un incentivo para instituciones con fines de lucro que recibirán fondos públicos y un con copago a las familias para montar salas cunas.

Luego, la senadora Yasna Provoste hizo ver sus dudas. “Este mecanismo no asegura la inserción de las mujeres en el trabajo ni disminuye la brecha laboral remuneracional. El derecho de niños a acceder a salas cunas de calidad no está presente porque este proyecto es un engaño. La propuesta no asegura este derecho sino que abre al lucro el único sector que está fuero de él. Hay que fortalecer la oferta pública y la privatización de la educación ha sido algo sistemático. No van a pagar los empresarios porque acá hay aporte del Estado”.

La representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Julia Requena pidió el rechazo de la propuesta. “Este texto no es un beneficio porque los dineros salen del Fondo de Cesantía, es decir, los propios trabajadores deben cancelarlo porque no hay recursos adicionales de cobertura. Por el contrario, estos dineros financiarán proyectos privados con fines de lucro. Además la norma es discriminadora porque solo pueden acceder las madres que cotizan y también aquellas que tienen menos de 6 meses de cotización quedan fuera”, relató.

Cabe considerar que el proyecto establece que:

1. Si la jornada de trabajo es inferior a 12 horas semanales, no tendrá derecho a acceder al beneficio.
2. Si la jornada de trabajo es igual o superior a 12 horas semanales, pero inferior o igual a 30 horas semanales, tendrá derecho a dos tercios del monto señalado en el artículo 6° de la presente ley.
3. Si la jornada de trabajo es superior a 30 horas semanales tendrá derecho a la totalidad del monto señalado en el artículo 6° de la presente ley.

En línea con lo anterior, al Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz hizo ver que “la iniciativa no se focaliza en los niños más pequeños que son los destinatarios principales de este proyecto. Me llama la atención que este texto lleve un año y medio tramitándose y recién nos convoquen a expresar nuestra opinión, pese que los solicitamos muchas veces (…) Cuando se habla de sala cuna no se puede plantear como un beneficio de las madres y padres trabajadores, sino del menor. Además lo que se ha planteado es discriminador porque no es universal porque muchos menores viven con sus abuelos, tíos o vecinos, y ¿qué pasa en este caso?”.

Luego, Chris Parra del Movimiento Vía Transferencia de Fondos (VTF) insistió en que el texto es discriminador porque “deja fuera a los trabajadores del sector público, los independientes que no cotizan, las trabajadoras con menos de 12 horas dependientes y las inmigrantes que trabajan. Además hay que postular al más caratulado como beneficio, lo que no asegura su obtención”.

Por su parte, la académica de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Cynthia Adlerstein comentó los estudios que se han hecho desde el derecho infantil inicial. “No todas las la madres que no trabajan no lo hacen porque no tienen donde dejar a su niños. De acuerdo a la encuesta Casen, el 57% de las madres no los tiene en sala cuna porque tienen problemas con el cuidado de los hijos y el 43% no los manda a la sala cuna por otras razones. Creemos que existiendo el beneficio igual no lo usarán. Muchas desconfían de los cuidados que se le dan a los menores y prefieren evitar que éstos se enfermen –sobre todo en el invierno- o sean agredidos siendo tan bebés”, mencionó recordando que un 12% de los menores de entre 0 y 2 años no van a este nivel.

La presidenta del Sindicato 2 de Integra, Jobana Salinas apuntó a que “es difícil discutir un proyecto que ha sido visto desde la óptica de los trabajadores y no desde el niño. Somos testigos de la precarización de la Junji y el fortalecimiento de organismos intermedios y colaboradores (…) Quiero recordar que hay muchas falencias legislativas porque si acá se quiere apoyar a las mujeres con este beneficio, no tiene sentido que no se les permita tener licencia médica cuando sus hijos están enfermos y tienen más de un año”.

Luego desde la Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la JUNJI (APROJUNJI) Susana Cristi hizo referencia a la contingencia marcada por las demandas sociales, entre éstas la necesidad de una educación inicial de calidad. “Hay que legislar pensando en la infancia y no en el modelo económico neoliberal. Si hablamos que las mujeres van a recibir el beneficio cuando tengan más de 6 meses cotizaciones, van a tener que planificar su embarazo en función de eso, es un chiste! Pensemos en la actual situación, ¿creen ustedes que los puestos de trabajos mejorarán? ¿Qué habrá más contratos estables y mejores remuneraciones? Creo que no”, concluyó.

Del Colegio de Educación Parvularia, María Soledad Rayo hizo ver los problemas laborales que tienen las funcionarias de este sector como los bajos salarios, la falta de educadoras y asistentes de párvulos, lo administrativo y las horas no lectivas. En cuanto al proyecto, “esta norma debe tener un sentido educativo claro y preciso que no se visualiza acá. Estamos de acuerdo que las mujeres deben acceder al trabajo, pero también debemos analizar la calidad de trabajo. Si se entregan 245 mil pesos como beneficio, con los sueldos que se entregan, ellas no van a poder pagar la diferencia para cancelar la sala cuna”.

Desde la otra vereda, la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara apelaron a la posibilidad que este proyecto estimule el empleo femenino y reduzca las brechas salariales. “Reconocemos que se hacen cambios en el Código del Trabajo pero eso no quiere decir que se esté descuidando a los menores: pensamos en las mamás porque ellas pueden trabajar y sus hijos ser cuidados con la debida atención”, expresó asegurando que “gracias al proyecto también los padres dependientes o independientes que cotizan podrán acceder a este servicio”.

Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer increpó a las expositoras declarando que “no hagamos de esto un juego de suma cero. El derecho a la educación no es incompatible con el derecho de las mujeres a trabajar. La pregunta es cómo compatibilizar esos derechos, ambos son tan legítimos y necesarios. Todos sabemos que son muchas las jefas de hogar y si ella trabaja puede salir de la pobreza, no solo ella, sino también sus hijos y parientes que dependen de esa remuneración. Creemos que hace más de una década, cuando se legisló el post natal parental, se decidió que era necesario generar el beneficio de sala cuna, en lo que hay consenso”.