Consejo de Alta Dirección Pública tendrá un plazo de 30 días para rebajar remuneraciones de ministros y parlamentarios

Un plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, tendrá el Consejo de Alta Dirección Pública para rebajar las remuneraciones de los ministros de Estado y de los parlamentarios, y de 60 días para rebajar el sueldo de las demás autoridades políticas de confianza del Presidente de la República, en un porcentaje que se determinará en base a parámetros técnicos como la escala única de remuneraciones.

Así lo determinó de manera unánime la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, al analizar y votar en particular la reforma constitucional, en segundo trámite, que busca determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria. Ahora corresponde que la Sala del Senado se pronuncie sobre el texto aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión. (Vea aquí la sesión)

La disposición referida a la rebaja remuneracional que aplicará el Consejo de Alta Dirección Pública regirá hasta que se cree una comisión especial -regulada por una Ley Orgánica Constitucional- la que deberá fijar las remuneraciones de ministros, parlamentarios, subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político. También deberá precisar las remuneraciones del intendente y gobernadores.

Los senadores Alfonso De Urresti (presidente), Víctor Pérez, Felipe Harboe, Andrés Allamand y Francisco Huenchumilla, coincidieron en que la rebaja de estas remuneraciones permitirá destinar esos recursos a ayuda social y a potenciar aquello que necesite mayor atención, sobre todo en esta época de pandemia.

La propuesta aprobada, señala que dicha comisión, estará integrada por un ex consejero del Banco Central, un ex Ministro de Hacienda, un ex presidente de una de las dos ramas del Congreso, un ex director nacional del Servicio Civil y un ex Contralor o Subcontralor general de la República, nombrado por el Presidente de la República con el acuerdo de los 2/3 del Senado.

Del mismo modo, se establece que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. La dieta será fijada cada 4 años con a lo menos 180 días de anticipación al término de un período presidencial.

Durante la discusión de la iniciativa hubo consenso en acotar el ámbito de aplicación de la ley, pues el proyecto que venía desde la Cámara de Diputados incluía a un gran universo de funcionarios públicos, más de 10 mil, que iban a ver afectadas sus remuneraciones.

De ahí que se optara por centrarse en la "línea política" de la administración pública, entendiéndose aquello como los cargos de exclusiva confianza o de elección popular, exceptuando a los alcaldes, concejales y consejeros regionales.

Asimismo, se acordó que fuera un organismo técnico el encargado de definir las remuneraciones, pues el guarismo propuesto para la rebaja, así como los que se plantearon durante la tramitación, no tendrían fundamento técnico según los senadores.

Durante la discusión de esta iniciativa, se acogió una propuesta del senador Harboe de incorporar en la regulación de remuneraciones al personal a honorarios que asesora directamente a las autoridades gubernativas o que tienen un cargo de perfil político.

Si bien, se pensó en extender esa regulación a los integrantes de paneles de expertos o cargos más especializados, ello finalmente se desestimó por considerar que es necesario contar con personas de la más alta calificación técnica y no era necesario poner una suerte de cortapisas. Agregaron que debe haber un distingo entre los cargos técnicos y los políticos.

El senador Harboe dijo que si bien presentó una indicación para rebajar la dieta parlamentaria en un 30%, apoya la norma aprobada porque al poner un plazo de 30 días la iniciativa comenzará a aplicarse antes de lo presupuestado. "Esto nos sirve para enfrentar la pandemia. Es ahora cuando se necesitan las platas", aseguró.

El senador Huenchumilla aseguró que esta norma le otorga a un organismo especializado las definiciones sobre remuneraciones. "Esto hay que hacerlo bien hecho pero no con el tincómetro en cuanto a los porcentajes. Va a haber un organismo especializado", dijo.

Por su parte, el senador De Urresti manifestó que esta rebaja "tiene que ir destinada a ayuda social o a remuneraciones del sector salud. Además se está estableciendo un plazo acotado de 30 días para que un organismo técnico que determine las remuneraciones y que en el plazo de 60 días se haga para las otras autoridades".

En tanto, el senador Allamand destacó que se zanjara un tema pendiente respecto de las dietas y en un plazo acotado. "El criterio que se ha aplicado es tener una norma transitoria a cargo de un organismo técnico absolutamente calificado que materialice y determine el monto de la rebaja…en términos permanentes será una comisión de altísimo nivel la que materialice esta tarea", señaló.

Finalmente el senador Pérez Varela destacó el acuerdo alcanzado en la Comisión de Constitución, señalando que la fórmula aprobada permitirá responder a una demanda esperada. "Se estableció una rebaja transitoria que estará a cargo de la Alta Dirección Pública y luego un órgano técnico fijará la reducción a través de un estudio y una resolución fundada y justificada en aspectos técnicos", puntualizó.