Ley corta de distribución eléctrica es despachada de la Comisión de Energía reconociendo la necesidad de una ley larga
Los senadores integrantes aseguraron además que no ha existido ningún tipo de traba a la tramitación de la propuesta del Ejecutivo que cuenta con discusión inmediata.
6 de noviembre de 2019En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la energía, más conocido como ley corta, que cursa su segundo trámite.
Esto luego que los integrantes de la Comisión de Minería y Energía aprobaron las ideas matrices de la propuesta iniciada en mensaje. Los legisladores fueron enfáticos en señalar que muchos aspectos del sistema de distribución deben ser perfeccionados en una ley larga que debería ser presentada por el Ejecutivo a más tardar en marzo del 2020.
En sesiones anteriores, la Comisión recibió a diversos actores para analizar los efectos prácticos que tendría esta norma que apunta a rebajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad (del 10% a un rango entre 6 y 8%). En general, todos han coincidido en que en las cuentas de luz bajarían unos 300 pesos con este cambio legal, lo que ha sido calificado como algo marginal; pero en términos globales, reconocen que podría significar en una pérdida para las distribuidoras de mil 200 millones de dólares en 4 años.
Esta cifra que dejarían de percibir las compañías considerando que los consumidores pagarán menos en sus cuentas, aunque sea algo bajo mes a mes, permitió convencer a los senadores respecto a la necesidad de votar a favor de la norma en general.
Cabe consignar que en la cuenta de la luz, un 70% del valor a pagar corresponde a generación, un 10% a transmisión y un 20% a distribución. En ese último tramo se hace el cambio, en particular el uso de las redes de distribución que se denomina valor agregado de distribución. El costo se fija cada 4 años pensando en una empresa modelo que opera de manera costo eficiente.
Hoy se realiza un cálculo del valor agregado por área típica (se agrupan las compañías similares), haciéndose estudios de costos para cada una. Es decir, la Comisión Nacional de Energía (CNE) hace un estudio pensando en la empresa modelo, mientras que las distribuidoras hacen lo propio. La tarifa propuesta por la CNE tiene una ponderación de dos tercios, y la de las empresas un tercio. Así se obtiene la tarifa final.
Este proyecto modifica esos parámetros. La tasa fija de un 10% se cambia por una de mercado con un piso de un 6% y un techo de un 8%. Asimismo, se define un único estudio de costos que debe hacer la CNE. Las empresas pueden hacer observaciones a las bases de licitación. Si hay discrepancias pueden ir al panel de expertos, el que debe aprobar la propuesta del CNE o la que defienda las empresas, no una intermedia.
En la sesión también se abordó la publicación de un reportaje del sitio de investigación periodística CIPER, donde se aseguró que la Comisión habría trabado la tramitación del proyecto en estudio que cuenta con discusión inmediata. En específico se responsabiliza de esta actitud a los senadores Yasna Provoste y Alejandro Guillier.
La legisladora aseguró que “esta nota se basa en supuestos que no son reales. Primero, se dice que se revisaron las actas de la Comisión sobre este proyecto y entendemos que no hay actas, solo informes que se emiten y publican cuando está concluida la votación en general o particular, según corresponda”.
En cuanto al fondo, continuó precisando que “nunca hemos tenido una actitud obstruccionista. Es cosa de ver las sesiones que han sido televisadas por lo demás, donde hemos manifestado nuestra intención de votar este proyecto y mejorarlo, de allí que surgió la idea de hacer una ley larga de distribución. Conadecus y una serie de actores que hemos invitado, nos han dicho que esta norma no es un aporte porque representa una baja en la boleta menor a mil pesos, pese a ello hemos seguido estudiándolo”.
El resto de los integrantes de la instancia (senadores Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro y Rafael Prohens) apoyaron la defensa de la senadora Provoste, por lo que insistieron en su voluntad de seguir legislando en pro de las necesidades de la comunidad.
El senador Elizalde, quien es presidente de la Comisión, aclaró que no se había podido poner en tabla este proyecto debido a que por el día y hora en que sesionan (miércoles antes del mediodía), suele coincidir con la realización de sesiones especiales. Asimismo, la semana anterior se debió debatir con urgencia el proyecto que congeló las tarifas eléctricas, dada la contingencia.