Ley corta de distribución eléctrica: senadores dan una primera mirada y surgen una serie de dudas

El tiempo apremia. Si bien el próximo decreto tarifario comienza a hacerse efectivo en noviembre del 2020, algunos de los parámetros que influyen en el cálculo deben ser zanjados ahora. En ese marco, el Ejecutivo puso urgencia suma al proyecto que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la energía.

La norma que cursa su segundo trámite, recién fue conocida por los integrantes de la Comisión de Minería y Energía en su última sesión. Cabe consignar que la propuesta iniciada en moción fue refundida con un mensaje del mismo tenor y que en simple busca rebajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad (del 10% a un rango entre 6 y 8%).

Para explicar la iniciativa se hizo presente el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. Tras la exposición, la Comisión acordó comenzar en una próxima sesión la ronda de audiencias antes de proceder a votar la idea de legislar.

La autoridad manifestó que este proyecto corresponde a lo que se llama una ley corta, puesto que se está trabajando en un texto pre legislativo para una ley larga de distribución eléctrica. De hecho Jobet invitó a los senadores a participar de una jornada que se realizará el próximo 30 de septiembre, en la que también debatirán actores de la industria.

En cuanto al texto en discusión explicó que “en la cuenta de la luz, un 70% del costo corresponde a generación, un 10% a transmisión y un 20% a distribución. En este último paso se centra el cambio que queremos hacer y que viene a solventar el uso de las redes de distribución que se le llama valor agregado de distribución. El costo se fija cada 4 años pensando en una empresa modelo que opera de manera costo eficiente”.

Cabe consignar que en la actualidad, se realiza un cálculo del valor agregado por área típica (se agrupan las compañías similares), haciéndose estudios de costos para cada una. Es decir, la Comisión Nacional de Energía (CNE) hace un estudio pensando en la empresa modelo, mientras que las distribuidoras hacen lo propio. La tarifa propuesta por la CNE tiene una ponderación de dos tercios, y la de las empresas un tercio. Así se obtiene la tarifa final.

Este proyecto modifica esos parámetros. La tasa fija de un 10% se cambia por una de mercado con un piso de un 6% y un techo de un 8%. Asimismo, se define un único estudio de costos que debe hacer la CNE. Las empresas pueden hacer observaciones a las bases de licitación. Si hay discrepancias pueden ir al panel de expertos, el que debe aprobar la propuesta del CNE o la que defienda las empresas, no una intermedia.

En la Cámara Baja se introdujeron algunas indicaciones respecto de tres temas: áreas típicas (hoy son 6 y ahora se propone que la CNE genere más, unas 11 en total); en el proceso tarifario se incorporan elementos nuevos a considerar relacionados con la realidad del servicio (localización y demanda); y la obligación de las distribuidoras de operar como giro único.

Tras escuchar al ministro Jobet, los legisladores preguntaron cómo los cambios incidirán en las tarifas. En tal sentido se reconoció que significará una rebaja de un 3%. La tarifa promedio es de 23 mil pesos, por lo que las cuentas verán una disminución de los costos en 700 pesos.

Otra de las dudas que hicieron saber es cuál es la premura que está detrás de la suma urgencia. El secretario de Estado explicó que “los plazos son complicados. En noviembre del 2020 sale el nuevo decreto tarifario de electricidad, es necesario zanjar ahora el tema de la rentabilidad. Si este proyecto no se aprueba ahora, se utilizará la tasa actual de rentabilidad. La idea es aprobar el decreto con esta nueva tasa”.

“El estudio de costos se debe hacer ahora en noviembre o a más tardar en enero. Si no se despacha este recorte de la tasa, los costos de la electricidad no tendrán la rebaja que andamos buscando”, aclaró insistiendo en agilizar la tramitación del texto que en la Cámara Baja se discutió entre marzo y septiembre de este año.

Al respecto la senadora Yasna Provoste hizo ver la necesidad de estudiar con el tiempo debido el proyecto, lo que fue apoyado por el resto de los legisladores presentes en la sesión. El argumento central fue que la rebaja en la tasa de rentabilidad tendrá un impacto en el sector eléctrico, por lo que sería oportuno analizar los efectos en el tiempo, de manera que no se deba generar una reforma a una ley ya despachada.

Por su parte, el senador Alejandro Guillier expresó que “vemos un cuestionamiento al modelo de negocios. Creo que hay que analizarlo en el sector eléctrico y sanitario porque ha habido abusos por años”.