Afinan proyecto que promueve la inversión en distintos ámbitos

Una primera mirada a las indicaciones del proyecto en segundo trámite, que busca perfeccionar distintos textos legales, con la finalidad de promover la inversión en nuestro país, dieron los integrantes de la Comisión de Economía.

En su última sesión, los legisladores debatieron junto a representantes del Ministerio de Economía, 10 de un total de 18 indicaciones elaboradas tanto por los congresistas como por el Ejecutivo.

Como se trata de una norma miscelánea, es decir, abarca una serie de materias; en la jornada se analizaron modificaciones a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, al Decreto Ley que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, y al Decreto con Fuerza de Ley que prueba una nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Quedaron pendientes para una próxima sesión, cambios al Código de Aguas, al Decreto Ley sobre Rentas Municipales, la Ley de Bases de la Administración del Estado, y el Código de Procedimiento Civil.

Los congresistas estudiaron el texto en particular buscando el justo equilibrio de agilizar muchos de los trámites que se deben realizar para promover la inversión, pero a la vez, cuidar que estos proyectos se ejecuten sin sobrepasar las leyes que los regulan según su naturaleza.

Un tema que centró gran parte del debate dice relación con la gran cantidad de servicios y organismos que intervienen a la hora de entregar permisos en materia medio ambiental. Respecto a la minería, se abordó la obligación que tendrán las empresas que explotan litio y mantienen contratos de arriendo con Corfo, de entregar a Sernageomin un plan anual sobre sus inversiones.

La iniciativa que modifica diversos cuerpos legales apunta a  generar un ritmo atractivo de inversión en el país (reduciendo los plazos de tramitación y los costos asociados), fortaleciendo la competitividad y productividad de la economía, equilibrando la certeza jurídica y la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia, simplificando los procedimientos, sin sacrificar la rigurosidad de éstos.

En concreto la norma:

- Modifica la ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente, eliminando el requisito del guarismo establecido respecto a la capacidad instalada de generación de las centrales y plantas de energía eléctrica (3MW) como actividad susceptible de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, incorporando como actividad a las centrales o plantas generadoras de energía según sus magnitudes las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzcan las tecnologías que se utilicen.

- Establece distinción entre los tipos de fuentes contaminantes por razones ambientales, en directa relación a su aporte contaminante, con el fin de fijar la proporción en que deben reducirse las emisiones de éstas.

- Refuerza al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como ventanilla única, en relación a los permisos ambientales sectoriales, reduciendo la burocracia y los plazos de tramitación.

- Regula y ordena los plazos de vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental, eliminando las incertezas jurídicas de éstos.

- Permite al Servicio Nacional de Geología y Minería utilizar como fuente de su catastro de concesiones mineras, las publicaciones en los Boletines Oficiales de Minería.

- Obliga a las empresas que tienen un contrato de arriendo con la CORFO que se dedican a la explotación del litio, a entregar a SERNAGEOMIN un Plan Anual sobre las inversiones que realizan en cada uno de esos lugares, desde el año 2018 hasta el año 2030.

- Contempla adaptaciones a la ley para contar con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación; publicar las resoluciones que aprueben los anteproyectos, subdivisiones y permisos, y los permisos de edificación.

- Modifica el Código de Aguas creado la figura de revisores externos y permitiendo la externalización de ciertos trámites de la Dirección General de Aguas.

- Modifica la ley sobre rentas municipales, disponiendo la entrega de manera inmediata de patente provisoria por dos años, por parte de las Municipalidades a los establecimientos que cumplan con los requisitos exigidos.