Intervención de los datos del IPC: ¿error o manipulación?

Invitar a la ex directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la economista Ximena Clark, fue uno de los acuerdos adoptados por los integrantes de la Comisión de Economía en su última sesión.

La idea es entender qué sucedió en mayo pasado, cuando el actual titular del INE, Guillermo Pattillo denunció "indicios de manipulación" en el cálculo del Índice de Precios Al Consumidor (IPC) de agosto y septiembre de 2018, variación que habría sido superior a la real en 0,1 puntos porcentuales.

En la sesión de este miércoles, Pattillo asistió a la instancia para explicar los cambios que tendrá el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), sin embargo los congresistas Álvaro Elizalde y Ximena Rincón aprovecharon la oportunidad para consultarle si contaba con mayores antecedentes del hecho.

La parlamentaria fue enfática en señalar que “nos gustaría saber si sigue asegurando que acá hubo manipulación y no un error, contrario a lo que dijo en la prensa hace unos días, el actual Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine (…) No se trata de armar imágenes respecto a lo que pasó. Fue el propio director quien hizo afirmaciones (…) Es usted director, quien llevó al INE a la situación en que estamos”.

En la misma línea, el senador Elizalde recordó que “en la sesión cuando usted (Pattillo) nos explicó lo sucedido, reconoció que conocía a los involucrados en el potencial delito e incluso creía cómo pudo hacerse, pero ahora modera su sentencia. Podríamos incluso revisar la sesión porque fue televisada, así vemos cómo ha ido cambiando de opinión”.

Ante estos dichos, el director del INE se mantuvo firme en que están en curso dos investigaciones: la administrativa dentro del organismo y la que encabeza el Ministerio Público, “por lo que no puedo revelar más antecedentes ni dando explicaciones. Respecto a la denuncia que hice a la Fiscalía, es lo que me corresponde como funcionario público. El juicio sobre mí, se hará en su momento. No tengo más que agregar”.

Respecto al objeto de la visita de la autoridad, ésta explicó que el INACER nació a principios de los 90 con el objeto de reducir la brecha en términos temporales al acceso a la información de la evolución económica de las regiones porque históricamente ha sido difícil contar con antecedentes que están dispersos. “El problema es que este instrumento quedó atrás en términos metodológicos. Los datos que nos entregan desde cada localidad, responden a la lógica de la institución que los emite y no son representativos para nosotros”, graficó.

“Metodológicamente el INACER se construyó de abajo hacia arriba. Nunca se incluyó a la Región Metropolitana generando problemas de consistencia. Se trata de un índice de base fija y hoy las cuentas nacionales en el mundo se calculan con series encadenadas. Hacerlo con base fija implica tener un sesgo persistente en una sola dirección”, explicó.

Pattillo aseguró que “no hay forma de corregir el indicador, por lo que se decidió hacer series estadísticas que representen sectores económicos relevantes para cada región. El 12 de julio vamos a presentar este cambio, en formato base de datos. La idea es trabajar en cada región, indicadores locales, lo que estará a cargo de las oficinas regionales del INE”.

En la jornada también se dio inicio al estudio de las ideas matrices del proyecto que modifica la ley de Propiedad Industrial y la que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y el Código Procesal Penal, norma que cursa su segundo trámite (Boletín N° 12135-03).

Durante la sesión, los senadores escucharon a la directora del citado instituto, Loreto Bresky, quien hizo una introducción de esta institucionalidad y la necesidad de realizar cambios con el fin de armonizar sus procedimientos a estándares internacionales, todo en el marco de la agenda de productividad e inversión que encabeza el Ministerio de Economía.

Bresky declaró que “ha existido consenso entre los parlamentarios respecto a la necesidad de agilizar los procesos en el otorgamiento de derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, modelos de utilidad y denominaciones de origen pensando en que todas son herramientas de un inmenso valor y que promueven políticas públicas”.

Dentro de los cambios que impulsa el proyecto, la directora de INAPI mencionó el  fomento de la protección de estos derechos, completar el 100% de la notificación de los trámites vía correo electrónico; actualizar el sistema de pago de tasas y plazos para renovación, transferencia y anulación; y renovar la representación gráfica de marcas. Todo con el fin de facilitarle la vida al usuario y a la vez, potenciar el sistema.

Otro aspecto que destacó la profesional fue las patentes provisionales que se suelen dar a las universidades. “Hoy estos planteles las solicitan  y tienen un plazo de un año para estudiar la viabilidad haciendo los ensayos respectivos. Queremos potencial y facilitarles esta alternativa”, resumió.

Tras escuchar a Bresky, la Comisión acordó invitar a una próxima sesión a la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual (ACHIPI).