Hay consenso en generar plan universal de salud pero diferencias en cómo materializarlo

Satisfechos se mostraron los integrantes de la Comisión de Salud luego de escuchar al Colegio Médico y académicos de diversas universidades del país que han reflexionado acerca del proyecto que modifica el sistema privado de salud, administrado por las Isapres, el que cursa su segundo trámite.

La conclusión es clara: todos están de acuerdo en generar un plan universal de salud (único para Fonasa y las Isapres), pero las diferencias están en cómo materializarlo, es decir, qué sistema adoptar (mixto, segmentado, mixto segmentado, mixto no segmentado, etc.)

En relación a aquello, los parlamentarios Rabindranath Quinteros, Carolina Goic y Guido Girardi entregaron a principios de julio al titular de Salud, Jaime Mañalich un piso mínimo que debía contener el proyecto. La idea era que esos temas se materializaran en indicaciones del Ejecutivo.

 Sin embargo, ello no se concretó y el presidente de la instancia lo hizo ver. “De las 18 observaciones presentadas, vemos que solo se recogieron dos y cuatro en forma parcial. Quiero solicitarle al ministro que revise el resto de los temas, sobre todo a la luz de lo que hoy escuchamos”, manifestó el senador Quinteros al término de la sesión.

Tras la cita, el legislador insistió en que “es fundamental terminar con toda forma de discriminación, que el PSU tenga las mismas prestaciones para Fonasa e Isapres, se termine con el alza unilateral de los planes y el rechazo injustificado de licencias médicas, se incorpore el principio de solidaridad, se regule a los prestadores y se entregue transparencia al sistema”.

 Durante la sesión, el ministro Mañalich respondió asegurando que “ustedes mismos (los senadores de la Comisión de Salud) votaron a favor de lo que tenemos hoy como proyecto, entonces si no les gusta lo que está, en parte es responsabilidad de ustedes”.

En cuanto a la propuesta en sí, los legisladores valoraron las presentaciones realizadas por la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches; y el responsable del departamento de políticas de salud y estudios de la orden, Roberto Estay. Desde la academia intervino el doctor en economía y representante del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Manuel Espinoza; y el vocero de las universidades Austral, del Desarrollo, Portales, San Sebastián, Mayor y Andrés Bello, el doctor Héctor Sánchez.

En el debate se analizaron los elementos fundamentales de la norma: el Plan Universal de Salud (PUS), las prestaciones que incluye y sus costos; el IPC de la salud; la movilidad entre sistemas (Fonasa e Isapres); los beneficios complementarios y el Fondo de Compensación.

PSU: todos los expositores coincidieron en que la idea de generar un plan único es lo fundamental del proyecto. Al mismo tiempo insistieron en la necesidad de detallar con claridad qué prestaciones contemplará y qué modelo se usará para su implementación.

Se apuntó a que sea la puerta de entrada a la fusión de los dos sistemas: el público y el privado, lo que daría cuenta de una reforma integral.

“El plan de salud es la herramienta básica que permitirá homogeneizar los beneficios de atención de ambos sistemas. Es harto más que un listado de prestaciones. Debe haber un sistema y modelo. El problema es el modelo de atención, eso es lo central, todo el resto es instrumental”, aseguró el representante del grupo de escuelas de salud de diversas universidades.

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS: todos opinaron que hay que tener cuidado en que los beneficios complementarios se terminen “comiendo al PSU”. Esto porque si el plan universal no es suficiente, el complementario va a ser la base de las prestaciones. Esto perpetuaría el negocio de las Isapres que es la contratación de beneficios complementarios a un costo elevado. “El plan de salud debe ser suficientemente amplio para no dejar todo en manos del plan complementario”, señaló el representante de la PUC.

PRECIO DEL PLAN: se discutió lo pertinente que resulta tener un precio único, criticando las diferencias de la propuesta del Ejecutivo de fijar descuentos en función de la edad. Se cuestionó esa segmentación de las tarifas. El Colegio Médico propuso que se calcule un porcentaje a convenir en función del ingreso de cada persona.

MOVILIDAD: todos rechazaron que el Minsal establezca que las personas que pasan de Fonasa a una Isapre reciban una cobertura de un 25% los primeros 18 meses. Calificaron la idea como una discriminación. “no podemos decirle al paciente que no puede acceder a tales atenciones porque viene de Fonasa. Eso no es ético”, pronunció el Colegio Médico.

Además se cuestionó que continúe la discriminación por condición de salud, en particular cuando existe movilidad entre sistemas, proponiendo el Centro de Estudios de Políticas Públicas de la PUC, “generar un sistema de gestión de demanda estudiando caso a caso, porque no es lo mismo tener un cáncer en remisión que una patología crónica descompensada”.

IPC SANITARIO: plena coincidencia existió a la hora de calificar el IPC de la salud como “un elemento que solo perpetúa el alza de los planes”. “No existe una regulación de los precios ni de la frecuencia con que se entrega una prestación. No hay control de los prestadores

SUPERINTENDENCIA: todos abogaron por fortalecer la Superintendencia de Salud. Algunos matizaron respecto a que se requiere una institucionalidad más autónoma e incluso una tipo agencia externa, que no esté bajo el alero del Minsal. También recomendaron que el ente fiscalizador tenga injerencia en el sistema público y privado de la misma manera.

PANEL DE EXPERTOS: también se consideró insuficiente planteando la necesidad de una entidad independiente.

FONDO DE COMPENSACIÓN: se criticó que el fondo apunte al servicio post antes y no ex post, es decir, que se cancele en función de los resultados de la salud y no por las prestaciones.

Colegio Médico: “existe la urgencia de pasar del actual sistema fragmentado (Fonasa por un lado, y las Isapres por el otro con lógicas distintas) hacia un seguro nacional como piso y que permita contratar una cobertura complementaria. Si vamos a hacer una reforma al financiamiento, hay que saltar de un mercado desregulado que permite discriminación, a un acuerdo de seguro social”.

El Centro de Políticas Públicas de la PUC: “el proyecto avanza creando elementos que hacen la salud más justa pero no estamos frente a una reforma integral. No se responde a las necesidades de un sistema de seguridad social como un derecho constitucional”.

Y el grupo de las escuelas de Salud de diversas universidades: “ha aumentado considerablemente el gasto del Estado en salud pero a la vez hay un aumento explosivo de la demanda. También hay una baja productividad y escasa satisfacción del usuario tanto en el mundo privado como en el público. Así lo señalan los estudios que hemos hecho y que abarcan los últimos 10 años. Según las encuestas que aplicamos, la gente quiere que exista una reforma rápida y luego se haga una integral”.