Tabla de factores de riesgo: Comisión de Salud estudia retomar debate de norma que reforma las Isapres

Estudiar la posibilidad de poner en tabla el proyecto que moderniza el sistema privado de salud, administrado por las Isapres, fue uno de los acuerdos a los que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud en su última sesión.

Esto luego de escuchar al Superintendente de Salud, Ignacio García Huidobro, quien explicó que en la actualidad, las Isapres no cumplen el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que las obligó a congelar la tabla de factores de riesgo.

En este tenor, los congresistas plantearon frenar esta situación a la brevedad, por lo que analizaron la posibilidad de generar una ley corta de reforma a las Isapres que contemple este aspecto.

Al término de la sesión, el presidente de la Comisión, el senador Guido Girardi aseguró que se oficiará al Instituto Nacional de Derechos Humanos (IDH), a fin de solicitarle que estudie la posibilidad de ejercer las acciones de su competencia, si se concluye que la conducta de las Isapres atenta contra algunas de las garantías aseguradas por el artículo 19 de la Constitución Política.

Al respecto, el senador Francisco Chahuán insistió en que “la única manera de terminar con estos abusos es tramitar –de una vez por todas- el proyecto que reforma las Isapres. Hemos pedido innumerable cantidad de veces que se descongele su tramitación. Todos estamos de acuerdo en tres aspectos: eliminar la tabla de factores, el alza unilateral de los planes y las preexistencias. Al menos respecto a esas tres cosas deberíamos agilizar el estudio del proyecto”.

El senador se refiere al proyecto que modifica el Sistema Privado, incorporando un Plan Garantizado (PGS), más conocido como reforma a las Isapres (Boletín N° 8105-11). La norma –en segundo trámite- tiene una larga data en el Congreso Nacional.

En enero de 2017, fue la última vez que la citada instancia parlamentaria revisó las indicaciones pendientes. Cabe recordar que este mensaje –del gobierno de Piñera 1- data del 2011, pero su tramitación fue congelada en el 2013. Desde esa fecha, la última administración de Michelle Bachelet insistió en que presentaría un proyecto distinto que recogería aspectos que generan mayor consenso como lo relacionado con fin de las preexistencias, la eliminación  de la declaración de salud y la elaboración de un plan único entendible y comparable, lo que nunca se concretó.

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El superintendente de Salud explicó que los planes de salud de las Isapres incluyen las prestaciones GES (AUGE) (16,5%), el Plan Complementario de salud (PCS) (81,2%) y los beneficios adicionales (2,3%). Asimismo reconoció que en la actualidad existen 58 mil 500 planes vigentes que administran 12 Isapres en el país.

“Existen 1001 tablas de factores vigentes, las que representan el riesgo económico que tiene para estas instituciones financiar la salud de sus afiliados, lo que varía a lo largo del ciclo de vida. Los pacientes más riesgosos son los menores de dos años, las mujeres en edad fértil y los mayores de 65 años”, mencionó.

Respecto al fallo del TC de 2010, la autoridad describió que se obligó a las Isapres a congelar la tabla de factores de riesgo, sin embargo un numeral sobre el que no se pronunció el tribunal, dejó la puerta abierta permitiendo que hoy estas instituciones sigan aplicando este instrumento de discriminación.

Tras la exposición los senadores coincidieron en que “las Isapres no son las llamadas a interpretar la ley de acuerdo a sus intereses, puesto que es la Superintendencia de Salud la llamada a hacerlo”.

Un segundo proyecto en discusión fue el que dice relación con los desperdicios de alimentos (Boletín N° 10198-11 y otros) en primer trámite. Al respecto, la Comisión escuchó a la presidenta de la Asociación de Supermercados, Catalina Mertz, entidad que representa a un 85% de esta industria.

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La ejecutiva reconoció que el proyecto no les satisface puesto que se establece la obligatoriedad de donar los alimentos mal rotulados, con defectos de empaque o por vencer a organizaciones de caridad o destinar su uso como alimentación animal o compost agrícola.

“No nos parece ese imperativo. Es cosa de analizar la legislación extranjera donde dichas acciones tienen carácter voluntario. Lo que proponemos es firmar convenios con organismos que reciban comida y esta sea distribuida en personas que la necesitan”, declaró.

Mertz también admitió que “la prohibición de destruir de alimentos que, no obstante haber perdido su valor comercial debido a circunstancias como mal embalaje, envases dañados o defectuosos, mala rotulación o proximidad del vencimiento, se encuentran aptos para el consumo o el uso humano, genera un problema logístico importante”.

La Comisión solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional  (BCN) elaborar un informe sobre la ley francesa sobre esta materia, como así también invitar a representantes de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, de CORFO, de manera de continuar con la fase de audiencias.