Cobro de medidores inteligentes: "empresas distribuidoras pagarán pero la inversión sería traspasada a los clientes"

Una serie de interrogantes han surgido en la opinión pública luego que se conocieran detalles prácticos de la aplicación de la Ley  N° 21.076,  publicada en febrero de 2018, pues implica el cambio del actual medidor de electricidad, por uno “inteligente”, lo que ha generado diversos problemas de interpretación en cuanto a sus costos e implementación.

Los integrantes de la Comisión de Minería y Energía que preside la senadora Yasna Provoste, ahondaron en gran parte de las dudas que hoy tiene la ciudadanía, al recibir en audiencia a la Ministra de Energía, Susana Jiménez.

Mientras tanto, diversos parlamentarios como, Francisco Chahuán, han adelantado iniciativas para que este cargo monetario lo asuman concretamente las empresas y no los consumidores.

Desde la postura oficial, la ministra Jiménez se refirió al contexto en que surgió la normativa, el reglamento asociado, el último decreto tarifario (que regula el costo de la electricidad) y el cambio tecnológico que se viene en este sector productivo.

En síntesis, la secretaria de Estado explicó está en marcha un nuevo sistema de control y monitoreo de la distribución de energía, el que incluye el nuevo medidor.

Dicha cartera ha calculado que "al año 2025, más de 6 millones de  estos dispositivos inteligentes que medirán de modo remoto el consumo de electricidad, serán instalados en hogares, oficinas e industrias. Esto se traduce en una inversión estimada de mil millones de dólares".

El medidor hoy es financiado por el cliente -vía compra o arriendo-, pero a partir de ahora esta responsabilidad caerá en manos de las empresas distribuidoras de electricidad. Si bien es cierto que estas entidades pagarán por esos aparatos –lo que ya está contemplado en el actual decreto tarifario-, dicho costo será traspasado a los clientes en su boleta, en pequeñas cuotas mes a mes; de manera de no generar grandes alzas.

El nuevo sistema implicaría un costo adicional para el cliente que no debería superar el 1% de su cuenta, esto es, -en promedio- 200 o 300 pesos por cada facturación.

De acuerdo a lo explicado por la ministra, "uno podría negarse al cambio de medidor pero eso no significa que no se pagará el costo asociado a dicha actualización". Es decir, todos los clientes deberían cancelar mensualmente entre 200 y 300 pesos.

De todas formas, en caso de que una persona se niegue a cambiar el aparato, la empresa debe reportar el caso a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y será éste organismo el encargado de evaluar los próximos pasos.

Existe un plazo de siete años para realizar el cambio de los más de 6 millones de medidores en el país. El primer año se estima completar el 15% de las modificaciones.

Hoy, en la región Metropolitana ya se están efectuando estas actualizaciones a modo de plan piloto. Sin embargo, existen diversas denuncias que aseguran que ya se estaría cobrando desde septiembre de 2018, los cambios que no se han materializado.

El nuevo medidor permitirá reducir el tiempo y frecuencia de la interrupción del servicio (cortes de luz). Asimismo, será posible detectar fallas en el sistema eléctrico de cada vivienda, de manera de poder adelantarse a un siniestro. Este nuevo sistema monitoreo también obligará a las empresas a contar con un call center 24/7 y un sistema de información integral.

En el 2015 surgió una moción que buscaba modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía, la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.

Ello, surgió tras el terremoto ocurrido en septiembre de dicho año en Coquimbo. En la ocasión fue necesario levantar toda la estructura de tendido eléctrico que fue dañada por el movimiento telúrico de 8,4 grados.

Ver más: "Reposición y empalme de medidores en caso de desastres serán de cargo de empresas distribuidoras de energía".

Tras escuchar a la ministra, la presidenta de la Comisión, la senadora Yasna Provoste junto a sus pares Juan Pablo Letelier, Álvaro Elizalde, Alejandro Navarro, Alejandro Guillier, Alejandro García Huidobro, Jaime Quintana y David Sandoval, entre otros, hicieron una serie de consultas.

La legisladora Provoste planteó que “la ley dice que la empresa que distribuye, es la que tiene que hacerse cargo de todos sus equipos, los postes, los cables, incluidos los medidores”. En ese tenor, solicitó a la ministra Jiménez explicar el traspaso de este gasto a los clientes.

El senador Letelier comentó que “el costo del medidor no es el tema. En la tramitación del proyecto que dio origen a esta ley, se nos dijo que no habría reflejo en las tarifas, el impacto iba a ser cero”.

Luego, el senador Elizalde puso el énfasis en la sensación de abuso que percibe la ciudadanía de las grandes empresas, entre ellas las eléctricas. “Los medidores antiguos son más baratos que los nuevos, pero también se ha dicho que estos últimos implicarán un ahorro. Me gustaría saber qué otros factores influirán en la tarifa”, expresó.

El senador Navarro insistió en que la obligatoriedad del cambio es un error. “No me parece que tengamos que cambiar los medidores porque una ley lo dice. Además, quién nos garantiza de que estos aparatos inteligentes funcionen como se espera. Quisiera saber si están certificados”, mencionó.

El senador Guillier destacó que “hay un modelo de negocio que hay que revisar, más allá de la anécdota de los medidores. Las empresas obtienen utilidades desproporcionadas y el consumidor lo percibe e interpreta aquello en su contra. Me gustaría que se evaluara el plan piloto, es decir, se midiera si los nuevos medidores implican más o menos gasto para los consumidores”.

Por su parte, el senador García Huidobro confirmó las denuncias de cobros anticipados. “Felicito la claridad de la exposición de la ministra. Cuando analizamos esta ley siempre se nos dijo que esto no iba a tener efectos económicos. Ahora hay que investigar por qué se está cobrando por una mejora de un servicio no prestada”, advirtió.

El senador Quintana consultó a la ministra: “quisiera saber qué hubiera hecho usted en este caso cuando se tramitó la ley. Tal vez habría propuesto plazos distintos. El caso es que también me llama la atención que se cobren inversiones no realizadas”.

Finalmente, el senador Sandoval se explayó respecto a cómo se ha demonizado el medidor inteligente. “No se habla de lo positivo de este cambio y me preocupa. Acá la ministra ha sido clara en reconocer lo bueno y malo de este sistema. Además se nos ha cuestionado como parlamentarios respecto a lo que aprobamos en su oportunidad y hoy está siendo calificado como un engaño”, afirmó.