Comisión de Minería emplaza a cartera de Energía a pronunciarse si apoyarán moción que endosa a empresas distribuidoras de electricidad cualquier costo por cambio tecnológico

Hasta el 15 de abril hay plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer que la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores, será de cargo exclusivo de la respectiva distribuidora.

Así las cosas, los integrantes de la Comisión de Minería y Energía, invitaron a la última sesión a la ministra de Energía, Susana Jiménez para conocer su impresión de la propuesta de autoría de los senadores Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Carolina Goic, Yasna Provoste y Ximena Rincón, que cursa su primer trámite.

Luego de una ardua discusión, la secretaria de Estado aseguró que a fin de año, el Gobierno enviará al Congreso un mensaje para regular la distribución eléctrica, de manera que –en un primer momento- prefieren concentrar sus esfuerzos en este texto más que contribuir al que ya está en tramitación.

Cabe recordar que el pasado 6 de marzo, la ministra visitó la Comisión para responder una serie de interrogantes luego que se conocieran detalles prácticos de la aplicación de la Ley  N° 21.076,  que  implica el cambio del actual medidor de electricidad, por uno “inteligente”, particularmente el cobro de éste.

Ahora, el miércoles 3 de abril, la titular de Energía, defendió estos aparatos y el contexto que busca mejorar la calidad de la distribución de la electricidad, evitando interrupciones del servicio e implementado una central de llamados 24/7 para recibir reclamos.

 Beneficios e importancia del cambio tecnológico

Recordó que la actual ley “establece el traspaso de propiedad de los medidores a las empresas distribuidoras, quienes a su vez las solventarán a la luz de la fijación de tarifas (precio del nudo), la que usualmente se realiza cada 5 años. Esta vez se hizo un VAD interperiodo, es decir, se efectuó una fijación entre plazos, particularmente en el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (Decreto 11T, vigente desde noviembre de 2016, publicado en agosto de 2017)”.

Respondiendo a las dudas de los senadores respecto a si esta nueva tecnología (medidores inteligentes) encarecerá las cuentas de los consumidores, el Ministerio hizo un ejercicio de simulación basándose en pagos de 10 mil (familias vulnerables) y 20 mil pesos (familias promedio) al mes.

Así la cartera determinó que en el caso de una persona que es propietaria de su medidor (más del 70% de la población tiene tal condición), en el primer año de implementación (2019) debería pagar 10 pesos al mes, mientras en el último año (2026) el costo sería cero.

Paralelamente, la ministra Jiménez reconoció que gobierno negoció con tres empresas distribuidoras eléctricas (Enel, Grupo Saesa y Chilquinta) para que éstas paguen 10 mil pesos a cada cliente dueño de medidor para que los puedan reemplazar por nuevos aparatos. Esto beneficiaría a más de 2,4 millones de hogares.

“Este acuerdo va en directo beneficio de los consumidores. El medidor tradicional si se compra nuevo, tiene un costo entre los 10 y 15 mil pesos, por eso esta propuesta de incentivar monetariamente al cambio, resulta conveniente para la ciudadanía. Lo de los 10 mil pesos es voluntario y en ningún caso puede ser traspasado a la cuenta de la luz”, señaló.

La presidenta de la Comisión, la senadora Yasna Provoste planteó que “es necesario hacer reformas profundas al modelo de distribución eléctrica. Modificar la ley que establece a todo evento utilidades para las empresas eléctricas”.

A su vez, recordó que la instancia que encabeza ya votó en general y particular la moción. “Nos pidieron en la Sala, volver a escuchar a la ministra y abrir un proceso de indicaciones. A todo eso hemos accedido con una clara voluntad de diálogo esperando también que el gobierno se sume en este esfuerzo de proteger a los ciudadanos. Lamentablemente hemos visto que se han planteado medidas para dilatar entrar el tema de fondo que es defender a los consumidores”.

“El Presidente Piñera dijo con toda claridad, que al final del día pagan los ciudadanos. Y nosotros creemos que esto no puede ser. Por lo tanto, estamos haciendo una ley para impedir aquello. La pregunta es: ¿están todos disponibles?”, sentenció la legisladora.

En contraposición, argumentó que “la moción que hemos presentado pretende garantizar por ley que esta tarifa no pueda ser traspasada a los ciudadanos. Es bastante simple de poder apoyar y creo que es el momento de definirse en qué lugar estamos. Si estamos por proteger a los ciudadanos o estamos por hacer negociaciones con el sector empresarial para garantizar 10 mil pesos por los medidores”, puntualizó.

Tras la exposición de la ministra Jiménez, el senador Álvaro Elizalde consultó si el gobierno puede entregar información georeferenciada respecto a la instalación de los nuevos medidores. También preguntó “¿cuáles son los planes comprometidos con las empresas para esta instalación? Me gustaría que el Ejecutivo presentara indicaciones a la moción que estamos debatiendo, más allá de quedarse en el trabajo pre-legislativo del proyecto de distribución que se a anuncia”.

Luego el senador Carlos Bianchi reforzó lo anterior, manifestando que “entiendo que ustedes (representantes del Gobierno) no tienen interés en este proyecto que se hace cargo de muchos de los problemas que usted ministra nombró. Creo que están dilatando el problema. En vez de resolver el pago de esta nueva tecnología por ley, prefieren negociar con las empresas para que entreguen a los clientes 10 mil pesos y las personas se olviden del cobro que le harán mes a mes”.

En tanto, el senador Alejandro García Huidobro planteó que “nos gustaría conocer opinión de diversos expertos sobre la moción que analizamos, si en otras naciones se da esto de que la empresa distribuidora se hace cargo de la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores (…) Creo que si no se pone el acento en la competencia en el área de distribución eléctrica, situaciones como ésta se van a repetir”.

El senador Alejandro Navarro se mostró sorprendido con la idea del Ministerio de debatir en conjunto el mensaje de distribución eléctrica –agendado para finales de año-, en conjunto con el proceso de fijación de tarifas. “Creo que esto es inviable. Por lo demás, no veo que se integre a la ciudadanía en estos temas. Hemos sabido también que desde septiembre del 2018 se han instalado más de 500 mil medidores. Queremos saber cuánto se está cobrando y si no corresponde, cuándo ese dinero se devolverá a los clientes no regulados”, indicó.