En el debate algunos senadores denunciaron "faltas al debido proceso" en los distintos casos de expulsión donde los extranjeros han sido protagonistas, mientras que otros aseguraron que "siempre se ha investigado con la rigurosidad debida".
La aplicación de la recientemente aprobada ley de migración, las políticas de las expulsiones y su legalidad, así como las diversas denuncias sobre el respeto a los derechos humanos, fueron algunos de los aspectos abordados por el Senado, durante una ardua Sesión Especial donde senadores y senadoras de todas las tiendas políticas, autoridades e invitados confrontaron sus distintas posturas y visiones sobre el complejo y multidimensional tema de la migración.
La sesión -por acuerdo de Comités- fue convocada para “analizar la política del Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales de estas personas y sus familias”.
Al inicio de la jornada, el senador
Juan Ignacio Latorre, uno de los solicitantes de la Sesión Especial, precisó que "en febrero de este año se vivió la expulsión más masiva y que fue celebrada ante los medios de comunicación por el propio ministro del Interior”. El legislador aludió que desde la Corte Suprema y el Poder Judicial “se estaría hablado de decisiones, en algunos casos, arbitrarias e ilegales”.
Luego, a nombre del Ejecutivo, el subsecretario del Ministerio de Interior y Seguridad Pública,
Juan Francisco Galli enfatizó que “la voluntad del Gobierno es hacer cumplir la ley” y precisó que recientemente “la ley de migraciones fue analizada y cambiada por este Congreso Nacional”. El personero detalló que la propia legislación tiene un título completo sobre expulsiones e hizo presente el principio de la no criminalización de la migración, al tiempo que detalló los procedimientos que lleva a cabo extranjería para proceder "con rigurosidad" con los procesos de expulsión de ciudadanos en situación irregular.
Luego, se dio paso a un arduo debate donde senadoras y senadores dividieron sus argumentos. Mientras unos hicieron el punto en las denuncias de "faltas al debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de las personas con ocasión de expulsiones masivas de extranjeros", otros aseguraron que "este Congreso discutió durante años una ley de migración y ahora se está aplicando" y, en cuanto a las expulsiones "siempre se ha investigado con la rigurosidad debida".
Más allá de las diferencias, todos los congresistas valoraron que hoy se cuente con una nueva ley de migraciones y con matices opinaron sobre las dificultades que hoy se presentan en su aplicación.
La senadora Isabel Allende partió reconociendo que "nadie pone en duda el derecho soberano del país de expulsar, pero el problema es que no se respete el debido proceso. Este Gobierno ha decretado más de 18 mil expulsiones y solo un cuarto han sido judiciales". A su vez, lamentó lo que a su juicio es un "show mediático de las expulsiones".
En tanto, la senadora
Luz Ebensperger encaró varios de los cuestionamientos de los invitados a los procesos de expulsiones y protagonizó un intercambio de opiniones con la Defensora de la Niñez, en el marco de las comunicaciones por la plataforma telemática. "Me gustaría que me dijeran que se ha presentado una querella por vulneración de los derechos de los niños por expulsión. No lo han hecho porque los casos son contados" indicó haciendo ver que "tampoco veo que se hayan querellado por el abuso que han cometido extranjeros a niños chilenos. La caridad parte por casa", afirmó.
Para el senador
José Miguel Insulza, "la ley de migraciones es adecuada, sin embargo me gustaría saber qué dicen las cortes sobre las distintas expulsiones que se están haciendo de manera ilegal". Aseguró que "esto ha sido una vergüenza porque el espíritu de la norma quedó relegado a un acto como es la expulsión y ver cómo se denigra a las personas. Los organismos internacionales nos preguntan por qué pasa esto".
La senadora
Carmen Gloria Aravena recordó que "es muy importante que el Gobierno haga cumplir la ley. En mi opinión no se trata de expulsiones colectivas sino de actos administrativos prácticos. Lo que sí exigimos es que estas expulsiones sean en un marco de dignidad. No tenemos la disponibilidad económica para hacernos cargo de una migración tan alta, si vamos a invitar a nuestra casa debemos hacerlo en condiciones mínimas".
A su vez el senador
José Miguel Durana enfatizó que cada expulsión corresponde a un proceso que se ajusta a la ley. "Todos votamos por una ley de migraciones porque generaba oportunidades y seguridades al migrante y al nacional. Cuando termine la pandemia va a venir una inevitable ola migratoria. Lo que todos queremos es que los efectos económicos del COVID-19 no nos perjudiquen, ni quienes vivimos en Chile ni a quienes buscan nuevos horizontes acá", mencionó.
El senador
Juan Pablo Letelier aseguró que "el problema es cómo interpretamos la transición de la aplicación de la ley". "Entiendo la situación de los colegas del norte. No se puede ser hipócrita y, en esto, lo estamos siendo porque se le dice a un venezolano que 'Maduro es un dictador', se abre un proceso de visa especial y luego se lo devuelve a su país. Esperemos que podamos aprobar un proyecto de acuerdo para corregir estos errores y terminar con la sobre politización del tema", hizo ver.
A juicio del senador
Juan Antonio Coloma, en este debate sobre el estatuto de expulsiones "lo primero es identificar quiénes han cometido un delito para que cumplan su pena en su país. Lo segundo se refiere a los ingresos de personas en forma clandestina porque eso no es aceptable. Muchos dicen que no hay nada que hacer con eso y me parece que eso es negarse a una ley de migración". y precisó que "esa es la forma de frenar una política pública".
Finalmente, el senador
Pedro Araya comentó que "nos ha costado entender que la migración es un fenómeno que quedó para quedarse. Represento a Antofagasta y acá se celebra ese fenómeno pero producto del desorden migratorio, la percepción ciudadana ha cambiado. Invito al Ministerio del Interior a definir una política clara porque la inseguridad por ambos lados es lo único claro".
En la sesión (telemática y presencial) intervinieron además los siguientes representantes de organizaciones de la sociedad civil:
“Como servicio este 2021 hemos presentado 32 recursos, por un total de 339 personas y solo uno fue rechazado. No hay un análisis individualizado de cada caso y eso constituye una expulsión colectiva. El subsecretario tiene razón con que algunas de estas expulsiones están justificadas en la comisión de un delito, pero no es lo mismo el caso de un ciudadano que ha sido expulsado por acto administrativo, donde no tiene posibilidad de defenderse”.
Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello:
"La migración siempre ha existido pero ahora la velocidad es muy rápida, por lo que la adecuación es más compleja. El problema es que ha tenido un gran impacto en el mercado laboral antes de la pandemia, influyendo en los salarios. Los chilenos ven como una amenaza a los extranjeros. Ahí vemos que un 37% de los nacionales cree que existe un conflicto importante con los migrantes".
Antonio Calvo Bolaños, director del Consejo Nacional de la Sociedad Civil de Migraciones Chile:
"Si hay un delito de por medio, no se puede relativizar aquello pensando en el país que nos recibió generosamente (...) No queremos mandar señales equivocadas porque somos más de un 85% los que hemos cumplido con las normas, pero con el mismo rigor queremos exigir al Gobierno el debido proceso cuando vemos casos de falta de profundidad en la investigación".
Ludmila Palazzo, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile:
"En Derecho Internacional está la primacía de los derechos del niño y esto se relaciona con el interés del superior del éste y eso simplica mirar caso a caso. Enfatizamos la importancia que los menores vivan con sus familias y ello se ve claramente afectado en las expulsiones que conocemos".
Patricia Muñoz, Defensora de los Derechos de la Niñez:
"Los menores deben ejercer su derecho de ser oídos y ello se hace aún más relevante cuando viven la expulsión de sus familiares. Las expulsiones deben ser coherentes con el debido proceso y ello lo dice la Corte Suprema y muchas Cortes de Apelaciones. Estas expulsiones se hacen de noche y fines de semana cuando no funcionan los organismos de resguardo. Estamos claramente frente a vulneraciones del Estado".