Educación especial: solicitan una serie de medidas sobre resguardo de derechos, subvención, inmuebles y fiscalización

Cuatro fueron los proyectos de acuerdos aprobados por el Senado, por medio de los cuales se solicita adoptar las medidas necesarias para hacer frente a diferentes necesidades de la educación especial, principalmente, en orden a resguardar los derechos de los alumnos; modificar normas de subvención escolar y matrícula; solucionar diversas situaciones que afectan a las escuelas; y modificar normas sobre fiscalización y sanción aplicables a estos establecimientos.

Así, se pidió al presidente de la República que presente un proyecto de ley para el establecimiento de una ley general de educación especial, que resguarde los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales y sus respectivas comunidades escolares, estableciendo asimismo normas especiales respecto de los inmuebles donde funcionan dichas comunidades educativas, excluyéndolos de las exigencias impuestas por la Ley de Inclusión Escolar. (Boletín S 2397-12)

Esto, explican porque “los marcos normativos establecidos por decretos, no logran dar sustentabilidad en el tiempo a este sector educativo, por lo cual se hace imprescindible la implementación de una Ley General de Educación Especial, que resguarde los derechos de los alumnos especiales y sus respectivas comunidades educativas”.

Agregan que “las escuelas especiales no pueden contar con la misma matrícula que una escuela de enseñanza regular, ya que, en esta última, los establecimientos pueden albergar hasta 45 alumnos por sala, mientras que en las de enseñanza especial, solo a 15 alumnos. Esto hace que la garantía estatal de CORFO que ofrece la Ley de Inclusión, a las escuelas especiales, corresponda en la práctica a un tercio que en la educación regular”.

“En consecuencia –prosiguen- el monto que podría financiarse con la garantía de CORFO resulta insuficiente para financiar las deudas que actualmente se tienen con la banca, razón por la cual se hace imposible para estas escuelas cumplir con dicha exigencia legal”.

Durante la sesión, además, se respaldó el proyecto de acuerdo por medio del cual solicitan al Ejecutivo presente una propuesta de ley o adopte los actos administrativos que correspondan, con el objeto de modificar las normas sobre fiscalización y sanción aplicables a la educación escolar especial, para dar solución a diversas situaciones que la afectan. (Boletín S 2400-12)

Al respecto, hacen presente que no existe un tratamiento técnico-administrativo para las escuelas especiales y se les aplica la misma normativa que cualquier escuela regular. Por esto, señalan, “se hace necesario reestudiar o diseñar las actas de fiscalización de la Superintendencia de educación escolar, modificándolas y adaptándolas, según los requerimientos técnicos de cada especialidad”.

Con respecto a las sanciones y multas aplicadas por la Superintendencia de educación escolar, indican que “siempre han sido desproporcionadas y discriminatorias para la educación especial, aplicando sanciones arbitrariamente, sin tener en consideración la matrícula de la escuela ni los flujos en ingreso de las instituciones escolares, a raíz de lo cual muchos sostenedores de este sector han estado a punto de ir a la quiebra (…).

Tal situación, recalcan, “perjudica directamente a la gestión financiera del establecimiento, a su personal docente, asistente, y principalmente a los alumnos, por lo que, para solucionarla, se propone que la Superintendencia aplique un cobro de multas que sea proporcional a la matrícula del establecimiento”.

El tercer acuerdo aprobado requiere que el presidente de la República presente una iniciativa de ley que modifique las normas de subvención escolar y de matrícula para establecimientos de educación especial. (Boletín S 2398-12)

En concreto se propone avanzar en: modificar las normas de subvención escolar para las escuelas de educación especial, de modo de sustituir el pago de subvención a dichos establecimientos de “asistencia diario promedio”, a “pago por matrícula efectiva”; y modificar las normas de matrícula para establecimientos de educación especial, permitiendo que sus alumnos puedan matricularse hasta el mes de octubre del año lectivo, al igual que los alumnos de educación regular.

El último texto aprobado insta a presentar propuestas legislativas o adoptar las medidas reglamentarias pertinentes, con el objeto de solucionar las situaciones que afectan a las escuelas de educación especial para modificar las normas del sistema de calidad, la aplicación de la ley SEP y la entrega de textos escolares y materiales didácticos a las escuelas de educación especial. (Boletín S 2399-12)

Entre los autores de estos acuerdos están los senadores Francisco Chahuán, Carmen Gloria Aravena, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Ximena Rincón, Karim Bianchi, Juan Castro Prieto, José Miguel Durana, Rojo Edwards, Iván Flores, Sergio Gahona, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumilla, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Javier Macaya, Iván Moreira, Rafael Prohens, Kenneth Pugh, Gastón Saavedra, David Sandoval, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe, Matías Walker, Alejandra Sepúlveda y Ximena Órdenes.