Cigarrillos electrónicos tendrán las mismas restricciones que el tabaco

Consenso generó entre los integrantes de la Comisión de Salud, las ideas matrices del proyecto que refunde varias mociones que regulan la venta y consumo de cigarrillos electrónicos, también conocidos como vaporizadores o vapeadores.

La propuesta en primer trámite quedó en condiciones de ser vista en Sala, por lo que en una próxima sesión ordinaria deberá ser votada. Luego se fijará un plazo para presentar indicaciones (mejoras a la redacción del texto), las que serán analizadas en el debate en particular.

Cabe recordar que se entiende por cigarrillo electrónico (también llamado ECIG) un sistema electrónico, creado en China en el año 2004, que utiliza una pequeña batería para calentar una solución líquida y convertirla en vapor. Su diseño generalmente imita un cigarrillo, un cigarro o una pipa.

En general, el aparato contiene un cartucho recambiable o recargable pero también existen ECIGs descartables. Las principales sustancias que contiene el líquido son: propilenglicol (generalmente alrededor del 70%) y/o glicerina vegetal (generalmente alrededor del 20%), nicotina en diferentes dosis (entre 0 mg y 54 mg/ml), sabores y aromas. Diversos estudios muestran que la dosis de nicotina que “dicen tener” los cartuchos muchas veces no coincide con la que “realmente” tienen.

La propuesta busca frenar el consumo de estos productos considerando que los efectos en la salud de los fumadores son tan perjudiciales como los que experimentan los que consumen tabaco en su forma tradicional. En ese sentido, prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad, y aquellos que contravengan esta disposición deberán cancelar una multa de 4 Unidad Tributarias Mensuales (UTM) (unos 196 mil 524 pesos).

En otro tema, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich resumió el contenido de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto que modifica el sistema privado de salud, administrado por las Isapres, el que cursa su segundo trámite (Boletín N° 8105-11).

Cabe recordar que en sesiones pasadas, los integrantes de la Comisión presentaron un piso mínimo de requerimientos que debía consignar esta ley. El texto correspondía a 18 puntos de diversos tópicos, tres de los cuales han sido recogidos parcialmente por el Minsal, relativos a las atribuciones de la Superintendencia de Salud y la cobertura financiera.

En tal sentido, el secretario de Estado aclaró que muchos temas sí habían sido recogidos como el seguro catastrófico.

En cuanto a precios del plan, el ministro Mañalich hizo ver que “en el caso del plan de salud habrá tres precios. Las cargas familiares menores de 25 años pagan un 50% de la prima, los mayores de 50 años deben cancelar el 100% y los de entre 25 y 50 años, un 75%. La idea es que el Plan de Salud Universal (PSU) tenga esa diferencia a lo menos en los próximos cinco años y luego se pueden hacer ajustes”.

“También somos partidarios que en esos cinco años, se mantenga la declaración de salud para los pacientes que vengan de otro sistema y por tanto, no hayan contribuido al fondo solidario”, reconoció junto con sincerar que “realizar un reajuste en el precio del plan trianual para el sector público y privado no es razonable. Hay un costo histórico de las atenciones. Se ha reconocido que existe  un alza de un 2% sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Por eso creemos que es muy necesario que se pongan al día los costos de la salud”.

Luego, el Superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro describió tres indicaciones nuevas presentadas en esta semana, las cuales los senadores quedaron de estudiar en los próximos días antes de elaborar un calendario de votación. La idea es que el debate en particular concluya a más tardar a fines de octubre.

Las mejoras al texto son las siguientes:

1. Examen de medicina preventiva: se reconoce que hoy las Isapres aplican un examen precario que no permite adelantarse a las patologías que podrían presentarse en el paciente. La lógica es tener afiliados enfermos para recabar más recursos vía planes de salud. La indicación propone fortalecer la medicina preventiva de manera que los prestadores que entreguen este servicio sean los mismos que intervendrán en Plan de Salud Universal. Además se incluirían las prestaciones ligadas a la sospecha de un diagnóstico y la consulta profesional respectiva. La intención es incentivar a las Isapres a invertir en la salud de sus afiliados, de manera de evitar que éstos se enfermen y por tanto, incurran en gastos que deberán cancelar estas instituciones.

2. Red de prestadores: cada Isapre deberá tener una red máxima de tres prestadores y éstos deberán ser los mismos que entregan la atención a pacientes GES-Auge. Acá la intención es uniformar criterios de atención y controlar la calidad de ésta.

3. Cobertura enfermedades catastróficas: la indicación precisa que el financiamiento de enfermedades de alto costo será un 100% cancelada por parte del Minsal. Esto pasaría cuando el paciente sobrepase el monto máximo anual (éste se calcula considerando rentas anuales, entre otros criterios).

Tras escuchar a las autoridades, el senador Guido Girardi centró su intervención en la medicina preventiva. “Creo que hay que generar incentivos para que las Isapres deseen que sus afiliados no se enfermen. Una opción es fijar planes de por vida. De esta forma, las Isapres deberán asumir los costos de las patologías en forma mancomunada”, explicó.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán también reconoció que “los actuales chequeos preventivos son una vergüenza. Es un mero trámite que no tiene efectos en términos médicos para el paciente. Vemos que la liviandad de esos exámenes ha permitido que se eleven las tasas de hipertensión, sobrepeso, resistencia a la insulina y obesidad infantil”.

Finalmente, el senador Rabindranath Quinteros recordó una noticia recientemente publicada, donde se señala que las Isapres subirán su prima GES en un 50,3%. “Queremos poner fin a estas prácticas, de allí que es necesario tener claridad respecto a qué contendrá el plan y cuánto costará”, insistió.