Retoman estudio del Protocolo de San Salvador y emplazan al Ministerio de Relaciones Exteriores a dar a conocer su postura
La Comisión ad hoc acordó escuchar a varios ministerios y expertos sobre los alcances del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
30 de septiembre de 2019La Comisión de Relaciones Exteriores escuchó a la Ministra (s) del ramo, Carolina Valdivia, respecto al proyecto aprobatorio del tratado multilateral que reafirma, desarrolla y perfecciona el régimen internacional de protección de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos como derivados de los principios reconocidos por la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), complementario al que ofrece el derecho interno de los Estados singularmente considerados.
El llamado Protocolo de San Salvador, que inició su tramitación en 2006, extiende el derecho al trabajo, derechos sindicales, sobre seguridad social, salud, alimentación, entre otros, y establece la presentación de informes periódicos, explicó Valdivia, quien además precisó que los derechos previstos están en armonía con los reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política y con otros pactos suscritos por nuestro país, pero aclaró que el “protocolo permite la reserva de ciertos aspectos”.
En este contexto, la Ministra indicó que como “el catálogo es muy amplio, se debería escuchar a los ministerios de los diferentes sectores y expertos internacionales”, propuesta que fue acogida por la Comisión.
Con todo, avanzado el análisis, los legisladores solicitaron un pronunciamiento claro desde el Ministerio, para conocer la opinión del Ejecutivo, a lo que Valdivia se comprometió “a traer respuesta” y algunas voces advirtieron que se debe evitar la judicialización internacional.
El presidente de la instancia parlamentaria, el senador José Miguel Insulza explicó que “este Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Americanos, corresponde a una evolución importante en la vida de los estados, agregando derechos inmanentes del ser humano a salud, transporte, vivienda (…), sin que se esté diciendo que están obligados todos a proveerlo, porque es posible que no existan recursos para esto, pero se plantean como temas de principio (…) No veo la razón por la que podríamos negarnos”.
El legislador dejó constancia de la “demora” que ha tenido la ratificación. “Ahora no queremos suscribir tratado –salvo los económicos- y sí eso no es un cambio en la política exterior, ¿no sé lo que es?”.
A su turno, el senador Iván Moreira manifestó su “temor a la obligatoriedad y que como país tengamos que asegurar aspectos muy amplios. Por eso he insistido en que venga el Ministro de Hacienda y hacerle ver al gobierno lo delicado de este asunto”. Además, solicitó aclaración sobre las reservas a las que se podría aludir.
La Ministra aclaró que está la obligación de adoptar medidas, “pero hay ciertas limitaciones, conforme a los recursos que estén disponible y en armonía con la legislación interna. Hay un margen de apropiación, para que los estados vean hasta dónde pueden avanzar y considerando su grado de desarrollo y su progresivo avance”.
Para las próximas sesiones se espera contar con las opiniones de Hacienda, Salud, Trabajo, Educación, Desarrollo social, entre otros, además de la visión del Instituto de derechos humanos.