Denuncias por actos contra la probidad administrativa: luz verde a nueva normativa
La norma respaldada por unanimidad, posibilita que cualquier persona, “en forma ágil y sencilla” pueda realizar una denuncia, con reserva de identidad y protección ante posibles represalias. Además, se adelantaron perfeccionamientos en el debate en particular para evitar abusos.
30 de junio de 2021Por unanimidad, el Senado respaldó el proyecto que modifica la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, para promover la denuncia, por parte de los funcionarios públicos, de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento y acordó fijar como fecha de indicaciones el jueves 29 de julio.
La discusión se reanudó, tras has haber iniciado su debate en sesión del 22 de junio, oportunidad en la que se dio cuenta de los alcances del proyecto. Revise nota relacionada.
Cabe recordar que se busca fortalecer y perfeccionar los mecanismos existentes en la legislación para promover que, no sólo los funcionarios públicos sino que todas las personas que desempeñen funciones en la Administración del Estado, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo hagan y el estatuto que les sea aplicable, e incluso los ciudadanos particulares, puedan denunciar hechos de que tomen conocimiento al interior de la Administración y que pudieren estimarse constitutivos de infracciones a las obligaciones o deberes ministeriales previstos en el ordenamiento jurídico, sean o no constitutivos de delito.
Para esto, se establecen procedimientos expeditos de denuncias y medidas de protección eficientes y suficientes que motiven la denuncia, especialmente por parte de los operadores del sistema público.
Pese al contundente respaldo, durante el debate se advirtieron una serie de aspectos a subsanar, durante el debate en particular, entre otros: “la necesidad de prevenir eventuales abusos; denuncias sin fundamentos y sin sanción; evitar el revanchismo en las denuncias sin veracidad; y aspectos sobre una posible delación compensada”.
Al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a las observaciones y destacó que se ha avanzado y precisó que “no se trata de hacer una casa de brujas (…). En este caso hemos buscado establecer un sistema que favorece la denuncia en un sentido amplio”.
“La Contraloría no tiene la facultad para revisar el mérito y muchos veces -al ejercer su funciones- transgrede ese límite y emite una opinión de mérito y eso no corresponde, porque cruza la autonomía en la decisión de esos órganos. Esperamos que estas dudas y eventuales peligros de abuso futuros puedan resolverse en la discusión en particular”.
“Tengo algunas observaciones: para evitar conflictos posibles es necesario un proceso de capacitación a favor de la cultura de la organización, no quedarnos en la mera formalidad de los procedimientos; (…) me parece que habría que poner énfasis en la estructura jerárquica, para que ésta tenga la primera responsabilidad en velar que se dé un clima de adecuado cumplimiento de probidad (…)”.
“Comparto el objetivo general de este proyecto (…), pero también en el debate en particular debemos preocuparnos de prevenir cierto mal uso de estas facultades que se entregan. ¿Qué pasa si de pronto una persona, porque simplemente tiene una mala relación con una jefatura, procede a hacer una serie de denuncian sin fundamentos?, va generando un clima institucional difícil y no tiene sanción”.
“Este proyecto va a generar una herramienta eficaz para detectar, investigar y sancionar la corrupción pública y privada. (…) Es fundamental que la norma sea adecuadamente utilizada y que los actos deban tener suficiente grado de veracidad, sino estaríamos en frente de revanchismos”.
“Esta es una ley que va a influir en muchos cientos de miles de personas (…) No se debe generar una política de denuncia temeraria y hacerle la vida imposible a alguien, creo que eso necesita una discusión que hay que desarrollarla de una manera complementaria potente”.
“Cuando uno mira el informe, echa de menos que no haya pasado por la Comisión de Hacienda, por la plataforma que se genera. (…) Las intervenciones en la Comisión (…) todas hablan de la importancia de esta legislación y en la discusión en particular tendremos que tomar todos los resguardos para proteger no solo a los denunciantes, sino que también a los funcionarios”.
“Hace ya unos 4 años ingresé un proyecto para declarar la imprescriptibilidad del delito de cohecho. Lo que se quiere es más bien disuadir, creo que la imprescriptibilidad, sea particular o de funcionarios público, debiera ser la norma”.