Transparencia 2.0: Fundaciones Espacio Público, Chile 21 y Chile Transparente entregan su mirada sobre el proyecto

Con las exposiciones de tres centros de estudios, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, continuó con el análisis del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública. Revise nota explicativa.

Las Fundaciones Espacio Público, Chile 21 y Chile Transparente, coincidieron en que el proyecto es un avance y que se ha perfeccionado a lo largo de su tramitación, pero advirtieron que se requiere avanzar en temas esenciales, como el perfeccionar el gobierno corporativo del Consejo para la Transparencia (CPLT); el extender las competencias del CPLT a todas las instituciones que reciban recursos del Estado, entre otras. Revise detalles del proyecto

Durante la sesión, los legisladores, transversalmente, valoraron las exposiciones y la senadora Luz Ebensperger, presidenta de la instancia parlamentaria, indicó que se debe conciliar el justo equilibrio entre el derecho a la información y el resguardo a la privacidad; en la misma línea, el senador José Miguel Insulza, manifestó que se debe definir claramente cuáles serán los aspectos que se incluirán en la legislación y cuáles serán parte del respetivo reglamento. En tanto, el senador Rodrigo Galilea llamó a hacer eficiente la entrega de información para “evitar que se transforme en una carga que impida el buen servicio”.

María Jaraquemada, de la Fundación Espacio Público detalló el documento que realizaron 4 centros de estudio en enero de 2019 (CEP, Chile 21, Liberta y Desarrollo y Espacio Público) y que aborda el proyecto, sus puntos altos y aquellos que están al debe.  

Al respecto, precisó que se está ante un “gran avance en la integración del sistema y la disminución de la actual fragmentación”, pero “si el Consejo para la Transparencia va a tener facultades sobre todo el aparato estatal, debe reforzarse su gobierno corporativo y evitar la politización o captura de sus integrantes”.

Además, advirtió que se debe avanzar más en transparencia fiscal en gobiernos locales, en ámbitos de defensa, en empresas públicas y estatales y “falta regulación de correos electrónicos institucionales (…) y se está al debe en la consagración de test de daños y proporcionalidad y de interés público, de acuerdo a estándares internacionales”, sentenció.

En otro orden y si bien reconoció que excede los objetivos del proyecto, señaló que falta una regulación integral en materia de archivos y gestión de la información.

Desde la Fundación Chile 21, Roberto Amaro, coincidió en la exposición anterior y llamó a recoger la discusión que se realizó durante la tramitación en la Cámara, respeto a los sujetos obligados. “Se ha ido avanzando, pero seguimos creyendo que hay algunos que están quedando fuera, todas las empresas de servicios públicos que tienen licitaciones para administrar algún bien público, como las sanitarias (…). En donde haya dinero del Estado, hay que ampliar lo más posible la transparencia y el control (…) Es una oportunidad, no sería retrasar”.

Entre los aspectos al debe, señaló que, “a nuestro juicio, el CPLT debiese estar consagrado en la Constitución y consagrar como derecho constitucional el acceso a la información pública”.

En otro orden, instó a que se reponga la discusión y votación de “una indicación presentada en la Cámara relacionada con el acceso a los correos electrónicos institucionales de autoridades y funcionarios públicos en general”.

Por último, indicó como fundamental el promover la Ley de Transparencia y el debatir sobre los plazos y funcionamiento del acceso y transparencia.  

Luego, Alberto Precht, de la Fundación Chile Transparente, reconoció que “en Chile se ha ido instalando una cultura de la transparencia y del acceso a la información, con un intensivo uso, no solo por entes especializados, sino que también por parte de los ciudadanos cuando quieren conocer de materias cercanas en su diaria relación con el Estado”.

En este marco, constó como desafíos, “el hacer cumplir los plazos de entrega de la información; disminuir los plazos de entrega; eliminar las ambigüedades en la aplicación de las excepciones del acceso a la información; y disminuir los tiempos de resolución de recamos”.

Precht coincidió con los anteriores expositores, en que se debe robustecer el gobierno interno del CPLT, con mecanismos de nombramiento fuertes, “actualmente no se requieren requisitos técnicos, ni trayectoria profesional o competencias para el cargo”; además indicó que se requiere que sea de dedicación exclusiva; que existan inhabilidades para ejercerlos y una clara regulación post empleo.

Asimismo, reiteró que se debe consagrar como un derecho constitucional, el derecho a la información; limitar los recursos de queja; adoptar un modelo que permita fortalecer el sistema de tutela en otros poderes del Estado y organismos autónomos; y la responsabilidad en la calidad del dato público.

Revise aquí detalles de la sesión

Al comienzo de la Comisión, se dio cuenta del ingreso del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que posterga el pago de patentes de alcoholes (boletín 13650-06) el que se revisará en una próxima sesión.

La senadora Ebensperger señaló que en paralelo, el Ejecutivo dictó el Decreto 30, para la postergación del pago en 2 cuotas, el 2021, pero con la autonomía municipal, considerando que el 31 de este mes vence el plazo de dichas patentes.

La legisladora indicó, además, que ya tomó contacto con los municipios para tratar esta materia, quienes advirtieron que sin la autonomía de los municipios, se afectará gravemente el presupuesto.