Personas mayores y trabajo: abogan por formalización, salud y beneficios
En el marco del estudio de las indicaciones del proyecto de ley sobre envejecimiento positivo, se han abordado diferentes áreas a favor del bienestar y la dignidad de las personas mayores.
15 de septiembre de 2021Avanzar hacia “la integralidad” de la propuesta es una de las metas que se ha impuesto la Comisión Especial del Adulto Mayor, en el marco del estudio de las indicaciones presentada al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre envejecimiento positivo.
Al respecto, la instancia especializada, presidida por la senadora Ximena Órdenes, respaldó cambiar el nombre del texto legal, que ahora pasaría a denominarse: “Ley integral de las personas adultas mayores y de promoción del envejecimiento positivo”.
Durante varias sesiones se intentó avanzar con una nueva nominación de los “adultos mayores”, en orden a hablar de “personas mayores”; sin embargo, después de profundo análisis, se acordó dejar la tradicional nominación, “pues queda concordante con otros cuerpos legales y la norma internacional”.
Entre las enmiendas respaldadas están las referidas a conceptos o definiciones, entre otras: adultos mayores, organizaciones promotoras, envejecimiento positivo, cuidador o cuidadora.
Además, se incorporó un artículo nuevo sobre derechos de las personas mayores, pero se hizo desde la perspectiva de los deberes del Estado, “para evitar convertir el proyecto en acciones que pudieran implicar una determinada judicialización”, se indicó desde el Ejecutivo.
También se despejaron temas de forma sobre las acciones del Estado para la promoción del envejecimiento positivo y el apoyo y cuidado integral de las personas adultas mayores.
Sobre la política nacional de envejecimiento se añade que se incluirá en su elaboración instancias de participación ciudadana, teniendo especial participación de los consejos asesores regionales de personas adultas mayores y la evaluación se efectuará cada cuatro años.
Para los consejos asesores regionales de las personas adultas mayores se establece que el reglamento deberá estar en 6 meses. La idea, se precisó, “es avanzar hacia las direcciones regionales”.
Sin embargo, la senadora Órdenes transparentó que, a su juicio, “el proyecto avanza, pero no garantiza”, por lo que se busca reforzar este aspecto.
ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA
Otro de los aspectos en los que hay avance es en cómo se enfrentará el aporte de los adultos mayores en los Establecimientos de Larga Estadía, ELEAM, esto, insistieron los legisladores, “siempre resguardando la autonomía de los mayores”.
Así se aprobó que “los establecimientos de larga estadía sin fines de lucro, que perciban financiamiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el director podrá solicitar al residente o a su tutor, en caso de que lo hubiere, la suscripción de un mandato, para el solo cobro de las pensiones básicas solidarias, pensiones de retiro, montepíos u otros beneficios previsionales”.
Los recursos deberán destinarse únicamente a solventar los gastos de la estadía, como sus gastos personales y en ningún caso podrá exceder del 85% de los que reciban el residente por concepto de pensiones, montepío u otros beneficios previsionales, ni ser superior al aporte que el servicio entregue por residente al respectivo establecimiento.
Además, los directores tendrán la obligación de rendir cuenta cada 6 meses a la persona adulta mayor que resida y a su tutor si corresponde.
En tanto, el tema relativo a los adultos mayores y trabajo está por resolverse, en la última sesión el senador David Sandoval señaló que “los adultos mayores no piden una condición de paternalismo, lo que quieren es tener un contrato que los resguarde”; además, llamó a avanzar en “propiciar un estímulo a la contratación de los adultos mayores y no solo velar por la formalidad”.
Por su parte, la senadora Órdenes advirtió que no se puede “caer en espacios que al final del día terminemos con trabajos precarios y es necesario ver cómo estos contratos impactan en las pensiones”.
Al respecto, la senadora Carolina Goic indicó que una opción, “tal como se hizo para el trabajo joven, puede ser que no se considere el ingreso como parte de los beneficios asociados” e insistió en que se debe “procurar la salud de los adultos mayores en el trabajo”.
El senador Rabindranath Quinteros instó a que esto “debe quedar muy claro, explicado para los adultos mayores, para que no haya problemas de interpretación”.
Con todo, el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Francisco Del Río presentó la propuesta del Ejecutivo, que incluye el trabajo del adulto mayor en el Código del Trabajo, con miras a la formalización y a compatibilizar funciones y la salud de los adultos mayores. Esto, por medio de -por ejemplo- jornadas con flexibilidad horaria (bandas), gozar de los derechos que establece la legislación, entre otros.
Del Río hizo notar que el “elemento ordenador fue otorgar derechos que facilitarán la incorporación del adulto mayor al empleo, no imponiéndole cargas excesivas, ni cortapisas de abuso. Se trata de un contrato especial inserto en el Código del Trabajo, lo que implica que gozarán de todos los derechos del mencionado código”.
“La regulación propuesta -prosiguió- propone que la contratación debe basarse en la compatibilización de funciones y de la salud del adulto mayor” y reconoció que uno de los temas de mayor debate está en la jornada laboral “que en general podrá o no ser aplicada para los adultos mayores”.
El tema se abordará en la próxima sesión de la Comisión, pues, enfatizaron los senadores, “se quiere despejar cualquier duda con respecto a estos contratos y su compatibilidad de las pensiones básicas solidarias, se busca que no se pierdan los beneficios”.